PAÍS
El lunes parte el juicio contra 38 miembros del clan de “Los Gallegos”, de los cuales 11 arriesgan presidio perpetuo. Por el alto poder de fuego de la banda transnacional, Gendarmería recomendó en un informe que el juicio fuera telemático. A pesar de tenerlo a la vista, la Corte afirmó desconocerlo.
Una nueva arista se abre en torno al recurso de amparo que acogió la Corte de Apelaciones de Arica y que dispuso la presencialidad de 19 acusados en el juicio oral contra el clan de “Los Gallegos”. Aun cuando el informe secreto de Gendarmería, que advertía sobre riesgos de fuga y ataques con alto poder fuego para este evento, estaba disponible en el sistema del Poder Judicial para todos los jueces del tribunal de alzada, los magistrados argumentaron en su resolución que nunca tomaron conocimiento de dicho informe, como tampoco los intervinientes. Ese fue el argumento para revertir la decisión del Tribunal Oral que el 5 de abril había decidido que el juicio fuese telemático para 37 de los 38 imputados de alta peligrosidad, distribuidos en distintas cárceles del país.
En el fallo de este miércoles, los ministros de la Primera Sala de la Corte de Arica, Pablo Zavala Fernández, Marcos Flores Leyton y Claudia Arenas González, señalaron –en el considerando 5°– que el Estado debía garantizar el ejercicio de todos los derechos de los intervinientes, y añadiendo, sobre el informe preparado por Gendarmería, que su “contenido fue declarado secreto y de cuyo contenido esta Corte, ni los intervinientes, han tenido conocimiento”.
Esta afirmación del tribunal de alzada contrasta con los antecedentes disponibles y de libre acceso en el recurso de amparo con el RIT Amparo-97-2024, el cual se encuentra en la web institucional del Poder Judicial. El expediente electrónico detalla los distintos trámites que se realizaron hasta antes del fallo del miércoles pasado.
En efecto, en los folios 10, 11 y 12 del proceso aparecen los informes que fueron requeridos a los tres jueces orales y remitidos el 16 de abril. En ellos, cada uno explica los fundamentos jurídicos de su decisión del pasado 5 de abril, en cuanto a realizar las audiencias del juicio contra el clan de “Los Gallegos” en forma telemática, para 37 de los 38 acusados que se encuentran en 7 penales del país. También mencionan expresamente que adjuntan el documento de Gendarmería.
Esta situación puede corroborarse en el expediente electrónico, ya que en los mismos folios efectivamente aparecen en una columna contigua, denominada Anexo, tres carpetas amarillas, en cuyo interior se encuentran las copias del denominado Informe Reservado N° 15.00.00.48/2024 elaborado por Gendarmería de Chile el 23 de febrero pasado.
En las 26 páginas de ese documento, se incluyen ocho oficios que detallan posibles escenarios de riesgo relativos a las modalidades telemática, híbrida y presencial que podrían adoptarse para el juicio.
Otro antecedente que reafirma que el informe estuvo siempre disponible para el análisis de los tres ministros, es que la propia presidenta de la Corte de Apelaciones de Arica, Juana Ríos Meza, el mismo 16 de abril, dictó una resolución proveyendo las presentaciones de los jueces, es decir, las incorporó al recurso de amparo para conocimiento de todas las partes y fijó la audiencia tendiente a resolver la acción judicial para el día siguiente.
Concretamente su resolución indica: “Proveyendo las presentaciones de folios 10, 11 y 12: Téngase por evacuado el informe por don Óscar Huenchual Pizarro, Sergio Álvarez Cáceres, y Sara Pizarro Grandón, Jueces del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Arica, agréguese a los antecedentes”.
Teniendo a la vista los registros electrónicos de que el informe estuvo disponible y la inexistencia de un reporte de falla informática, surge la interrogante respecto al argumento de la señalada Corte de Apelaciones sobre su desconocimiento del documento de Gendarmería.
