Sánchez provoca una crisis de Estado y medita renunciar por la investigación penal a su esposa

• Posible dimisión de Pedro Sánchez: última hora tras la carta del presidente del Gobierno

Conmoción y especulaciones. La decisión de Pedro Sánchez de “parar” y “reflexionar” sobre su continuidad en la presidencia del Gobierno desató en la tarde noche de ayer una variada gama de hipótesis, todas ellas desconcertadas y en medio de una generalizada sorpresa que dejó en ‘shock’ incluso a los dirigentes de su partido y a los miembros del Gobierno. El anuncio lo lanzó el secretario general del PSOE a través de las redes sociales con una extensa carta dirigida a la “ciudadanía”, sin logo del PSOE ni de la presidencia del Gobierno. En el texto, Sánchez se dolía del “acoso y derribo” que se estaría produciendo contra él y su esposa, de la que dice estar “enamorado”, circunstancia que le invitaría a valorar si le compensa o no continuar en la Moncloa.

El presidente no dejó traslucir semejante decisión en el Congreso de los Diputados horas antes y se limitó a manifestar su confianza en la Justicia una vez que, como informó ayer este periódico, el Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid abriese diligencias de investigación sobre un presunto tráfico de influencias por parte de Begoña Gómez. Fuentes consultadas aseguran que “no compartió su decisión y la comunicó a su entorno como un hecho consumado”. La Zarzuela no quiso confirmar si Sánchez había trasladado previamente o no al Rey la suspensión de su agenda hasta el próximo lunes, pero otras fuentes próximas a la Casa del Rey aseguran que tanto su jefe como el propio monarca se “enteraron por las redes sociales”.

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La hipótesis más generalizada atribuía a Sánchez el propósito de hacer un ‘mutis’ para fortalecer su posición aglutinando a su electorado y a sus socios de investidura. Se trataría de provocar un movimiento de adhesión hacia su persona que demande su permanencia. En la noche de ayer la campaña de “no estás solo” se extendió en redes sociales y en mensajería de móviles. Hasta el Grupo de Puebla se expresó en términos de apoyo al socialista. Estas reacciones harían plausible que Sánchez buscase una especie de plebiscito que le rescate de su actual debilidad política, aunque, si tal opción es la que baraja no por ello la vía judicial en el caso de su cónyuge se paralizaría.

Según esta hipótesis, la carta del presidente no sería solo una respuesta a la investigación judicial a su esposa, Begoña Gómez, sino también a los difíciles escenarios para él y su Gobierno en las próximas elecciones catalanas (12 de mayo) y europeas (9 de junio) y la controvertida aplicación de la ley de amnistía que quedaría suspendida un tiempo indefinido si prosperase la admisión de la cuestión prejudicial que interpondrá el Tribunal Supremo ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El PP, según declaraciones de Alberto Núñez Feijóo, cree que Sánchez desarrolla una estrategia inédita de “victimización” pero estaría provocando efectos contrarios: la prensa internacional se hacía eco de este episodio con lo cual lejos de remitir la relevancia del caso de su mujer adquiere un “volumen que no tenía”.

Según otra versión, también ampliamente extendida en la tarde y la noche de ayer, suponía que Pedro Sánchez está representando un “golpe de efecto” previo al planteamiento en el Congreso de una cuestión de confianza regulada en el artículo 112 de la Constitución. Para formularla, debe producirse una previa deliberación del Consejo de Ministros. Se somete a la Cámara un pronunciamiento de respaldo, por mayoría simple, a “su programa” o a una “declaración política general”. De tal modo que, de ser esta la intención última de Pedro Sánchez se trataría de revalidar la investidura del pasado mes de noviembre. Existen dos precedentes de mociones de confianza. La primera la presentó Adolfo Suárez en septiembre de 1980 y la segunda Felipe González en abril de 1990. Ambas prosperaron.

