Esta es la opinión que los centros de estudio de los principales portales inmobiliarios del país trasladaron en la tarde de este miércoles a EL ESPAÑOL-Invertia tras conocer la noticia. 

"Desatendiendo los consejos de organismos como el FMI o el BdE, desde la Generalitat vuelven a incidir en la persecución y la criminalización a los propietarios sin entender que ha sido la legislación a golpe de decreto y prohibiciones la que nos ha traído al punto en el que estamos en este momento. Su obcecación en recetas ya demostradas fallidas conseguirá dañar aún más la oferta de viviendas y supondrá un daño que las familias pagarán durante años en forma de escasez y falta de actualización y mantenimiento", detalla Francisco Iñareta, portavoz de Idealista. 

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"Hasta ahora, estos inmuebles se estaban traspasando al alquiler temporal, pero con toda probabilidad los propietarios encontrarán nuevas alternativas como trasladarse al mercado de la compraventa o quitarlos del mercado. Con esta reducción de la oferta, aunque cumpla unas condiciones restrictivas, nuestro mercado será incapaz de dar respuesta a todos aquellos que necesitan acceder a una vivienda de alquiler", señala Ferran Font, portavoz y director de estudios de Pisos.com.

Con esta medida, el Gobierno de Cataluña trata de 'parchear' uno de los principales agujeros que tiene la Ley de Vivienda. En la citada norma están incluidos mecanismos que permiten controlar el precio de los alquileres permanentes -aquellos destinados a la vivienda habitual-, sin embargo, los arrendamientos de temporada se quedaron fuera de la aplicación de la Ley de Vivienda. Estos se rigen por la Ley de Arrendamientos Urbanos y por el Código Civil. 

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Esta circunstancia ha provocado que durante el último año miles de propietarios hayan abandonado el alquiler permanente y se hayan pasado al de temporada. Sólo en Cataluña, desde la entrada en vigor de las 'zonas tensionadas', el número de alquileres permanentes cayó un 10%. En España, la oferta de alquileres de temporada se ha disparado un 53% en sólo un año. 

El Gobierno es consciente de esta situación y a finales de 2023 constituyó un grupo de trabajo para elaborar medidas concretas que permitieran atajar este asunto. La intención del Ministerio de Vivienda, de hecho, es anunciar cuanto antes una solución para evitar la picaresca de los propietarios. Pese a ello, la Generalitat no ha esperado. 

"Desatendiendo los consejos de organismos como el FMI o el BdE, desde la Generalitat vuelven a incidir en la persecución y la criminalización a los propietarios sin entender que ha sido la legislación a golpe de decreto y prohibiciones la que nos ha traído al punto en el que estamos"

Cataluña no sólo es la única región que se ha abierto a aplicar todos los mecanismos incluidos en la Ley de Vivienda, también es la comunidad autónoma en la que más mudanzas hacia el alquiler de temporada se han producido en el último año. En Barcelona, alrededor del 30% de la oferta disponible ya es de temporada, mientras que en Girona y Tarragona se queda en el 10% del mercado.