Dudas sobre cómo Gobierno asumirá deuda eléctrica de hogares por el covid; expertos dicen que es inconveniente

Por lo tanto, la aplicación de la opción tarifaria permitía que las empresas no les cobraran a los usuarios todo lo que costaba el servicio de energía eléctrica, sino solo una parte y así evitar incrementos en la tarifa en un momento difícil para la economía de las familias.

Sin embargo, también se estableció que esa parte que no se cobró en ese momento los usuarios la debían pagar posteriormente a lo largo de un mayor período de tiempo. Algo que aún no se ha podido hacer.

"Al congelar las tarifas, (el expresidente Iván Duque) no le contó la ciudadanía que eso era una deuda y ahora la tienen que pagar. Lo que hemos acordado es que la Nación paga esa deuda a cambio de las familias", aseguró el primer mandatario el martes.

No obstante, el exministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta, destacó que, de la misma manera que al amparo de la declaratoria de la Emergencia Económica por parte del expresidente Iván Duque (Decreto 417 de 2020) se dispuso apoyar a las empresas con recursos provenientes del Fondo de Mitigación de Emergencias (Fome) para evitar el despido de trabajadores y apoyar el pago de la prima de servicios, en su momento se debió asumir por parte de la Nación las alzas tarifarias, pero no se hizo así sino que el expresidente se inclinó por la opción tarifaria.

Cálculos de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis) indican que los saldos acumulados que hoy se tienen por la opción tarifaria son de aproximadamente 5 billones de pesos, de los cuales, cerca del 50 por ciento corresponde a la Costa Caribe.

Según el gremio, teniendo en cuenta los saldos de cada comercializador de electricidad, este alivio podría implicar una reducción entre el 7 y el 19 por ciento de la tarifa actual que pagan los usuarios.

En "plata blanca", el exministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta, asegura que al asumirse esta deuda por parte de la Nación, los usuarios podrían ver en su factura mensual una disminución de aproximadamente 200 pesos por cada kilovatio hora.

"Esta es una decisión que va en la dirección correcta", dice el exministro. Sin embargo, aún hay dudas y expectativas sobre cómo se haría la nacionalización de la deuda de la opción tarifaria.

De acuerdo con el Ministerio de de Hacienda, el tema se está revisando con la Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter) para hacer una emisión de deuda con la que se llevaría a cabo la iniciativa. No obstante, al ser consultados sobre el mismo tema, Findeter no dio una respuesta al respecto, 

Para el director ejecutivo de Asocodis, José Camilo Manzur, la decisión de nacionalizar la deuda de la opción tarifaria sin duda representaría un gran alivio para casi la totalidad de los usuarios en Colombia y contribuiría con aliviar la situación de liquidez de los comercializadores de energía eléctrica para continuar garantizando la prestación del servicio.

"De tiempo atrás hemos venido planteando que, así como en otros países los Estados han apoyado a los usuarios, con alivios tarifarios dada la pandemia e inflación significativa, que también en Colombia se puedan realizar estos apoyos y alivios. Esperamos tener más detalles al respecto, pero obviamente medidas encaminadas en solventar esta situación redundan positivamente para los usuarios y para garantizar la prestación futura del servicio a todos los colombianos. Apoyamos la propuesta del presidente", comentó el líder gremial.

Otros cinco gremios de energía eléctrica y gas natural (Andeg, Ser Colombia, Andesco, Naturgás y Acolgén) también celebran el anuncio que hizo el presidente Gustavo Petro, el cual implica el pago por parte de la Nación del monto del saldo adeudado por los usuarios del servicio de energía eléctrica a las empresas, que aún se encuentran aplicando la opción tarifaria y/o están en proceso de recuperación de sus saldos.

"Esta decisión se convertirá en un alivio efectivo para las tarifas de los usuarios a los que se les viene cargando este valor, en un momento importante para el país", manifiestan.

Entre tanto, Codisgén, el gremio de comercializadores y distribuidores de energía sin generación despachada centralmente, asegura que esta es una medida que efectivamente disminuiría las tarifas de energía eléctrica, pero no solo en la Costa Caribe.

