Catalunya planea ampliar la Renta Garantizada a 65.000 nuevas familias al hacerla compatible con un empleo

La reforma de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC), que el PSC ya ha puesto en marcha en el Parlament y que plantea que los trabajadores con salarios bajos puedan acceder a esta prestación social, beneficiaría a 65.000 familias en Catalunya que hoy no perciben este subsidio. Así lo cuantifica el Govern en unos cálculos a los que ha tenido acceso EL PERIÓDICO y que revelan que el cambio en esta ayuda social -que ahora, con la excepción de familias monoparentales, no incluye a personas con empleo- podría llegar a casi duplicar el presupuesto requerido, hasta los 880 millones de euros anuales. El objetivo es ampliar la cobertura de esta prestación pública, convertirla en un escudo social más efectivo contra la pobreza en Catalunya y que los asalariados pobres puedan acceder a ella. El Govern se da dos años para hacer realidad este proyecto.

La Renta Garantizada es la prestación social por excelencia de la Generalitat, que brinda a las personas en situación más precaria un ingreso mínimo. El problema es que no llega a todos los que la necesitan. Sólo la perciben el 20% de personas que viven bajo el umbral de la pobreza y el 40% de los que malviven en la pobreza más extrema. Hay que tener en cuenta que uno de cada cuatro catalanes es pobre, realidad que se recrudece entre niños o adolescentes, donde uno de cada tres son pobres. La pobreza extrema alcanza el 9% de la población.

Reforma estrella

Ahora, el Govern plantea una reforma que pretende aumentar el número de beneficiarios un 54,8% a lo largo de esta legislatura, desde las 113.000 familias a las que actualmente cubre hasta un total de alrededor de 175.000. Más beneficiarios implicará más presupuesto y para ello el Ejecutivo catalán planea aumentar durante los próximos años un 75% la partida disponible para costear la RGC, desde los actuales 495 millones de euros hasta una cifra cercana a los 880 millones de euros. 

El presupuesto de la RGC pasará de los actuales 495 millones a los 880 millones durante esta legislatura

Así lo explica a preguntas de EL PERIÓDICO la consellera de Drets Socials i Famílies de la Generalitat, Mònica Martínez Bravo, que quiere hacer de esta remodelación de la Renta Garantizada su reforma estrella de esta legislatura. "Queremos crear un sistema muy potente, con capacidad de integrar distintas prestaciones y llegar a esas familias a las que actualmente no estamos llegando", afirma la consellera.

El PSC propone que las familias con sueldos inferiores a 1.500 euros mensuales puedan cobrar la Renta Garantizada

Hacer compatible la renta garantizada con un salario es un compromiso pendiente desde hace años, presente en el espíritu fundacional de esta prestación. En 2017 todo el Parlament, de forma unánime, votó a favor de la renta, aunque no se incluyó esa compatibilidad. Ahora, el PSC quiere aprovechar el contexto de crecimiento económico y la senda descendiente de la tasa de paro -que, 16 años después, vuelve a estar por debajo del 8%- para dar un salto de calidad en su red de protección social.

"Hasta ahora la RGC solo permitía una compatibilidad con las rentas del trabajo a las familias monoparentales, queremos que la renta sea compatible con el empleo temporal e indefinido", sostiene Mónica Ríos, la diputada socialista encargada de presentar en el Parlament este cambio legal. Según los socialistas, la ley en estos momentos "desincentiva" la incorporación al mercado laboral y hace falta una reforma para "estimular" su reincorporación.

Complementos a los sueldos precarios

Los trabajadores con sueldos por debajo de los umbrales mínimos de la RGC podrán pedir esta ayuda y la recibirán como un complemento. Y viceversa, si una persona que está cobrando la renta garantizada encuentra un trabajo, podrá seguir cobrando esta ayuda a lo largo de un año como complemento a su salario. Ahora, muchas personas en estas circunstancias prefieren rechazar ofertas de trabajo, especialmente si cobran menos de la RGC, por miedo a perder la prestación y tener que empezar de cero el laberinto burocrático para volver a tener unos ingresos mínimos. Lo que en lenguaje técnico se llama 'trampa de la pobreza'.

Las horquillas de los beneficiarios de la RG van de los 778 euros que ingresa una persona sola a los 1.556 de una pareja con tres hijos

Las nuevas horquillas que plantea el Govern van desde 778 euros a 1.556 euros mensuales, con varios supuestos entre una y otra cifra. La cuantía dependerá de la situación familiar de cada cual, siendo más beneficiadas las familias con menores. Por ejemplo, una persona que vive sola y que tiene un salario de 700 euros al mes, recibiría un complemento de 78 euros mensuales. En cambio, una familia con dos progenitores y tres hijos, en la que sólo trabaja un adulto y cobra el salario mínimo (1.381 euros al mes), recibiría un complemento de 175 euros cada mes a este salario.

La propuesta de la ley también prevé que las cuantías de esta ayuda social aumenten, entre un 3% y 13%, respecto a lo que se ingresa ahora con la RGC. Sin embargo, siguen estando muy por debajo del umbral de la pobreza en Catalunya. Tomando los mismos ejemplos, una persona sola que cobre esta nueva renta garantizada debería percibir 272 euros más al mes para dejar de ser pobre, y esta misma familia con tres menores, requeriría 955 euros más al mes para poder llegar a los 2.513 euros mensuales y dejar de vivir en la exclusión social.

Calendario y fases

El Govern se da de margen este 2025 para que esta reforma legal sea aprobada en el Parlament. Una vez aprobada, la ley contempla un periodo de seis meses para dar margen a los servicios públicos para adaptarse. Y cuando entre en vigor, lo hará por fases. La primera fase será aquella en la que los actuales beneficiarios de la renta garantizada que encuentren un trabajo puedan empezar a compatibilizar ambos ingresos.

En este punto la conselleria estudia diseñar un plus de activación, a través del reglamento de la ley. El motivo, que la suma de la prestación y del salario sea superior al importe que seguiría percibiendo la persona si rechaza el contrato y se queda solo con la prestación social. Es lo que hacen otras comunidades como el País Vasco o Navarra y que ahora Catalunya busca imitar. Esa primera fase, en muchos casos, implicará un ahorro presupuestario para las arcas públicas, ya que la Generalitat dejará de pagar parte de la prestación a todos aquellos que encuentren un empleo.

En una segunda fase, que Drets Socials confía en tener lista para 2027, aquellas personas que hoy están trabajando y cobran un salario por debajo de los niveles de renta garantizada pasarían a cobrar el complemento. La propuesta de la reforma de la ley la deja en manos del Govern, encargado de realizar el reglamento. "La idea es ir haciendo una entrada progresiva de los distintos colectivos afectados", explica Martínez Bravo. Este sería el momento en que esas 65.000 familias podrían incluirse en la prestación, con lo que el esfuerzo de las arcas públicas aumentaría y requeriría esa ampliación de recursos hasta los 880 millones de euros anuales, según los cálculos del Govern.

Subvención a los 'minijobs'

La propuesta del Govern genera ciertos recelos entre los sindicatos, ya que temen que ese complemento a salarios bajos pueda ser un incentivo para que determinadas empresas ofrezcan contratos precarios y no tengan incentivos para mejorarlos, ya que parte de los ingresos del empleado ya los pone la Administración. Es decir, que perpetúe una capa de 'mini jobs'. "No hay ninguna evidencia científica de que eso haya ocurrido en los países donde ya se aplica", defiende la consellera. "La única comunidad autónoma con una renta mínima incompatible con el trabajo es Andalucía y el único país de toda la Unión Europea donde tampoco es compatible es Hungría", insiste.

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