La fiscal se opone a la orden de pedir archivar la denuncia del novio de Ayuso sin investigar

La teniente fiscal del Tribunal Supremo y número dos del fiscal general del Estado, María Ángeles Sánchez Conde, ha remitido en las últimas horas un escrito a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en la que ordena al departamento que informe en contra de la admisión a trámite de la querella presentada por la pareja de Isabel Díaz Ayuso contra la publicación de un comunicado emitido por la Fiscalía de Madrid. La nota detallaba que el empresario Alberto González Amador trató de pactar en el procedimiento en el que se le investiga por fraude fiscal. La fiscal asignada al caso, María de la O Silva, tendrá ahora que decidir si acata la instrucción o se resiste a ella. Fuentes jurídicas consultadas aseguran que su postura en las últimas semanas apunta a esto último.

El informe sobre la querella se ha convertido en motivo de tensión en las últimas semanas. En distintas reuniones celebradas en la sede de la Fiscalía, Silva y su superior, el teniente fiscal de Madrid, Carlos Ruiz Alegría, se mostraron en contra de asumir como propia la reclamación de un archivo sin que se realizaran averiguaciones previas respecto como se gestó el comunicado dirigido a los medios. En concreto, pedían tener acceso a las comunicaciones internas en las que se fraguó la decisión de emitir la nota de prensa y se definió su contenido.

Su superior no comparte ese criterio, asegura que debe primar en este caso la unidad de actuación y que ya existe otro informe respecto a una segunda querella por hechos similares en la que el fiscal ha pedido el archivo. También defiende que no hay indicio alguno de delito y que el Ministerio Público tiene la obligación de proporcionar información veraz en respuesta al derecho de la ciudadanía de recibirla, aseguran las fuentes consultadas.

Los fiscales del caso, tienen la posibilidad de apelar al artículo 27 del Estatuto Fiscal que establece que si reciben una orden o instrucción que consideren contraria a las leyes o que, por cualquier otro motivo, estimen improcedente, se lo harán saber a su superior, por escrito. El sentido de su informe quedaría así en manos de la Junta de Fiscales, que sería la encargada de adoptar la decisión definitiva.

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En esa nota, la Fiscalía precisaba que la pareja de Ayuso había trasladado a la Fiscalía su voluntad de reconocer que defraudó más de 350.000 euros para alcanzar un pacto que le permitiera reducir su hipotética condena el pasado febrero. Según explicó la Fiscalía Provincial de Madrid, el abogado de González Amador les envió una propuesta de conformidad en la que su cliente reconocía "la comisión de dos delitos contra la Hacienda Pública por el Impuesto sobre Sociedades (IS), 2020 y 2021".

Cinco días después, el fiscal encargado del caso dio por finalizadas las diligencias con la idea de interponer una denuncia por fraude fiscal y falsedad documental contra González Amador y otras cuatro personas, pero sin descartar el pacto. El fiscal respondió al abogado el 12 de febrero y le dijo que tomaba nota "de la voluntad de su cliente de reconocer los hechos y satisfacer las cantidades presuntamente defraudadas", aclarando a su vez que el hecho de que hubiera otros denunciados no tenía por qué ser un obstáculo para el acuerdo. El 13 de febrero, el fiscal terminó por interponer la denuncia contra González Amador y los otros investigados ante los juzgados de Madrid. La nota se emitió en respuesta a la publicación de informaciones en las que se aseguraba que la propuesta de pacto había partido del Ministerio Público.

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González Amador se querelló por el comunicado y acusa a la fiscal jefe provincial, Pilar Rodríguez, y el fiscal encargado de las diligencias penales, Julián Salto, de revelación de secretos.

Responsable máximo

En una declaración institucional, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, asumió este lunes la "responsabilidad" de la nota de prensa y aseguró que no va a "consentir" que la fiscal jefa de Madrid y el fiscal a cargo del procedimiento sean "perturbados por ejercitar la acción penal ante la posible comisión de hechos de naturaleza delictiva".

"Asumo la responsabilidad última de esa nota de prensa. No voy a tolerar que ningún fiscal tenga que soportar las consecuencias del funcionamiento transparente de nuestra institución", ha señalado. García Ortiz ha incidido en que "recibir libremente información veraz es un derecho fundamental consagrado en el artículo 20 de nuestra Constitución" y ha recordado que "la ley atribuye al Ministerio Fiscal la relevante función de informar a la opinión pública de los acontecimientos que se produzcan en el ámbito de su competencia".