Crisis migratoria aumentó el riesgo de inseguridad alimentaria en Colombia

El ‘Informe global sobre la crisis alimentaria 2024’ fue presentado por la Red Global contra las Crisis Alimentarias (GNAFC), la Red de Información sobre Seguridad Alimentaria (Fnis) en colaboración con la FAO.

El reporte subraya el hecho de que en 2023 en Latinoamérica y el Caribe se redujo el porcentaje de población que afronta crisis alimentarias. La proporción de habitantes de la región que afronta estos problemas fue 26,5 por ciento el año pasado, por debajo del 27,3 por ciento registrado en el 2022.

En la lista se incluye por primera vez a los residentes en Colombia y a los migrantes y refugiados en Perú. De esta manera, si bien es conocido el efecto de la migración de venezolanos a Colombia en el empleo o la pobreza, el informe también analiza la situación de los residentes.

El informe dice que la población residente en el país está encarando desde 2023 la inseguridad alimentaria, pero solamente en 2024 hubo datos disponibles con los requerimientos técnicos necesarios para declarar esa situación. Según el documento, hay 1,6 millones de personas (3 por ciento de la población), que está frente a niveles severos o agudos de inseguridad alimentaria. Los migrantes son 2,9 millones.
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​(De interés: OCDE: El coste económico de los desastres naturales se ha más que duplicado desde los 80).

“La severidad de la inseguridad alimentaria fue más alta en áreas rurales y particularmente en los departamentos de La Guajira, Sucre, Caquetá, Córdoba, Arauca y Putumayo”, dice el informe. Y agrega que la situación para esas regiones “principalmente se debe a los bajos ingresos y a la alta vulnerabilidad ante climas extremos”.

Así mismo, el reporte señala que “el número de personas que encaran altos niveles de inseguridad alimentaria es más alto en áreas urbanas, lo que refleja la densidad de la población”.

Aun así, el informe comenta que siendo Colombia un país de ingreso alto-medio, “tiene una alta capacidad gubernamental para asistir a su población y obtener una alta clasificación en el Índice de Desarrollo Humano”. Incluso, subraya el documento, que la economía del país se ha recuperado notablemente bien desde la crisis del covid-19.

Vale la pena recordar que el último informe de las Naciones Unidas sobre el Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional mundial de 2022 planteaba que acceder a una alimentación sana al día en nuestro país cuesta alrededor de 3,07 dólares, de acuerdo con las estimaciones de la FAO. No obstante, aunque se trata de un valor por debajo del promedio mundial (3,54 dólares) y regional (3,89), sigue siendo inasequible para el 26,49 por ciento de la población.
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​(Puede leer: Pese a que la percepción bajó, el 47,3 % de los hogares se sienten pobres en Colombia).

En cuanto a los migrantes y desplazados, esta población ha venido siendo incluida en este informe del sistema de Naciones Unidas, en todas las ediciones desde el 2019. El documento señala que “la crisis de inseguridad aguda alimentaria se ha deteriorado para las poblaciones de migrantes y refugiados desde el análisis previo conducido por WFP (Programa Mundial de Alimentos) en 2019, cuando el 55 por ciento del total de la población de 1,6 millones de refugiados y migrantes con la intención de establecerse enfrentaba altos niveles de inseguridad alimentaria aguda”.

Adicionalmente, el informe muestra que el tamaño de la población analizada también ha aumentado, y en el 2023 hubo cuatro veces más cantidad de migrantes y desplazados tenidos en cuenta en el análisis que en el 2018.

El informe también explica cuáles son los factores que impulsan el alto nivel de inseguridad alimentaria en Colombia entre el año pasado y el presente. Se refiere a las condiciones climáticas extremas, la inseguridad y el conflicto y los choques económicos.
Para los pobladores residentes, el informe muestra que los climas extremos son el factor principal de la inseguridad alimentaria aguda.

“Colombia –dice el documento– es propensa tanto a las sequías localizadas como a las lluvias torrenciales durante los eventos de El Niño, y en las regiones Caribe y Andina se vieron reducidas las lluvias desde agosto en adelante”.

El Niño, dice el análisis, ha significado un riesgo para 9,3 millones de personas en la mitad de los municipios del país. Pese a todas esas circunstancias, “la producción de arroz paddy fue superior al promedio en 2023, y es probable que la situación de la oferta sea adecuada para las necesidades de consumo”.

(Además: Colombia no está preparada para atender el fenómeno de La Niña, 'la plata se evaporó': UNGRD).

