El tribunal regional de Essen, Alemania, ha desestimado una acción judicial presentada por el Reino de España, que reclamaba que la compañía eléctrica RWE se abstuviera de reconocer o ejecutar el laudo arbitral dictado en contra de España por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
La corte alemana reconoce el derecho de la compañía eléctrica RWE a plantear el conflicto ante un arbitraje internacional donde considere que le puede ser más favorable, en este caso en la jurisdicción de EE.UU., y destaca no haber encontrado pruebas de comportamientos ilegales por parte de la compañía como había denunciado España.
Segundo intento para frenarlo
Este es el segundo intento de los abogados del Estado para frenar la ejecución del laudo emitido por el CIADI a favor de RWE, en el que condenaba a España a pagar 28 millones de euros para compensar el impacto de la anulación de las primas a las inversiones renovables que tuvo lugar en el país durante el primer gobierno de Mariano Rajoy.
RWE había invertido en la última década del siglo pasado en España para poner en marcha plantas hidroeléctricas y parques eólicos con el apoyo de unos suculentos incentivos públicos que en su momento aprobó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. En diciembre del 2014, tras la anulación de esas ayudas, RWE denunció al país ante la Ciadi que no se pronunció hasta el 2019. En ese momento, compensaciones para las siete plantas de energía renovable de la compañía que vieron alteradas sus condiciones financieras a raíz de la retirada retroactiva de las primas renovables. La condena impuso a España un pago de 28 millones de euros a la empresa teutona.
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España, en su política de no reconocer las demandas sobre este tema, ya intentó frenar la aplicación de este laudo en una acción similar a esta ante el Banco Mundial, que ha sido desestimada también en este último mes.
En esta ocasión, la abogacía del Estado español ha intentado demostrar ante la corte alemana que dado que RWE es una empresa perteneciente al mercado único europeo, el lugar para dirimir cualquier controversia respecto a sus inversiones debe ser el marco de la justicia Europa. Además, el Estado español solicitó una declaración de ilegalidad de las medidas adoptadas por RWE ante la corte internacional porque violaba el Tratado de la Carta de la Energía.
Hasta 26 condenas impuestas por 1.800 millones
España acumula ya 26 condenas impuestas por valor de 1.800 millones de euros en concepto de indemnizaciones, condenas en costas, honorarios de abogados y consultores e intereses de demora. El pasado mes de agosto un juez británico ya aceptó embargar varios bienes del Estado español en su territorio como medida para que las compañías demandantes cobren la indemnización que España se niega a abonar. Fuentes conocedoras de las acciones judiciales en EE. UU., aseguran que la situación podría repetirse al otro lado del Atlántico, ya que los equipos legales de las energéticas están rastreando posibles bienes embargables en aquel país.
