Ilustración donde aparecen, de izquierda a derecha, Carles Puigdemont, Laura Borràs y Pedro Sánchez.
Puigdemont incluirá el indulto a la corrupta Laura Borràs entre sus exigencias al Gobierno en la mesa de negociación en Suiza
El PSOE eliminó de su Código Ético la prohibición del indulto a delitos de corrupción en marzo de 2023, coincidiendo con el inicio de su acercamiento a Puigdemont en Waterloo.
Junts considera que es el Gobierno quien debe tomar la iniciativa, ya que el TSJC incluyó una petición de indulto parcial en la condena.
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Carles Puigdemont llevará a la mesa de negociación del "conflicto político" en Suiza el indulto de Laura Borràs, condenada en sentencia firme por los delitos de prevaricación y falsedad documental continuada, como una de sus exigencias al Gobierno de Pedro Sánchez.
Ni la ya oficialmente culpable de corrupción ni el partido que llegó a presidir hasta el pasado mes de octubre, Junts per Catalunya, pedirán el indulto por la vía ordinaria, según han confirmado fuentes del partido.
Y no lo harán por dos motivos principales. El primero, "que ya el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña incluyó una petición de indulto parcial en su sentencia de marzo de 2023". Entonces, los juzgadores entendieron que la pena de prisión a la que se veían "obligados" a condenar a la líder independentista era "desproporcionada".
Y el segundo, que para Junts el caso por el que se juzgó a Borràs fue una simple "persecución del Estado" por su ideología separatista. "Si haces una sentencia desproporcionada y dices que es injusta", dijo este miércoles Jordi Turull en rueda de prensa, "lo que ha hecho el Supremo es ensañarse más y hacerla aún más injusta".
Dos mesas distintas
El PSOE (o el Gobierno) y Junts (o Puigdemont y sus siete votos clave) mantienen al menos dos mesas paralelas.
Una es la "sectorial", en la que el interlocutor principal de los socialistas es el ministro Félix Bolaños, negociador parlamentario de los apoyos a cada iniciativa. Y la otra es "la mesa del conflicto político entre Cataluña y el Estado", con mediadores y verificadores, que habitualmente reúne en Ginebra (Suiza), a Santos Cerdán con Puigdemont, Turull y Míriam Nogueras.
Será en esta segunda donde se incluya la solución al "evidente caso de lawfare contra la expresidenta de Junts". Explican las fuentes del partido separatista que es ahí donde se buscan vías de normalización para solventar la "desconfianza mutua" que refleja el llamado Acuerdo de Bruselas que dio paso a la investidura.
En Ginebra se discuten, según el documento firmado por el PSOE y Junts, vías para "solucionar el crónico déficit" de financiación por la vía de la "plena soberanía fiscal" y el "reconocimiento nacional" de Cataluña, es decir, el referéndum.
Lo de Borràs, según las fuentes, forma parte de lo que va antes: desjudicializar, poner la cuenta a cero, "en igualdad entre las partes", y sólo así "recuperar la confianza". Por eso, Junts no pedirá el indulto, considera que le toca al Gobierno arreglar el problema de una "cúpula judicial del Estado prevaricadora".
Del compromiso al silencio
El problema es que el PSOE de Sánchez siempre presumió de ser el partido abanderado contra la corrupción.
No sólo llegó al poder gracias a una moción de censura argumentada por José Luis Ábalos en la tribuna como "sacar al PP del poder es sacar a la corrupción de la Moncloa". Es que ya el Código Ético aprobado por el PSOE del recién llegado Pedro Sánchez a la secretaría general, en 2014, prohibió de manera expresa el indulto en casos de corrupción.
En concreto, el artículo 8.1 del reglamento estableció: "No proponer ni apoyar el indulto de cargos públicos condenados por delitos ligados a corrupción, violencia de género, delitos de acoso o discriminación [...], así como la comisión de hechos constitutivos de delitos graves". [Consulte el documento en PDF]
Ese PSOE, todavía en la oposición, llegó a presentar una proposición de ley en el Congreso, en febrero de 2017, para modificar la Ley del indulto -que data del año 1870- para que los condenados por corrupción o violencia de género no pudieran ser indultados en ningún caso. Ni total ni parcialmente.
