Qué puede pasar en la segunda fase de la causa contra García Ortiz: desde su archivo a investigar a Moncloa
El teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Diego Villafañe, ha puesto este miércoles punto y final en el Tribunal Supremo a la primera fase de las pesquisas relativas a la filtración de información sobre la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. La declaración como investigado de la mano derecha del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, era la última comparecencia que quedaba pendiente de entre todas las que fijó el magistrado instructor del caso, Ángel Hurtado, antes del parón navideño. El procedimiento, por tanto, entra ahora en una suerte de stand by. Y son varios los escenarios que se abren y que van desde el derrumbe del caso hasta la apertura de la 'vía Moncloa'.
En estos casi cuatro primeros meses de instrucción, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha elaborado tres informes en base a los datos contenidos en los dispositivos electrónicos de los dos principales investigados–García Ortiz y la fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez– y del exlíder de los socialistas madrileños Juan Lobato. Y se ha tomado declaración a diecisiete personas: los tres encausados y trece testigos, entre periodistas, fiscales, responsables de comunicación o el propio Lobato. Testificales que, lejos de poner al fiscal general contra las cuerdas, le han servido para añadir nuevos argumentos a su estrategia de defensa.
Los investigadores no han encontrado, en el análisis de las comunicaciones, la prueba irrefutable de que García Ortiz filtrara o diera orden de filtrar información de González Amador. Ahora bien, sí se han topado con algunos elementos que para el juez constituyen una "base indiciaria" como para presumir la participación de los investigados en la filtración. El instructor se apoya, fundamentalmente, en el análisis que hace la Guardia Civil de los dispositivos electrónicos incautados a Rodríguez en el registro de su despacho. Unas comunicaciones que solo demuestran que el jefe del Ministerio Público solicitó y recibió –algo que él nunca ha negado– la información que luego acabaría publicada en algunos medios.
Recursos que amenazan con derribar el caso
Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado, que representa a los dos principales investigados, recurrieron en apelación los autos de entrada y registro. Y pidieron su anulación. "En las diligencias previas tramitadas no existe sospecha objetivamente fundada de la comisión de una concreta infracción criminal ni de vinculación concreta y especial de los investigados con tales hechos. No existe dato o hecho objetivo alguno que pueda considerarse indicio de la existencia de delito y de la conexión de las personas investigadas con el mismo", recogían los servicios jurídicos del Estado, lo que implicaría una "vulneración" del derecho a la intimidad y, en consecuencia, la "nulidad" del registro, incautación y clonado de dispositivos.
Los investigados consideran que el derribo de esos autos sería un todo un torpedo en la línea de flotación del caso. "Entiendo que toda la base de imputación es en base, fundamentalmente, a esos registros", llegó a decir el fiscal general del Estado durante su declaración ante el magistrado instructor. Eso explica la negativa que hasta ahora ha tenido el Ministerio Fiscal a la hora de preguntar a los investigados. No quiere avalar con su interrogatorio unas pruebas que considera nulas. "Un interrogatorio en el que se hace constancia una y otra vez a elementos que se han obtenido por una diligencia que consideramos nula puede contribuir a coadyuvar", expuso la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, en el interrogatorio a Rodríguez.
Está previsto que a partir de la próxima semana la Sala de Apelaciones, que conforman tres magistrados –Eduardo de Porres, Julián Sánchez Melgar y Andrés Palomo–, comience a resolver los distintos recursos. En caso de ser rechazados, el fiscal general del Estado ya podría tocar a la puerta del Tribunal Constitucional, si bien es una vía que, según algunas fuentes jurídicas consultadas, no se termina de ver del todo clara.
A la espera del registro de llamadas, Google y WhatsApp
La primera batería de declaraciones en el Supremo no ha dado al instructor del caso demasiada munición contra los investigados. Quizá la más comprometedora haya sido la de la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra. En concreto, cuando hace referencia a una llamada con el fiscal general a primera hora del 14 de marzo, tras la publicación del contenido del mail en el que el abogado de González Amador reconocía dos delitos fiscales y antes de que se lanzara la nota informativa: "Le dije: 'Álvaro, ¿has filtrado los correos? Y dijo: 'Eso ahora no importa". Una conversación que García Ortiz ha negado. Y lo ha hecho resaltando la animadversión de Lastra hacia la cúpula fiscal, algo en lo que han incidido el resto de investigados.