"Por eso mismo esperamos que se consolide en algún momento, ya que la disminución sería inmediata. Cada mercado tiene un costo diferente y sabemos que para el mercado que atiende Air-e el ahorro en la tarifa sería aproximadamente de 200 pesos por kilovatio hora. Si la medida es para todo el país, se debería ver en todos los mercados donde hay saldos de opción tarifaria y que se están cobrando en el cargo de comercialización", explicó Yulieth Porras, presidenta de Codisgén.

Según Porras, el Gobierno Nacional debe entregar claridad luego de presentar la propuesta. "Mucho va a depender de como el Gobierno plantea ejecutar esta iniciativa, seguramente se verán beneficiados los mercados en donde se atienden los usuarios mas vulnerables del país, pero por ahora los distribuidores debemos esperar cuáles serían las condiciones de la propuesta", dijo.

Para  Juan David Ballén, director de investigaciones de Casa de Bolsa, el motivo detrás de la emisión de deuda pública para el pago de la deuda por la opción tarifaria es positiva, sin embargo puede complicar la situación fiscal de Colombia.

"El Gobierno debe revisar muy bien el presupuesto ya que el exceso en el gasto, aumento del saldo de deuda y la reducción en los ingresos, puede poner en aprietos la situación fiscal del país", explicó.
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​En ese mismo sentido, Juan Alberto Londoño, exviceministro de Hacienda, expuso que Gobierno Nacional no tiene autorización legal para asumir esta deuda que es de los particulares.

"La única autorización que existe es para subsidiar a los estratos 1, 2 y 3 en sus facturas ordinarias, no para asumir la subida de tarifas. En consecuencia, tendría que ir al Congreso de la República, que es el único que puede dar esta autorización", señaló.

Además, Juan Alberto Londoño señaló que al observar el recaudo tributario que se viene dando y el freno en la economía colombiana, "sería muy preocupante aumentar la deuda pública en este momento, ya que se violaría la regla fiscal y se estaría mandando un mensaje de insostenibilidad de las finanzas públicas. Esto haría que cada día nuestra deuda sea más cara y se pierda espacio para la inversión futura".

José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda y actual rector de la Universidad EIA, también coincide en que la solución a este tema no es la vía del endeudamiento, sino utilizar recursos disponibles en el Presupuesto General de Nación, "que los hay de sobra porque el nivel de gasto que hoy se tiene es prácticamente el mismo de un año de pandemia en proporción al producto interno bruto (PIB)".

"Hay mucho más espacio viable en el Presupuesto de la Nación, que acudir a un endeudamiento que en el fondo significa elevar la relación de deuda con respecto al PIB", agregó.

Por el contrario, manifiesta que la mejor decisión es que los usuarios paguen esta deuda de la opción tarifaria, como se estableció desde el inicio, así sea con una extensión de tiempo para realizar el pago.

"Tal vez la posibilidad de intervención de subsidio hubiera sido pensando más en el caso de región Caribe, donde existe una problemática muy fuerte en materia de tarifas", comenta.

Adicionalmente, el exministro señala que es necesario que el Ministerio de Hacienda aclare si lo que se pretende hacer es incluir esto como deuda sin meterlo en el presupuesto de déficit fiscal o no. Dice que no es conveniente que este monto se incluya como un rubro por fuera de presupuesto, financiado por deuda pública. 

En cuanto a las tarifas de energía, el presidente Gustavo Petro también le dio un mes de plazo al Ministro de Minas y Energía y a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) para que tomen decisiones que permitan contener su escalada alcista. 

En ese sentido, el ministro Andrés Camacho anunció la "transformación de la fórmula tarifaria" y para tal fin se emitió la Resolución 701 028 de 2023, en su versión preliminar, tocante a los precios de la energía en bolsa.

De acuerdo con el exministro Amylkar Acosta, quedaron por abordarse dos temas fundamentales y muy sensibles para los usuarios de la región Caribe: el atinente al cargo en el Costo unitario (CU) de las pérdidas reconocidas (PR) no técnicas, que representan 16 puntos porcentuales por encima de las técnicas, que solo aplican a los usuarios de Air-e y Afinia. De suprimirse esta "clavija", los usuarios pagarían 220 pesos menos en su factura mensual.

El otro tema es el que hace relación al cargo por restricciones (R), que por disposición de la Creg lo vienen asumiendo los usuarios, en lugar de los responsables de las mismas.