Los antecedentes contenidos allí, sin duda, eran gravitantes y también vinculantes a la hora de resolver sobre los riesgos del modo presencial para las audiencias. Ello, porque los informes entregan detalles de posibles riesgos de fugas, sabotajes a fibras ópticas, ataques armados a la cápsula de seguridad dentro de la ciudad, inseguridad en los traslados desde las distintas ciudades del país, dificultades en la custodia de los acusados por falta de recursos humanos y logísticos, además de alteraciones en las calles de la ciudad.
También hasta hoy se desconoce cuál fue el rol de la relatora Vanessa Quinteros Muñoz, quien, por su función, debió conocer los antecedentes disponibles en el recurso de amparo para dar una cuenta previa a los tres ministros del tribunal de alzada que acogieron la acción judicial.
El Mostrador intentó obtener una versión de la Corte de Apelaciones de Arica sobre esta anómala situación, sin embargo, la Oficina Regional de Comunicaciones del Poder Judicial informó que “no habrá vocería sobre el tema”.
El Informe Reservado N° 15.00.00.48/2024 elaborado por Gendarmería de Chile tenía carácter secreto desde el 6 de marzo pasado, debido a que el Tribunal Oral estimó que contenía datos estratégicos y sensibles de seguridad, con simulaciones de escenarios afables y adversos en las modalidades híbridas, telemáticas y presenciales para el juicio oral del 22 de abril.
Pese al celo con el que el Tribunal Oral defendió el secreto impuesto al documento y negó el acceso a todas las partes, es decir, al Ministerio Público, defensores públicos y privados y al Ministerio del Interior, hoy dicho informe es de libre acceso para el público, a raíz de que la Corte de Apelaciones, al proveerlo, no mantuvo esa condición.
Recurso de amparo
El recurso de amparo fue presentado el 12 de abril por ocho abogados de la Defensoría Penal Pública, en representación de 19 acusados en el juicio contra el clan de “Los Gallegos”. Los abogados alegaron que la modalidad telemática dispuesta para todos los acusados afectaba su derecho a defensa, ya que no podrían tener una plática fluida y directa con ellos.
El 15 de abril pasado, el tribunal de alzada requirió informes a los tres jueces del Tribunal Oral que optaron por el método remoto. Los alegatos de la causa se efectuaron el miércoles pasado y en ellos participaron de manera presencial un abogado del Ministerio Público y otro de la Defensoría Penal Pública. Además, un abogado de Gendarmería y otro del Ministerio del Interior lo hicieron de manera telemática.
El Fiscal Regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera Guerrero, informó que está evaluando la presentación de una acción judicial, para revertir la decisión de la Corte de Arica que ordenó la presencialidad masiva en el juicio contra el clan de “Los Gallegos”.
“Lo estamos evaluando el día de hoy, pero en caso afirmativo la apelación propia o la adhesión a la apelación de Gendarmería o del Ministerio del Interior sería presentada a más tardar el día de mañana”, expuso.
Consultado sobre si con la decisión de la Corte de Apelaciones de Arica se estaría invisibilizando el riesgo que reviste el juicio oral en su modalidad presencial, el Fiscal Regional dijo que “dado el nivel de peligrosidad de los acusados, se deben extremar las medidas de seguridad tanto para los traslados como para la realización misma del juicio oral”.
Y respecto de la fórmula que más le acomoda al Ministerio Público, Carrera señaló que “como Fiscalía preferimos para el desarrollo del juicio la fórmula que fue definida en primera instancia por el Tribunal Oral, más explicaciones no nos corresponde por estar centrada la decisión en otro poder del Estado”.
Por lo pronto, el juicio oral fijado para el próximo lunes se mantiene en pie, a la espera de la presentación de recursos o de la solicitud de una orden de no innovar ante la Corte Suprema, lo que podría generar su suspensión a la espera del fallo del máximo tribunal que confirme o rechace lo dispuesto por la Corte de Arica.
