Conflicto abierto entre Agbar, el holding español de gestión del agua y su nuevo accionista único, el grupo francés Veolia. La causa: las inversiones aprobadas por Aguas de Barcelona, filial al 70% de Agbar, para hacer frente a la sequía en Catalunya y que son obligatorias para cumplir con la ley de medidas extraordinarias aprobadas el año pasado por la Generalitat, según aseguran varias fuentes consultadas por este diario para la elaboración de esta información.
Aguas de Barcelona es la empresa responsable de la gestión y suministro de agua a la capital catalana y a más de una treintena de municipios de su área metropolitana y debe asumir importantes inversiones para hacer frente a la actual situación de emergencia por la sequía, de acuerdo con la ley aprobada el pasado año por la Generalitat.
La empresa barcelonesa considera que esa ley le obliga a acometer inversiones superiores a los 920 millones de euros entre este año y el 2027 y así lo ha aprobado en su consejo de administración, presidido por Ángel Simón.
Hasta el pasado febrero Simón era también presidente ejecutivo de todo el grupo Agbar, cargo que dejó para asumir el de consejero delegado de Criteria, el brazo inversor de La Caixa. Precisamente, Criteria participa en el capital de Aguas de Barcelona, con el 15%, el mismo que el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), que representa a los municipios de la conurbación urbana de la capital catalana. El presidente de la AMB es el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, aunque el vicepresidente ejecutivo es el alcalde de Cornellà, Antonio Balmón.
La multinacional francesa propietaria de Agbar ya recortó las inversiones anuales en la red española
Sin embargo, a finales de febrero pasado, es decir con posterioridad al cambio en la cúpula ejecutiva de Agbar, el grupo Veolia aprobó su nuevo plan estratégico, denominado Green up, que según fuentes críticas con el mismo han explicado a este diario apenas contempla nuevas inversiones en el ámbito de la gestión de las concesiones de agua. De acuerdo con estas informaciones, los máximos ejecutivos de Veolia consideran ahora que las inversiones contra sequía de Aguas de Barcelona son incompatibles con el plan financiero que han diseñado para el grupo multinacional.
El nuevo programa de crecimiento se centra en ámbitos en los que Veolia espera obtener más altos rendimientos a corto plazo, una filosofía contradictoria con la estabilidad y rendimiento moderado que ofrecen las concesiones de servicio público a municipios. Las prioridades de crecimiento del grupo francés se centran en las tecnologías del agua; la bioenergía y el tratamiento de residuos, exigiendo que las nuevas inversiones aporten tasas de retorno del 10% a partir del tercer año.
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Fuentes próximas al grupo francés, por su parte, han negado la existencia de conflicto a causa de las inversiones. Y han añadido que “la estrategia de Veolia publicada para el periodo 2024-27 se fundamenta entre otros aspectos en la solidez de la actividad que el grupo tiene en la gestión de agua urbana, apostando por la resiliencia y la actuación en los territorios en los que está presente”.
Veolia ingresa 13.500 millones de ese ámbito en el mundo y Agbar le aporta algo menos de una cuarta parte, según la documentación de su plan estratégico consultada para elaborar esta información.
Portavoces de Aguas de Barcelona han asegurado que la empresa ha aprobado con normalidad las inversiones previstas, la mayoría de las cuales están en marcha y que cuentan con el seguimiento del Área Metropolitana de Barcelona. La inversiones están cifradas en algo más de 70 millones para este año y en breve plazo se espera tener redactado el proyecto para la ejecución de la nueva planta potabilizadora del Besòs, “lo que permitiría cerrar el círculo de regeneración y desalinización, dejando de depender definitivamente de las lluvias para asegurar el suministro de agua sin amenazas de sequía”.
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El inicio de las discrepancias entre la cúpula de Veolia, cuya sede está en la localidad francesa de Aubervilliers, en el área de París, y el equipo ejecutivo de Agbar se produjo cuando la primera redujo el plan de inversiones para el conjunto de las empresas de suministro de agua del grupo, que presta servicio a más de 1.100 municipios españoles. La cantidad presupuestada inicial para inversiones de mantenimiento para este año, fijada en 164 millones de euros, se recortó hasta los 128 millones, casi un 30% por debajo, según las fuentes antes mencionadas. Esa rebaja se justificaría con el argumento de cumplir con los objetivos de incremento de beneficio del grupo.
Hasta el año 2021 Agbar era propiedad del grupo Suez, también francés, cuando Veolia tomó el control del primero tras una compleja, larga y disputada oferta pública de adquisición. Como consecuencia, Veolia se hizo con el control al 100% de Agbar, la multinacional especializada en el ciclo integral del agua y con inversiones en España y Latinoamérica.
La adquisición por Veolia de los activos de Suez en España, fundamentalmente Agbar, implicó someterla a la autorización por el gobierno español, pues presta servicios públicos esenciales, regulados y que afectan a la salud pública. El gobierno concedió la luz verde fijando condiciones.
La aprobación del plan de inversión en Aguas de Barcelona ha provocado choques con la dirección de París
Una de las filiales de Agbar, Aguas de Barcelona, es la gestora del suministro del área metropolitana de la capital catalana. Aunque presta el servicio desde hace más de 150 años, en el año 2013 se constituyó como empresa mixta, con sus actuales accionistas.
En mayo del año pasado la Generalitat aprobó una ley de “medidas extraordinarias y urgentes para afrontar la situación de sequía excepcional en Catalunya”, que fijaba una serie de inversiones prioritarias para hacer frente a la falta de lluvias. Y tenían como destino infraestructuras concretas de abastecimiento que Aguas de Barcelona gestiona en régimen de concesión. Se trata de varias actuaciones en las localidades de Sant Joan Despí y Sant Feliu de Llobregat y en el río Besós.
