La condonación de la deuda se ha convertido en el nuevo café para todos de la Transición que explicó la España autonómica. "Sería inviable políticamente que fuera solo para Cataluña. Tiene que ser necesariamente para todas las comunidades autónomas", explica a este diario una fuente con muchas horas encima de negociaciones con Hacienda en Moncloa. Sus palabras son el reconocimiento de que la última jugada de Pedro Sánchez de condonar más de 83.000 millones de euros de deuda autonómica es, sobre todo, un movimiento político con el que continuar su periplo a los mandos del Gobierno de España, aunque suponga una tensión innecesaria en los equilibrios del Estado autonómico y ponga en riesgo el principio de solidaridad entre regiones.

El líder socialista consiguió este lunes tres cosas no menores desde el punto de vista político. Su último movimiento le permite seguir contando con el apoyo de los independentistas, ya que se comprometió con ERC a perdonar el 20% de la deuda catalana a cambio de su investidura. También mete un caballo de Troya en Génova, 13. No solo porque las comunidades gobernadas por el PP —la mayoría— tienen criterios e intereses distintos sobre el perdón de la deuda, sino porque con el mero hecho de obligarles a posicionarse con un mensaje pactado —e impostado— de "reestructuración" para no hacer suya la condonación que propone el Ejecutivo, Sánchez ya les ha ganado el dichoso relato. Por último, abona a María Jesús Montero, la titular de Hacienda recién elegida jefa del PSOE andaluz, el campo para disputarle a Juanma Moreno (PP) la bandera de los servicios públicos con la que hacer campaña. Y a Salvador Illa, presidente catalán, le abre el grifo de las políticas públicas para regar, con más recursos, su gestión al frente de la Generalitat.

No por casualidad, Andalucía y Cataluña serán las comunidades autónomas más beneficiadas de esta propuesta —que debe aprobarse en el Congreso—, ya que el Estado asumiría más de 17.000 millones de euros de la Generalitat y casi 19.000 millones de la Junta. Ambas acaparan más del 43% del total. Pero que nadie se lleve a engaño. El anuncio del presidente del Gobierno, que Moncloa se esfuerza en vender como un paso histórico, implica que todos los españoles se harán cargo de la irresponsabilidad fiscal de las comunidades que peor han gestionado sus cuentas públicas. La deuda, en efecto, se perdona a las comunidades, pero se seguirá pagando.

El acuerdo entre el PSOE y ERC es extensible a la deuda autonómica con acreedores distintos del Estado, lo que supera la actual legislación. Lo reseña el catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Pablo Olavide de Sevilla y editor asociado de la revista Hacienda Pública Española, Diego Martínez: "Las principales CCAA beneficiarias de esta extensión serían la de Madrid y Canarias y, dados sus niveles de deuda pública en relación al PIB, prácticamente en el 13 por ciento, estas CCAA no necesitan de ninguna reestructuración para estar presentes en los mercados. De hecho, se financian o pueden financiarse en ellos sin problemas".

Este experto, que firmó recientemente un análisis en Fedea, explica: "La excepcionalidad de una posible condonación de deuda de los mecanismos extraordinarios de financiación, [como el Fondo de Liquidez Autonómico], aparece recogida en la disposición transitoria cuarta de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. La de deuda autonómica con terceros, no. Y exigiría un cambio en la ley orgánica para recoger casos particulares de difícil justificación ya que no necesitan condonación alguna. Además, extender la condonación a otros préstamos diferentes a los del Estado introduciría una innecesaria interferencia en las relaciones financieras de las CCAA con los mercados de capitales en los que levantan recursos sin problemas".

Madrid, en efecto, es una de las comunidades autónomas que los mercados ven con buenos ojos. Pero otras no corren la misma suerte, ya que no son atractivas. Si algunos de sus gobiernos emitieran deuda, sería muy posible que sus bonos se consideraran basura, con intereses muy elevados. O sea, que para estas regiones, la condonación por parte del Gobierno puede ser la única forma de encontrar recursos para financiar los servicios públicos sin vender sus riñones para ello. Pero trastocaría por completo el buen hacer de las comunidades que tienen un desempeño económico óptimo.

Sobre el papel, el Gobierno se afana en explicar que, dado que las autonomías son las que tienen que hacer frente al coste de mantener muchas de las políticas públicas y gastos sociales, como la educación, la sanidad o la dependencia, las más endeudadas dedican altos porcentajes de sus presupuestos a satisfacer los pagos de la deuda. Y, por ello, afrontan serias dificultades a la hora de dedicar los recursos necesarios para ofrecer unos servicios públicos de calidad. De manera que ahorrar parte de esos pagos de intereses a las autonomías puede liberar recursos que puedan ser utilizados para mejorar los servicios públicos. Pero no se puede hacer a cualquier precio.

La condonación de la deuda, opinan los especialistas debe estar acompañada de un plan de control del gasto y responsabilidad fiscal. Y debe exigir cambios en la gestión económica de las comunidades beneficiadas, porque si no se hace, como señalan algunos expertos, podría generar un problema de riesgo moral. Es decir, asentaría la percepción de que endeudarse en exceso no tiene consecuencias, lo que podría desincentivar la prudencia en el manejo de los recursos públicos y sentar un pésimo precedente para el futuro.

En cualquier caso, el contexto sirve para explicar la política. Y este caso no es una excepción. Una condonación de deuda puede estar motivada por razones económicas —de hecho, las hay y los analistas disertan sobre ellas— como políticas. Esta medida se adopta en un contexto de negociación del Gobierno central con partidos nacionalistas e independentistas y persigue, fundamentalmente, asegurar apoyos parlamentarios. Así las cosas, Moncloa da motivos a quienes se quejan de que Sánchez y su Gobierno hacen un uso clientelar de los recursos públicos, lo que, sin duda, debilita aún más la ya de por sí maltrecha confianza de los ciudadanos en las instituciones.

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