Registro horario, prevención de riesgos, tratamiendo de datos, planes de igualdad, programas de diversidad, reglamentos comunitarios, modificaciones autonómicas, disposiciones locales... Y así hasta 10.000 cambios normativos en el ámbito laboral acumulados a lo largo de cuatro décadas. Toda esas burocracia 'impulsiva' ha recaído sobre las espaldas de los empresarios, con el consiguiente impacto en la actividad. 

El sorprendente dato procede de un informe elaborado por el Instituto Juan de Mariana. El 'think tank', de corte liberal, toma como base un estudio de CEOE para llegar a la siguiente conclusión: entre 1995 y 2024 se han aprobado o cambiado 10.539 normas que afectan al mercado laboral. 

La voz de alarma la dio la patronal en 2016, tras efectuar un milimétrico recuento. En dos décadas (entre 1995 y 2015), se habían publicado 6.846 disposiciones regulatorias. Más de 4.100 procedían de los gobiernos autonómicos; otras 2.322, de la Administración central; y 392, de la Unión Europea.

"Puesto que el promedio anual de la década comprendida entre 2006 y 2015 se situó en torno a las 390 nuevas regulaciones laborales por curso, cabe esperar que el acervo legislativo aplicable al mercado de trabajo en 2024 se haya incrementado en unas 3.510 disposiciones, lo que dejaría el total en torno a 10.359", calculan los economistas del Juan de Mariana. 

El estudio del 'think tank' pretende llamar la atención sobre la "asfixia" que viene soportando la actividad empresarial, por culpa de la acumulación de cargas burográticas. La fecha de publicación no es casual: se produce en pleno debate sobre la reducción de la jornada laboral, que ya recibido el visto bueno del Consejo de Ministros y está a la espera de la tramitación parlamentaria. Esta misma semana, la ministra de Trabajo también ha logrado sacar adelante otra novedad importante en el marco laboral: la subida del salario mínimo interprofesional (SMI).

Fragmentación del mercado

El equipo del Juan de Mariana hace un amplio repaso de los obstáculos burocráticos que soportan las empresas en distintos ámbitos, desde el laboral al tributario, pasando por las dificultades para montar un negocio. El informe calcula las 'facturas' que conlleva. Por ejemplo, cifra en 90.000 millones el coste que supone la "ruptura del mercado nacional propiciada por la fragmentación normativa autonómica" y "los obstáculos para el mercado único en Europa". Esos 90.000 millones equivalen al 3,5% del PIB.

En la actualidad, el 36% de la actividad económica desarrollada en España tiene lugar en sectores afectados por una carga regulatoria y burocrática excesiva. Los más afectados son 1,9 millones de empresas y 9,8 millones de trabajadores. El 'think tank añade otro dato ilustrativo: sólo en la última década, se han conocido más de 700 recursos contra decisiones regulatorias que restringen la unidad de mercado en nuestro país.

Otro de las ámbitos donde ha proliferado con más fuerza la regulación es el energético. En lo que va de siglo, según el informe, se han impulsado o reformulado 9.489 normas 'verdes'. "Por cada norma de este tipo aprobada en Francia, España ha puesto en marcha al menos seis disposiciones", concluyen los analistas del Juan de Mariana.

El informe recopila otros datos ya conocidos. Por ejemplo, el Banco Mundial hunde a España hasta el puesto 97 en el ranking que mide las facilidades para hacer negocios. Nuestro país se sitúa en el escalón 79 en lo referente a las licencias de obra y construcción, un asunto clave para desatascar uno de los mayores problemas que sufre hoy el país (la vivienda).

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