De optar por este protocolo, la cuestión de confianza debe ser presentada en el registro del Congreso con motivación y acompañada de certificación que acredite la deliberación previa del Consejo de Ministros. El debate sería similar al de investidura y entre la presentación de la cuestión y su votación deben transcurrir al menos 24 horas (artículos 173 y 174 del Reglamento del Congreso). Precisamente por este dilatado procedimiento parecería improbable que el presidente optase por esta alternativa porque se produciría en plena campaña de las elecciones catalanas y a escasas fechas de las europeas. Por otra parte, “si no se han podido aprobar los Presupuestos Generales del Estado por renuncia del propio Gobierno a presentarlos, no parecería demasiado prudente poner en un brete a los partidos independentistas catalanes” consideran fuentes próximas a Ferraz. Carles Puigdemont salió al paso de esa posibilidad adelantando su negativa a reiterarle la confianza en el Parlamento.

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En última instancia no se descarta un escenario que “aunque improbable, no es en absoluto imposible”. Según esta versión Pedro Sánchez está “seriamente tocado por la investigación judicial a su esposa” y “además puede producirse otra judicialización de su caso, pero por vía contencioso-administrativa” si el PP lleva a la Audiencia Nacional la impugnación de la resolución de la Oficina de Conflictos de Interés que no estimó que lo hubiera en el caso de Begoña Sánchez. Un recurso contencioso implicaría una demanda, la contestación a la misma, una fase probatoria, especialmente documental, conclusiones y fallo. En todo caso, el procedimiento penal tiene prelación sobre el administrativo y no puede avanzar el proceso hasta tanto no concluyan las actuaciones del juez instructor.

La interpretación de la literalidad de la carta es coincidente: muy personal, directa, con recursos emotivos, polarizadora, sin la más mínima autocrítica. “Una continuación intimista de su discurso taumatúrgico que es el de la derecha y la ultraderecha” según apreciación de excolaboradores de Sánchez que coinciden también en considerar que “Begoña es su talón de Aquiles”, quien, además, “tiene mucha influencia sobre él”. Así no cabría descartar que el presidente del Gobierno estuviese “urdiendo una salida personal”. Algo que colaboradores más cercanos dicen “no verlo”.

De confirmarse la improbable versión de que, efectivamente, renuncie al cargo, los escenarios posibles son muy complicados. No ha transcurrido un año desde la convocatoria de las elecciones generales (fue el 29 de mayo de 2023) aunque, consultados expertos en la normativa electoral, no estiman “imposible” que se convocasen en el mes de julio. Aunque esa posibilidad es muy improbable, más lo sería que Sánchez dimitiese y se produjese la misma situación que en enero de 1981, cuando Adolfo Suárez comunicó su renuncia y se invistió, golpe frustrado de Tejero por medio, a Leopoldo Calvo Sotelo. No hay precedente de una suspensión de agenda presidencial ni, si se produjese, de renuncia en un contexto de crisis como la que ha provocado Sánchez. González fue diputado en 1996 y dejó el escaño poco después; Aznar se comprometió a cumplir solo dos mandatos (1996-2004) y lo cumplió. Rodríguez Zapatero no se presentó a las elecciones de 2011, como tampoco lo hizo Rajoy en las de 2019.

Opinión

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Sea cualquiera de las hipótesis anteriores la que resulte más certera, la decisión del presidente del Gobierno es arriesgada porque si no es auténtica la expresión de su sentimiento y se trata de una estratagema, “estaríamos ante un engaño a su propio partido y a la ciudadanía a la que se dirige” según fuentes de la oposición. El procedimiento de comunicación, además, ha sido propio del “cesarismo populista” insisten estas fuentes también perplejas ante el abandono por Sánchez de cualquier “circuito institucional”.

La decisión de Pedro Sánchez plantea, además, dudas de legalidad. No hay amparo normativo a la “suspensión” que ha comunicado y aunque cancele la agenda pública de sus actividades, debe seguir ejerciendo sus competencias y asumir sus responsabilidades. Es insólito, además, que no haya despachado este asunto con el jefe del Estado que, como ordena la Constitución, tiene derecho a “ser informado de los asuntos de Estado” (artículo 62. g).

La extrañeza en el PSOE era hondísima porque el sábado estaba prevista una sesión del Comité Federal con la asistencia confirmada del secretario general, que abriría la campaña electoral de las catalanas con su desplazamiento a Barcelona. “Es insólito que todo esté ocurriendo cuando se juega la legislatura en Cataluña y la proyección internacional del PSOE en las elecciones europeas”. “Esto no aparecía en el manual de resistencia de Pedro; esto es otra cosa” se lamentaba ayer una diputada que, aunque renuente, milita en el patriotismo de partido.

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