Las fiscalías aceleran la investigación de muertes en residencias de Madrid para evitar que prescriban
La cuenta atrás está a punto de llegar a cero, pero todavía queda tiempo suficiente. Las fiscalías sobre las que recayeron las causas de los 109 querellantes que denunciaron un presunto delito de discriminación a 115 mayores en residencias de la Comunidad de Madrid —de los cuales 111 fallecieron— han pisado el acelerador a apenas un mes de que los casos empiecen a prescribir. Desde este lunes y en los próximos días están citados a declarar más de medio centenar de todos los familiares que firmaron la macrodenuncia, presentada el pasado mes de octubre ante la Fiscalía Superior. Una vez terminen de interrogar a esas 109 personas, ya todo quedará en sus manos: los casos que denuncien ante los juzgados podrán seguir adelante, si así lo deciden los jueces respectivos; los que no, pasarán al olvido en los próximos meses. Concretamente, el día que se cumplan cinco años del fallecimiento en cuestión.
Serán los de marzo y abril los días clave. Sólo en ese periodo fallecieron en toda España 29.565 personas con un diagnóstico de covid-19 y otras 12.453 con sospecha de haber contraído el virus, según los datos del INE. Las residencias de mayores, y en especial las madrileñas, fueron entonces la zona cero de la enfermedad: en esos dos meses perdieron allí la vida 9.468 mayores, 7.291 sin asistencia sanitaria, como desveló infoLibre. Desde entonces la cifra persigue a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, pero también a los familiares de todos esos miles de ancianos. Sus intentos por intentar que la justicia explique qué pasó y dirima las posibles responsabilidades derivadas de no haber trasladado a los enfermos ni a los hospitales ni a los recursos disponibles han caído siempre en saco roto. Por eso esta era, y es, su última baza.
Supuso abrir una nueva vía en la estrategia que habían seguido hasta entonces en los tribunales. En su día denunciaron cuatro delitos —homicidio imprudente, trato vejatorio, prevaricación y denegación de auxilio— que de momento no han prosperado en los tribunales. En octubre del año pasado, aportaron nuevas pruebas para denunciar la comisión de un delito del artículo 511 del Código Penal, que castiga la "denegación de la prestación sanitaria por motivos discriminatorios". Entre esa nueva documentación constaba, por ejemplo, que gran parte del personal sanitario que hacía falta en los geriátricos había sido enviado al "hospital milagro" de Ifema y que las derivaciones empezaron a limitarse antes incluso de la aprobación del famoso Protocolo de la Vergüenza.
La fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, tras un mes con el proceso paralizado, se declaró incompetente y envió la denuncia a las cuatro fiscalías territoriales de la Comunidad, que decidieron empezar a investigar caso a caso: 53 se enviaron a la Provincial, 13 a la de área de Alcalá de Henares, 15 a la de Getafe-Leganés y otras 28 a la de Móstoles-Fuenlabrada-Alcorcón. Y ha sido esta última la única que ha terminado de tomar todas las declaraciones. Las otras tres, por su parte, pisaron el acelerador este lunes. Sobre todo la primera, que tenía todavía a 48 personas esperando para ser escuchadas. "Faltan bastantes querellantes por declarar, pero estos días estamos viendo que se está actuando diligentemente", celebra Carmen López, de Marea de Residencias. "Estamos esperanzados", añade María Jesús Valero, de la organización 7291 Verdad y Justicia.
La amenaza de la prescripción y la suspensión de los plazos
Que sean citados ya es una diferencia sustancial porque hasta ahora ni siquiera habían sido escuchados. Según el cómputo que maneja Marea, las víctimas de las residencias madrileñas han llegado a presentar hasta 400 querellas en estos casi cinco años, pero es que la mayoría se archivaron sin apenas echar a andar. Tanto, que la Fiscalía General del Estado llegó a recordar a los fiscales generales que "resulta de especial importancia proporcionar a las víctimas y sus familiares la atención y tutela que el Ministerio Fiscal les debe dispensar". "Para ello", les dijo, "se ha de velar para que sean oídos". Fue el 6 de octubre de 2022.
Hace ya más de dos años de aquello. Y prácticamente cinco desde que se cometieron esos presuntos delitos de denegación de asistencia sanitaria por motivos discriminatorios. Justo el plazo de prescripción, aunque con diferencias. Por un lado, en los casos de los 111 fallecimientos el presunto delito se daría por prescrito el mismo día de la muerte del mayor; en los otros cuatro casos —porque los ancianos objeto de la querella son 115—, en el momento en el que se le empezó a dar esa atención médica. En resumen: cada caso de esos 109 prescribirá un día diferente, pero será en la gran mayoría de los casos entre marzo y abril.
Por eso el tiempo se agota y por eso las fiscalías aceleran el proceso ahora. Según explican desde la Fiscalía General del Estado, una vez que las fiscalías terminen con las declaraciones podrán apreciar o no indicios de delito, una disyuntiva ante la que pueden o bien archivar la causa o bien enviarla en forma de denuncia ante un juzgado. Y es en este caso, señalan las mismas fuentes, en el que ese plazo queda interrumpido. A partir de ahí se abriría un periodo de seis meses para que el juez admita la causa y la dirija contra una persona determinada.
Los casos de víctimas de residencias que no estén en manos de la justicia prescribirán en 2025
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Por ahora ninguna de las 109 causas está todavía en ese punto, al menos tal y como le consta a la Fiscalía Superior de Madrid, que añade, no obstante, que varias sí llegarán a los juzgados antes de prescribir. Los trámites, coinciden con las familias, avanzan con rapidez. "Deseamos que la justicia actúe, porque la única manera de que lo que ocurrió en las residencias de Madrid no vuelva a ocurrir es sabiendo qué pasó", sentencia López.
29 querellados
Esta macrodenuncia se dirigió contra 29 personas, entre los que se encuentran los que fueran directores de Coordinación Sociosanitaria, Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, firmante y autor de los dos Protocolos de la Vergüenza que impidieron la derivación a los hospitales. También está denunciado Pablo Busca, director del Summa 112 en aquel momento, Antonio Burgueño, director del plan de choque que supuestamente incluía una medicalización de las residencias que jamás se produjo, y los geriatras de enlace responsables de aplicar los protocolos en los 25 hospitales públicos de Madrid.
Más allá de estos 109 casos de la denuncia colectiva presentada en octubre, todavía continúan judicializadas parte de las que se presentaron en su día por homicidio, entre otros delitos. En concreto, cuatro querellas en la Audiencia Provincial, casi un centenar en Juzgados de Instrucción y 77 en el Tribunal Constitucional, estas en forma de recurso de amparo. El resto o bien se quedaron por el camino o siguen esperando en una mesa su admisión o no por parte de los jueces.
