El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, junto a la vicepresidenta, Inmaculada Montalbán./
Pumpido da dos meses a seis letrados para la ponencia del recurso del PP por la amnistía y acorta la espera de Puigdemont
Tras lograr apartar a Macías, designa como ponente a la vicepresidenta Montalbán, que ya desactivó la condena del 'caso ERE'.
Más información: El TC apartó a Macías de la amnistía con "irregularidades procesales" y cambiando la doctrina, denuncian tres jueces
El recurso del PP contra la ley de amnistía ya tiene nueva ponente una vez que, con un Tribunal Constitucional dividido, se ha apartado de ése y del resto de los asuntos relativos al olvido del 'procés' al magistrado José María Macías, en quien había recaído inicialmente la ponencia. Cándido Conde-Pumpido ha designado para esa tarea a la vicepresidenta, Inmaculada Montalbán, "a quien por turno corresponde", según el acuerdo firmado por el presidente del TC.
La designación no ha sorprendido al grupo minoritario -más minoritario tras la expulsión de Macías-, integrado por los cuatro magistrados de sensibilidad conservadora. Montalbán, a quien se atribuye proximidad ideológica al PSOE, "permite asegurar una ponencia favorable" a la amnistía mientras Conde-Pumpido actúa como el "hombre de atrás", consideran fuentes del sector en minoría.
Fuentes del TC han informado de que Conde-Pumpido y Montalbán han seleccionado a un grupo de seis letrados que trabajarán como apoyo de la vicepresidenta en la redacción de la ponencia.
Se sigue, así, el mismo procedimiento que se aplicó en el caso de los ERE, en el que Montalbán también actuó como ponente de las sentencias del TC que desactivaron, de facto, el grueso de las condenas impuestas a gobernantes socialistas andaluces por la Audiencia de Sevilla y por el Tribunal Supremo en el mayor fraude en ayudas socio-laborales cometido en España.
Casi todos los letrados seleccionados para trabajar en el recurso del PP contra la amnistía son también los que prepararon las sentencias de las demandas de amparo de los ERE. La mayoría son letrados adscritos a magistrados del llamado sector progresista del Tribunal.
Fuentes de la minoría aseguran que no se les ha propuesto incorporar a ninguno de sus letrados y admiten que tampoco ven posibilidades reales de llegar a acuerdos. "Esperamos el rodillo", afirman.
Aceleración
Según las fuentes del Constitucional consultadas, el presidente ha dado un plazo orientativo de dos meses para que el grupo de letrados tenga preparada una ponencia.
Se trata de un plazo mucho más corto del que manejaba el propio presidente del TC el pasado septiembre, cuando su plan de trabajo era empezar el análisis de la amnistía por la cuestión de inconstitucionalidad promovida por la Sala Penal del Tribunal Supremo y solo después entrar en el recurso del PP y en los interpuestos por las comunidades autónomas gobernadas por los 'populares'. A la cola quedarían los recursos de amparo de los implicados en el 'procés' catalán: los ya condenados, como Oriol Junqueras, y los procesados prófugos, como Carles Puigdemont.
En ese inicial esquema, en el TC se estimaba que la cuestión de inconstitucionalidad -de la que era ponente un magistrado conservador, Ricardo Enríquez- estaría resuelta antes de este verano y el recurso del PP, antes de fin de año.
Eran los tiempos en los que en el Tribunal Constitucional se insistía en que "no hay que ir con prisas" en la resolución de un problema "tan complejo" y se hablaba incluso de esperar a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronunciase sobre la cuestión prejudicial promovida por el Tribunal de Cuentas.
Pero, aunque aún no se ha comunicado a Enríquez, Conde-Pumpido valora ahora anticipar el recurso del PP y dejar para un momento posterior la cuestión del Tribunal Supremo.
Ello se opondría al orden cronológico de los asuntos: la cuestión fue presentada el 24 de julio de 2024 y se admitió a trámite por el TC el 11 de septiembre siguiente, mientras que el recurso del PP se interpuso el 4 de septiembre de 2024 y fue admitido a trámite el 5 de noviembre.
Pero esa anticipación -que no es inusual y por la que abogaron desde el principio varios magistrados- permitiría tener despejados para antes del verano la práctica totalidad de los motivos de inconstitucionalidad de la controvertida ley de amnistía. Y, al mismo tiempo, se acortaría el tiempo de espera de Puigdemont y del resto de involucrados en el 'procés', que se quejan de que las formaciones independentistas hicieron a Pedro Sánchez presidente del Gobierno a cambio de una amnistía que, ocho meses después, no se les ha aplicado.
A diferencia de la cuestión de inconstitucionalidad del Tribunal Supremo (centrada en la vulneración de la igualdad ante la ley y en los principios de seguridad jurídica y proscripción de la arbitrariedad de los poderes públicos), el recurso del PP plantea de una manera más completa la práctica totalidad de las objeciones jurídicas de la ley de amnistía: la vuneración de la división de poderes, la reserva de jurisdicción y la tutela judicial efectiva; la igualdad en la aplicación de la ley y la prohibición constitucional de las leyes penales singulares y la inconstitucionalidad de los motivos reales de la amnistía, utilizada como medio para lograr la investidura de Sánchez.
El PP también considera que la Ley Orgánica 1/2024 es una "autoamnistía" contraria al Estado de Derecho dado que "los propios políticos que cometen los delitos elaboran, impulsan e imponen su propia gracia"; "desatiende las más elementales exigencias formales, vulnerando el artículo 23 de la Constitución; "constituye una arbitrariedad" y resulta "desproporcionada".
Resueltas todas esas cuestiones, el resto de los asuntos relacionados con la amnistía podrían ser abordados más rápidamente con la técnica de la aplicación de la doctrina establecida en esa primera sentencia.