El resto de testificales, sin embargo, han servido al fiscal general para reforzar su línea de defensa. Sobre todo las de diferentes periodistas, de las que se extrae que tuvieron acceso al correo filtrado o a la información incluida en el mismo –el ofrecimiento de un acuerdo de conformidad para reconocer dos delitos fiscales a cambio de unos meses de cárcel y una multa– antes de que cayera en manos de García Ortiz. Testimonios orillados por el instructor que también han venido a confirmar que el jefe de Gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, estuvo moviendo información sobre el caso –en concreto, un correo de mediados de marzo– antes de que fuera publicada en el diario El Mundo.
Tampoco de los dispositivos electrónicos incautados al fiscal general del Estado ha podido extraerse nada sólido de cargo. Al fin y al cabo, García Ortiz cambió su terminal móvil tras el inicio de la investigación. Algo que, siempre según su versión, hizo por imperativo "legal" dado el carácter "ultra sensible" de la información que maneja. Pese a ello, el instructor confía en poder rescatar todo. De ahí que haya solicitado a Google y WhatsApp los mensajes y correos electrónicos recibidos y enviados desde dos teléfonos de García Ortiz, una información que, en caso de rescatarse, podría resultar clave. Del mismo modo, también se está a la espera del tráfico de llamadas del fiscal general –identificando interlocutores– que el instructor solicitó a dos operadores de telefonía y que podría dar un nuevo impulso al caso.
La 'vía Moncloa'
En el auto de citación de los investigados, el juez Hurtado daba por hecho la participación de La Moncloa en la filtración: "Con salida de la Fiscalía General del Estado y destino Presidencia del Gobierno, circuló el mismo correo de 2 de febrero de 2024, y de ahí al medio de comunicación El Plural". Ahora, tras la culminación de la primera fase de las pesquisas, el magistrado deberá decidir si desarrolla esa otra vertiente. Y para comenzar a tirar del hilo, tiene sobre la mesa el contenido del teléfono del exlíder de los socialistas madrileños Juan Lobato, quien fue el primero en declarar como testigo en el Supremo tras conocerse que había depositado en una notaría mensajes relacionados con la filtración del mail.
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El informe elaborado por la UCO tras analizar las comunicaciones sostenía que Pilar Sánchez Acera, jefa de Gabinete de Óscar Puente –entonces jefe de Gabinete de Presidencia–, había tenido en su poder una copia del correo filtrado después de que algunos medios se refirieran al contenido del mismo la noche anterior pero antes de que una imagen del mail apareciese por ver primera en el diario El Plural. Al fin y al cabo, se lo hizo llegar a Lobato para que lo utilizase en la Asamblea de Madrid. Del mismo modo, los investigadores infieren que habrían tenido también "conocimiento" del correo el entonces secretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallés, o la directora de Comunicación del Ministerio de Vivienda, Laura Sánchez Espada, y el entonces director de Comunicación del PSOE, Ion Antolín.
No se trata de una conclusión a la que lleguen porque todos mandasen al exsecretario de los socialistas madrileños copia del correo. Más bien, lo deducen en base al intercambio de mensajes estudiado. En los dos últimos casos, porque el que fuera director de gabinete del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid dijo a Lobato que los directores de comunicación le habían "escrito con lo mismo", en referencia a usar el correo del que se venía hablando desde la noche anterior en la refriega política. Y en cuanto a Vallés, porque a él se dirigió también el exsecretario del PSM para preguntar de dónde había salido el correo electrónico que la defensa de González Amador había enviado a Fiscalía.
El instructor del caso rechazó hace un par de semanas citar, tal y como había solicitado la acusación particular, a Sánchez Acera, Vallés, Sánchez Espada y Antolín. Ahora bien, lo hizo dejando la puerta entreabierta de cara al futuro: "Tampoco se acede, por ahora, a la práctica de dichas diligencias, sin perjuicio de lo que pueda requerir el avance de la instrucción, entre lo cual conviene valorar, previamente, hasta qué punto puede ser relevante su toma de declaración de cara al esclarecimiento de los hechos, que deberá ser ponderado en resolución aparte". Y en la misma línea se pronunció sobre la intervención de comunicaciones relacionadas con todos ellos.
