España

Sánchez tendrá que explicar por qué bloquea dos informes europeos sobre corrupción en las “altas esferas” de Moncloa

El Ejecutivo no autoriza la salida a la luz de los dictámenes desde que estallaron los casos judiciales afectan al Palacio de la Moncloa

  • Pedro Sánchez, en una imagen de archivo. -

El Gobierno de Pedro Sánchez bloquea desde hace más de un año la publicación de dos informes de un órgano del Consejo Europeo sobre el estado de la corrupción en nuestro país. El Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) ha advertido a España sobre este hecho en repetidas ocasiones, la última hace apenas un mes, cuando le instó a dar transparencia a los citados informes, pero el Ejecutivo se niega.

Este bloqueo se remonta a una primera evaluación de la UE sobre el cumplimento de una serie de recomendaciones que el GRECO remitió a España en diciembre de 2023, apenas unos meses antes del estallido de casos que afectan a Moncloa como el de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez; el del exministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos; o el del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

Los informes del GRECO se basan en informaciones aportadas por los propios estados miembros sobre las medidas de prevención que impulsan para cumplir con los estándares que marca este órgano del Consejo Europeo. Pero se da la circunstancia de que su publicación requiere de la autorización del propio país al que afecte, y el Ejecutivo de Sánchez, desde 2023, se niega a dar luz verde pese a las reclamaciones de Europa, por lo que ambas evaluaciones permanecen en estado "confidencial". En una respuesta parlamentaria, el Gobierno señaló que asumiría las recomendaciones del GRECO, pero no daría a conocer las conclusiones de los dos informes que continúa bloqueando.

Además de la evidente falta de transparencia, este hecho provoca que dichas evaluaciones no puedan ser tenidas en cuenta por el órgano europeo en su seguimiento del cumplimiento de las órdenes que ha demandado a España. En la última reunión de este órgano, celebrada el pasado 10 de marzo, se volvió a instar a España a que autorice "con urgencia" la publicación de estos informes. El Ejecutivo de Sánchez tendrá que volver a dar explicaciones sobre este asunto después de que diputados del Grupo Popular hayan registrado una nueva pregunta parlamentaria en la que piden conocer "el motivo" del mantenimiento de la confidencialidad de los informes y la fecha en la que se levantará. Además, se cuestionan si "no es extraño que quien venía luchando contra la corrupción, sea uno de los pocos países que mantienen su informe confidencial para que nadie acceda al mismo".

Y es que la censura de estos informes sitúa a España junto a Turquía y Azerbaiyán, los otros dos países que tampoco han autorizado la publicación de los últimos dictámentes del GRECO sobre el estado de la corrupción en su territorio. Cabe destacar que esta misma semana han sido detenidos dos prestigiosos periodistas que investigaban supuestos casos de corrupción en el partido que lidera su presidente, Recep Tayyip Erdogan.

Los dos informes bloqueados por España

La primera evaluación de la que el Gobierno no ha querido rendir cuentas data de diciembre de 2023, cuando el GRECO aprobó un texto que versaba sobre "el grado de cumplimento" por parte de España de un listado de 19 recomendaciones que le hizo sobre "la prevención de la corrupción y la promoción de la integridad en altas esferas del Gobierno central y las fuerzas de seguridad". Apenas dos meses después, en febrero, se habían publicado las primeras informaciones que derivaron en la apertura de una investigación judicial a la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez.

El segundo dictamen del GRECO cuya publicación sigue bloqueando el Ejecutivo aborda la prevención de la corrupción en los ámbitos judicial y parlamentario, y ya alcanza 10 meses sin haber visto la luz, ya que el órgano del Consejo Europeo lo aprobó a mediados del pasado mes de junio. Este informe también coincide en el tiempo con las investigaciones judiciales a la trama presuntamente liderada por el exministro de Transportes y aún diputado en el Congreso, José Luis Ábalos; así como con los primeros pasos de la causa que acabó en el Tribunal Supremo con la primera imputación de un fiscal general del Estado en nuestro país.

 

 

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