El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, ha decidido participar en la deliberación y fallo de los recursos de amparo presentados por los líderes del procés contra la interpretación que hizo el Tribunal Supremo de la Ley de Amnistía, pese a haberse abstenido hace cuatro años de intervenir en «todas las incidencias» enmarcadas en la causa del 1-O.
Según consta en el orden del día del Pleno de la próxima semana, y según informan fuentes del TC a EL MUNDO, Conde-Pumpido considera que no hay razón para abstenerse de participar en las demandas de amparo contra la no aplicación de la amnistía al delito de malversación de caudales públicos por parte de la Sala Segunda porque, cuando él decidió apartarse, la ley que borra los delitos del procés no había sido aprobada y, por lo tanto, bajo este argumento el presidente entiende que se trata de «cuestiones jurídicas distintas».
Sin embargo, el 21 de abril de 2021, el Pleno del Tribunal Constitucional dictó un auto donde apartó a Conde-Pumpido «definitivamente» de los recursos de amparo presentados por los líderes del procés en la causa especial número 20907- 2017 (el sumario por el 1-O) y de «todas sus incidencias». De hecho, en los últimos años, el presidente no ha participado en la tramitación y resolución de los amparos presentados por los protagonistas del procés -ni de los condenados ni de los huidos como Carles Puigdemont- contra las decisiones adoptadas por los magistrados de la Sala Segunda en el marco de la misma causa especial. Así ha sido hasta que ha llegado la Ley de Amnistía.
Fue en esta misma causa, en esa misma ejecutoria sobre la sentencia del 1-O, donde precisamente la Sala Segunda del Supremo sostuvo en julio y septiembre de 2024 que no cabe amnistiar el desvío de fondos públicos cometidos durante el desafío independentista catalán. Y frente a esas decisiones del tribunal presidido por Manuel Marchena han recurrido ahora en amparo los líderes catalanes a la corte de garantías por vulneración de derechos fundamentales.
Sin embargo, según consta en el orden del día del Pleno de la próxima semana, Conde-Pumpido será ponente del auto que dará respuesta -sobre su admisión o inadmisión- al recurso de amparo presentado por la ex consejera de Trabajo de la Generalitat Dolors Bassa.
En los últimos años, el presidente no intervino en nada relacionado con la causa del Supremo
En contraposición, el Pleno del TC ha decidido apartar de forma automática al magistrado del bloque conservador José María Macías de 21 causas relacionadas con la amnistía, dos de ellas en las que ni siquiera había sido recusado por ninguna de las partes -en una cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Audiencia Provincial de Madrid y otra cuestión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña-.
Este proceder inusual en la corte de garantías causó revuelo interno en la institución, ya que hubo hasta letrados adscritos a magistrados del sector mayoritario de Conde-Pumpido que alertaron de que esa extrapolación automática de las recusaciones no estaba justificada y podía acarrear problemas futuros por no haber escuchado previamente a las partes personadas.
Precisamente, el Partido Popular recurrió ayer esta decisión del Pleno de apartar de un plumazo al magistrado Macías de los procedimientos sobre la amnistía. Lo hizo a través de la interposición de un recurso de súplica presentado por el Grupo Parlamentario Popular y de sendos recursos presentados por sus autonomías (ya han recurrido el auto del TC la Comunidad de Madrid, Baleares, Extremadura, Galicia y Valencia, mientras que el resto de autonomías gobernadas por el PP lo harán próximamente).
El Constitucional apartó a Macías de 21 procesos de la amnistía
El partido de Alberto Núñez Feijóo denuncia que el TC ha incurrido en «una creación jurídica sin sustento legal ni precedentes» y añade que «no es aceptable transplantar tal criterio a otros procedimientos con otras partes, sin siquiera oír a las mismas».
Además, en el recurso se expone que «ni las partes de este procedimiento (como tampoco del resto de 21 procedimientos) han podido pronunciarse respecto de la recusación ni tampoco, huelga decir, el recusado. Esto es, se ha prescindido total y absolutamente del procedimiento previsto».
«Pareciera que los estándares que este órgano ha venido exigiendo de otros órganos jurisdiccionales no le resulten, sin embargo, aplicables. Pareciera, ciertamente, que los principios de audiencia y contradicción, el escrupuloso respeto de la igualdad de armas y la observancia del procedimiento legalmente establecido (en este caso, en defensa del derecho al juez natural o juez ordinario predeterminado por la ley), garantizados todos por el artículo 24 de la Constitución española y consagrados a lo largo de décadas en la abultada doctrina de este Tribunal, así como en la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos cuya jurisprudencia vincula a este órgano hubiesen desaparecido», destaca el PP.
Al haberse saltado el trámite de dar traslado a las partes para pronunciarse sobre la recusación de Macías en una veintena de procedimientos, el Constitucional ha logrado ganar tiempo. El objetivo es poder tener la primera sentencia sobre la ley que borra los delitos del procés antes del verano.
El TC crea un grupo de trabajo sobre la ley que borra el 'procés'
Prioridad: dictar sentencia sobre la Ley que borra el desafío independentista catalán del año 2017. Un grupo de trabajo, integrado por varios letrados del Tribunal Constitucional, se dedicará a analizar y estudiar en profundidad los múltiples recursos planteados contra la Ley de Amnistía.
El objetivo de este equipo de letrados, recientemente constituido en el TC, es agilizar la respuesta a las distintas cuestiones de inconstitucionalidad, recursos y demandas de amparo presentados contra la Ley que elimina los delitos del 1-O.
Según informan fuentes jurídicas a EL MUNDO, la vicepresidenta Inmaculada Montalbán, miembro del sector progresista del tribunal y artífice de las sentencias que desactivaron las condenas de los ERE, se reunió ayer en la sexta planta del TC con los letrados de este grupo después de que haya sido designada ponente del recurso de inconstitucionalidad presentado por el Partido Popular contra la amnistía, en sustitución del magistrado José María Macías, recientemente apartado del procedimiento.
El recurso de inconstitucionalidad del PP será el primero en ser resuelto por el tribunal entre todos los recursos presentados aunque la sentencia de cabecera que debe dictar el TC sobre la amnistía versa sobre la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (ponente el magistrado del sector conservador Ricardo Enríquez).
Fuentes jurídicas explican que el órgano que preside Candido Conde-Pumpido da en estos momentos prioridad absoluta a resolver los recursos contra la Ley aprobada, previa exigencia del ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont. De ahí, que se haya dado dos meses a ese grupo de letrados para redactar un primer borrador de sentencia sobre la amnistía.