Madrid vuelve a manifestarse por el derecho a la vivienda: "La violencia inmobiliaria se cobra víctimas todos los días"

"Llevamos demasiado tiempo escuchando discursos grandilocuentes, pero nadie está adoptando medidas para resolver el problema". Madrid volverá a tomar las calles este domingo, cuatro meses después de la "gran manifestación" de octubre, para reivindicar el derecho a una vivienda digna, asequible y sostenible. Las quejas siguen siendo las mismas: protestar por los "precios abusivos" del mercado y pedir una legislación "efectiva" que ponga freno a la especulación. "Los poderes públicos no han movido ficha y la situación es igual de sangrante que cuando nos movilizamos por última vez", denuncian desde la Plataforma Hábitat24, integrada por una treintena de colectivos. 

La convocatoria pretende "dar continuidad" al ciclo de protestas que también ha teñido de naranja y verde las calles de Barcelona, Mallorca, Málaga, Sevilla o València. "La gente está llegando al límite, no sólo hablamos de grupos vulnerables. La vivienda se ha convertido en el principal eje de desigualdad", insisten fuentes del colectivo. Madrid congregó en octubre a más de 150.000 personas entre Atocha y Callao –22.000, según cifras de la Policía–. Los organizadores no sólo buscan repetir hazaña, también esperan –"esta vez sí"– una "respuesta contundente" por parte de las instituciones.

"Es más urgente que nunca volver a tomar las calles ante una situación de emergencia nacional, una situación que es especialmente voraz en la Comunidad de Madrid. La región se caracteriza por la ausencia de políticas de vivienda y por la proliferación de intereses inmobiliarios que atentan contra los intereses de las mayorías sociales. No somos un parque temático para los inversores", advierte Alejandra Jacinto, abogada en CAES y columnista de Público. Los inquilinos de la capital dedican dos terceras partes de lo que ganan a pagar el alquiler y nueve de cada diez familias tienen contratos temporales, según un estudio reciente del Instituto de Investigación Urbana de Barcelona (IDRA).

Laura Barrio, portavoz de Hábitat24 y activista de PAH Usera, pide empezar por la declaración de zonas tensionadas –"una medida absolutamente light"– y la protección de los contratos indefinidos. "Esto serviría para frenar la burbuja inmobiliaria y mantener a las familias en sus casas durante más tiempo. Los caseros tienen que entender que si quieren rentabilidad económica, la vivienda no es el camino", defiende. Madrid tiene una de cada diez camas en alquiler de temporada y los pisos turísticos ilegales siguen en pleno boom: sólo 227 de los 24.000 negocios disponibles operan con licencia municipal. 

"La Comunidad de Madrid debería incrementar el parque de vivienda protegida y garantizar su mantenimiento a largo plazo, porque la oferta es cada vez más raquítica y la población no deja de crecer. Ayuso ha firmado más ventas de vivienda protegida que entregas desde que llegó a la Puerta del Sol", continúa Laura Barrio. Hábitat24 pide, en este sentido, integrar las viviendas de la Sareb y otros inmuebles vacíos. Las solicitudes para vivienda protegida se han duplicado en el último año, precisan desde la Consejería, pero las "malas condiciones" de los pisos y sus precios provocaron cientos de renuncias, tal y como ha contado este diario.

Las responsables, "dos Isabeles"

El precio medio de los alquileres ha subido este año un 16,4% en la Comunidad de Madrid. La capital tiene, además, los precios de compraventa más altos, sólo por detrás de San Sebastián, todo ello según datos del portal inmobiliario Idealista. "El mantra del PP es sálvese quien tenga. Si eres un rentista y quieres especular, vas a tener todas las ventajas fiscales a tu disposición; pero si buscas acceder a un alquiler digno, no vas a encontrar ninguna garantía por parte de la administración pública. El Gobierno de Ayuso está vulnerando nuestro derecho a la vivienda de una manera absolutamente consciente y contumaz", desliza Alejandra Jacinto.

El think tank Ideas en Guerra es otro de los colectivos que integra la plataforma y también llama a "desbordar las calles" este domingo. "La Comunidad de Madrid se ha negado por activa y por pasiva a aplicar la Ley de Vivienda. Esto demuestra su empeño en beneficiar a especuladores y rentistas, dejando de lado a quienes necesitan realmente su apoyo. El Gobierno, además, tampoco es capaz de garantizar día a día el derecho a la vivienda, sólo anuncia medidas insuficientes e ineficientes. Las responsables de que la vivienda siga siendo un negocio son dos Isabeles [Ayuso y Rodríguez]", denuncia Alba Agraz, coordinadora del área de Vivienda en la plataforma. 

Una emergencia "sin precedentes" en España

El problema se agudiza en el centro de la ciudad –más gentrificado– y en zonas como la Cañada Real o San Fernando de Henares, dos de las caras más visibles de la "mala gestión" popular. "Llevamos 16 años viendo cómo amenazan de manera directa nuestro derecho a la vivienda. Tenemos 600 casas agrietadas por el hundimiento de las obras del Metro y hemos sufrido 88 demoliciones. La Comunidad de Madrid no nos ha dado alternativa habitacional en condiciones a ninguno de los afectados. Es una emergencia sin precedentes en España, creada, además, por la propia administración pública", señala Álex Escribano, portavoz de la Plataforma de Afectados Metro 7B.

La Cañada Real lleva cinco inviernos sin luz; este último, contra el criterio del Comité Europeo de Derechos Sociales. Los cortes afectan a 4.500 personas –1.800, en edad escolar–. Los poderes públicos llegaron a plantear la legalización des asentamientos, una hilera de casi 16 kilómetros, pero finalmente han puesto por delante "los intereses especulativos", según explican los activistas. "Es la vulneración de derechos más grave que tenemos ahora mismo en Europa", denunciaba en este artículo de Público María López, portavoz de la Plataforma Cívica por la Luz en la Cañada Real.

Ayuso "ha ignorado el clamor popular"

Hábitat24 ha recordado este jueves que la Comunidad de Madrid "ignoró el clamor popular" y no movió ficha tras la última gran manifestación de octubre. El movimiento ha presentado, en consecuencia, un decálogo de "medidas urgentes" para sofocar la crisis residencial que sufren los vecinos de la región. "No basta con cuatro paredes, un colchón y un microondas, necesitamos viviendas en el sentido más amplio de la palabra, barrios dignos, entornos saludables y bien comunicados", precisan desde el colectivo.

Entre las propuestas, destacan el "control de los precios del alquiler", la liquidación de los pisos turísticos ilegales y la prohibición de los desahucios sin alternativa habitacional. Los partidos políticos de la oposición también han pedido movilizarse este domingo. "El PP ha colocado Madrid a la cabeza de España en los precios del alquiler y a la cola de Europa en vivienda pública. Lo único que les preocupa es blindar políticamente los negocios inmobiliarios: alfombra roja para los especuladores y zancadillas para los vecinos", denuncia Jorge Moruno, diputado de Más Madrid y portavoz de Vivienda en la Asamblea. Podemos e Izquierda Unida también han confirmado su participación en la marcha, que arrancará a las 12.00 en Atocha.