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El sector se rebela por primera en bloque contra el Gobierno por prolongar la tasa a las grandes energéticas. Hacienda ha salvado hoy la reforma fiscal en el Congreso tras tras pactar el tributo a las energéticas con Podemos.
La posibilidad de que el Gobierno mantenga el gravamen a las grandes energéticas, el denominado impuestazo, en contra de lo que parecía hace apenas unos días, ha provocado una revuelta histórica en el sector. Por primera vez, todas las energéticas, a través de la asociación Enerclub, se han unido y han emitido un comunicado conjunto en el que advierten de que se pararán inversiones de 30.000 millones en España por parte de toda la industria si sigue esa tasa.
Enerclub (Club Español de la Energía) es una agrupación que reúne a las cinco mayores energéticas del país (Iberdrola, Repsol, Naturgy, Endesa y Moeve), y a otras compañías del sector como EDP, Totalenergies y Acciona Energía.
También estatales
Cuenta incluso con grupos estatales como Adif, el gestor de las instalaciones ferroviarias, por ser un gran consumidor de electricidad, y Red Eléctrica, que gestiona las redes de alta tensión de luz.
Igualmente están asociados otros grupos industriales o energéticos nacionales y extranjeros, como Vitol, Viscofan, Vinci, Redexis, Samca, RWE, Alcoa y Alpic.
La inicitiva conjunta de las energéticas denota hasta qué punto estas empresas se han puesto en armas ante la posibilidad de que el Gobierno, en contra de lo que dijo, vuelva a plantear la posibilidad de extender un gravamen extra que ideó hace dos años.
Esa tasa, conocida como impuestazo, afecta a bancos y energéticas. El Gobierno introdujo el gravamen para minorar lo que, según el Ejecutivo, eran unos beneficios extra que las empresas estaban obteniendo por la subida de los precios de la energía y de los tipos de interés.
En el caso de las energéticas, afecta a las empresas de más de 1.000 millones anuales de ingresos y representa el 1,2% de sus ventas. En teoría, el tasazo iba a ser temporal, e iba a estar vigente hasta diciembre de este año.
Repsol es la energética más afectada por el impuestazo. Pagó 443 millones de euros con cargo a 2022 y 350 millones con cargo a 2023. Con cargo a 2022, Iberdrola liquidó 216 millones por el tasazo; y sobre el ejercicio 2023, fueron 160 millones. Endesa pagó 208 millones por la tasa a las energéticas con cargo a 2022, y 202 millones de 2023.
La confusión en los últimos días es total por la posición errática del Gobierno. El cambio de rumbo del Ejecutivo, que ha modificado varias veces su postura en apenas cuatro semanas, se produce tras un galimatías de pactos con los partidos de la investidura, que apoyaron el nombramiento de Pedro Sánchez como presidente. El pasado 30 de octubre, el Gobierno acordó con Junts y PNV eliminar el impuesto. Hace unos días, un pacto distinto con ERC, EH Bildu y BNG le daba continuidad.
Hoy se debe decidir el futuro de la tasa en el Congreso. Enerclub indica que "resulta fundamental evitar la incertidumbre, promoviendo un entorno favorable basado en procedimientos normativos adecuados, seguridad jurídica y estabilidad regulatoria y fiscal para materializar los 308.000 millones de euros de inversiones estimadas" que va a requerir la transición energética en España. De esa cifra "un 82% deben provenir del sector privado".
"Prorrogar o incluir nuevas cargas impositivas a las compañías del sector energético dificultará la materialización de las inversiones que es necesario llevar a cabo, estimadas en más de 30.000 millones de euros para los próximos tres años, así como el desarrollo y viabilidad económica y financiera de los proyectos", señala la asociación.
Iberdrola y el BEI
Toda esta confusión se produce en el momento más delicado, justo cuando están llegando fondos europeos vinculados al programa Next Generation, cuyo requisito es que la empresa que los recibe ponga otra parte del dinero. Iberdrola firmó ayer con el BEI un préstamo de 500 millones con cargo a estos fondos para redes eléctricas. Se espera que la inversión tenga un impacto directo en doce comunidades autónomas.