Al referirse al impacto del conflicto y la inseguridad, en el informe se recuerda que los grupos armados aumentaron sus acciones contra la población civil en el 2023 en las regiones fronterizas de Arauca, La Guajira, Cesar, Norte de Santander y Nariño.

En medio de esos hechos, se advierte que muchos migrantes y desplazados están en riesgo al llegar a áreas peligrosas e inaccesibles en las fronteras, como en el Darién, donde hay amenazas para su seguridad personal por parte de traficantes.

En cuanto a los choques económicos, se comenta en el documento que la inseguridad alimentaria aguda de migrantes y desplazados “está intrínsecamente relacionada con la falta de oportunidades económicas”.

Se menciona el hecho de que alrededor del 70 por ciento de los hogares de desplazados o inmigrantes tienen ingresos por debajo de la línea de pobreza, lo que indica que no pueden cubrir sus necesidades básicas.

“Los aumentados precios de la comida y de los arriendos –dice el reporte– llevaron a una erosión del poder de compra, poniendo en riesgo su consumo de alimentos nutritivos y propiciando mecanismos de compensación negativos”.

Las cifras consignadas en el estudio conjunto de la FAO revelan que en América Latina y el Caribe 19,7 millones de personas enfrentaron niveles altos de inseguridad alimentaria en nueve países durante 2023. El estudio, que también tuvo participación del Programa Mundial de Alimentos (PMA) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), revela que la reducción de las oportunidades de ingresos y el aumento de los precios de los alimentos erosionaron el poder adquisitivo de las familias de la región, especialmente entre poblaciones de migrantes y refugiados, que normalmente enfrentan desafíos de integración y dependen de salarios del sector informal.

Aunque la capacidad de los hogares para comprar alimentos ha mejorado desde la anterior evaluación de 2022, por lo menos el 43 por ciento de los encuestados declararon haber tenido dificultades para acceder a los alimentos en los últimos seis meses. Este es el reflejo de múltiples decisiones complejas: las familias se ven obligadas a gastar sus ahorros, comprar alimentos a crédito o recortar en gastos sanitarios para poder llevar comida a sus mesas.

Según el reporte, otro factor han sido fenómenos meteorológicos extremos. Las condiciones de El Niño provocaron precipitaciones erráticas y reducidas, temperaturas más altas de lo normal y reducción del rendimiento de cultivos en Guatemala, Honduras y el Corredor Seco de El Salvador y Nicaragua.

En cuanto a los conflictos, el informe especifica que en Haití la violencia de las pandillas en zonas urbanas trastornó los mercados y el movimiento de personas y bienes, obstaculizando la actividad económica y la prestación de servicios básicos. Esto dio lugar a un suministro deficiente del mercado y a una escasez de productos esenciales, incluido el combustible, generando fuertes aumentos de precios de los alimentos. El 2024 halló a Haití en la peor situación alimentaria de la región, con una crisis peor que la que se proyectaba en agosto de 2023, vinculada a la escalada de violencia de las bandas.

A nivel global, el documento explica que si bien el porcentaje de personas en situación de inseguridad alimentaria peligrosa en 2023 estuvo un 1,2 por ciento por debajo del de 2022, el problema ha empeorado desde la crisis del covid-19. Identifica, además, tres detonadores mayores de las crisis de hambre: los conflictos, que asolan a 20 países y tienen a 135 millones de personas con hambre; los eventos climáticos extremos, responsables del hambre de unos 57 millones de personas; y los embates económicos 
que causan el hambre de 75 millones de personas en 18 países.

Antonio Guterres, secretario general de la ONU, declaró que se trata de una crisis que “exige una respuesta urgente”. “Será vital utilizar los datos de este informe para transformar los sistemas alimentarios y abordar las causas subyacentes de la inseguridad alimentaria y la malnutrición”, afirmó.

Una persona sufre inseguridad alimentaria cuando carece de acceso regular a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para un crecimiento y desarrollo normales y para tener una vida activa y sana. Esto puede deberse a la falta de disponibilidad de comida o a la falta de recursos para obtener alimentos, además puede experimentarse en distintos niveles de gravedad.

Naciones Unidas destaca que el hambre y la malnutrición extrema siguen siendo un obstáculo para el desarrollo sostenible y crean una trampa de la que las personas difícilmente logran escapar. “Ambos factores se traducen en individuos menos productivos, más propensos a las enfermedades y a menudo imposibilitados para ganar más y mejorar sus medios de subsistencia”, señala la organización.

REDACCIÓN ECONÓMICA Y VIDA  
EL TIEMPO 
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