"Hay un clamor en la sociedad española, y espero que el Grupo Popular así lo entienda también y vote a favor de su toma en consideración", aseguró en el Congreso Juan Carlos Campo, entonces portavoz socialista de Justicia.
Campo, después, fue el ministro que indultó a los condenados del procés, condenados también por malversación. Hoy es magistrado del Tribunal Constitucional y se ha excluido del debate de los recursos a la Ley de Amnistía, porque en los expedientes que redactó para indultar a Turull y a Oriol Junqueras, por ejemplo, defendía que la Constitución no ampara la amnistía.
La misma evolución, desde el compromiso "ético" ante un "clamor social" hasta el silencio que aconseja la aritmética política, ha experimentado el PSOE. En marzo de 2023, el PSOE publicó un nuevo Código Ético, en el que desapareció el compromiso de no apoyar ni conceder indultos a corruptos. [Consulte el documento en PDF]
Precisamente, ese mismo mes habían empezado los viajes secretos de Cerdán a Bruselas, para iniciar el acercamiento a Puigdemont, tal como confirmaron fuentes cercanas a Henri Dunant (HD) a este diario.
En marzo de 2023, la fundación HD, que "verificó" el desarme de ETA y ahora ejerce como uno de los "mediadores internacionales" en Suiza entre el PSOE y Junts, estableció contacto con el PSOE, por mediación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.
Entonces, antes siquiera de las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo -en las que la victoria arrolladora del PP precipitó el adelanto electoral del 23-J- comenzaron ya las reuniones de Cerdán con Puigdemont.
El político navarro había sido ya nombrado por Sánchez secretario de Organización socialista, en sustitución de Ábalos, desde el congreso del PSOE de octubre de 2021.
El resultado electoral permitió a Sánchez proclamar "¡somos más!", dando por factibles los siete votos de Puigdemont para su investidura. Llevaba meses acercando posturas con el expresident prófugo de la Justicia, y en Moncloa ya se sabía la semana antes del 23-J que la única opción de Sánchez pasaba por la amnistía.
"Lo que diga ella"
El secretario general de la formación de derecha independentista fue el gran rival de Borràs por el poder en el partido, desde su fundación, ya con Puigdemont huido en Waterloo (Bélgica).
Turull ejerció como uno de los negociadores de la Ley de Amnistía. Y aunque los siete diputados de su partido alargaron el proceso, forzando que la norma incluyera "todo el terrorismo" para beneficiar a Tsunami Democràtic y a los CDR y amparara los delitos de malversación, al final no se benefició de la ley.
El Supremo se negó al enfoque de "malversación buena y malversación mala" que acabó incluyendo el texto legal, que Junts logró que diferenciara el delito entre quien se beneficia personalmente del dinero público y quien lo usa para un destino "espurio".
El objetivo era que la ley pasase "escrupulosamente" el filtro de la Unión Europea, que acababa de aprobar una nueva directiva anticorrupción. Tal como explicó otro de los negociadores de la ley a este periódico.
Pero la Sala de lo Penal aplicó la misma doctrina de casos anteriores, defendida también por los fiscales que informaron de su aplicabilidad: la amnistía no amparó la malversación, un delito por el que no está condenada ahora Borràs, pero de la misma familia de los que se tipifican como "corrupción".
Turull, que en consecuencia sigue hoy inhabilitado, fue uno de los líderes de Junts más contrarios a la idea de forzar al PSOE a incluir a la entonces presidenta del partido del que él era número dos en la norma de impunidad penal.
Sin embargo, este miércoles la defendió públicamente desde la sede de Junts, asegurando que la sentencia del Supremo constituía "un caso de 'lawfare' de manual" y advirtiendo de que la combatirán políticamente.
"No desistiremos y plantaremos cara a la 'toga nostra' del Tribunal Supremo", subrayó tras hablar con ella y antes de ofrecerle su "apoyo y afecto" ante las cámaras.
Preguntadas fuentes de la dirección de Junts si Borràs debería ser indultada, la respuesta fue la misma que la de Turull en la rueda de prensa: "No debería de estar condenada". Y que, en todo caso, en la estrategia jurídica estarán a "lo que ella diga". Porque en lo político el plan ya está claro.
