Junts y Bildu colaron a fiscales en la comisión de mascarillas para abrir la puerta al 'lawfare'

Junts per Catalunya y EH Bildu han logrado incluir la citación de tres fiscales en la comisión del Congreso sobre la compra de mascarillas con la intención de abrir la puerta a la futura investigación parlamentaria del lawfare, la supuesta guerra sucia que el independentismo achaca a la judicatura y la Fiscalía. Esta es la conclusión a la que llegan distintas fuentes jurídicas después de conocerse que el PSOE ha aceptado que se llame a declarar al fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, a la jefa de la Fiscalía Europea, Laura Codruța Kövesi, y al jefe de la Fiscalía Europea en España, Ignacio de Lucas.

Este último fiscal asumió su nueva responsabilidad tras formar parte de Antidroga, donde llevó las riendas de la investigación contra el narcotraficante Sito Miñanco y pidió enviar a juicio al abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, por blanquear dinero de su presunta organización criminal. La citación de De Lucas se incluyó en el listado final a propuesta de Junts, mientras que Bildu hizo lo propio con Luzón y Kövesi.

El PSOE dio el visto bueno a estas tres comparecencias el pasado lunes. En el caso de De Lucas, apuntó para ello a que la Fiscalía Europea investiga el caso Koldo, pero ahora está estudiando una fórmula que le permita dar marcha atrás ante la polémica que han suscitado las citaciones. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ya ha remitido una carta de protesta al presidente de la comisión y el propio ministro de Justicia, Félix Bolaños, se ha mostrado crítico con la iniciativa.

"Lawfare a todo trapo"

Las fuentes consultadas destacan la citación de De Lucas por tratarse de un fiscal al que el independentismo lleva años acusando de formar parte de esa supuesta guerra sucia. "Lawfare a todo trapo", denunció Puigdemont a través de sus redes sociales en octubre de 2019, tras conocerse la imputación de su abogado Gonzalo Boye en el caso de Sito Miñanco. "Cuando alguien les gana las partidas y los deja en evidencia, embestir sin miramientos. Ahora que encaramos la tercera euroorden, a Boye le pretenden hacer difícil su trabajo. No se saldrán con la suya".

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En 2021, el propio Boye se querelló contra De Lucas y la magistrada de la Audiencia Nacional que instruía la causa, María Tardón, por incurrir en presuntos delitos de prevaricación e incluso de encubrimiento de asesinato —el de un supuesto narcotraficante colombiano— durante el procedimiento. El abogado de Puigdemont interpuso la denuncia junto a otros letrados y asociaciones, pero el Tribunal Supremo le dio carpetazo ese mismo año.

La causa contra Boye siguió su curso y, en noviembre de 2022, De Lucas pidió nueve años y nueve meses de prisión para él por un delito de blanqueo en concurso con otro de falsedad documental. Su escrito de acusación se basaba en que el abogado presuntamente cobró 10.000 euros a cambio de lavar dinero para la organización criminal de Miñanco mediante la falsificación de documentos. La celebración de este juicio aún sigue pendiente y no se espera que la ley de amnistía vaya a beneficiar a Boye, por lo que las comisiones del lawfare pueden convertirse en su última bala.

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"Las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política", sostiene el pacto que el PSOE firmó con Junts el pasado noviembre para garantizar la investidura de Pedro Sánchez. "Con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas".

"No se puede saber dónde acaba"

Fuentes de Junts señalan por su parte que el hecho de que el PSOE haya apoyado la citación de los fiscales les arma de argumentos de cara a las futuras comisiones del lawfare. Según argumentan, el antiguo fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, ya tuvo que comparecer en 2004 en una comisión de investigación sobre los atentados del 11-M, así que no hay ningún argumento que impida ahora a jueces y fiscales comparecer en el Congreso durante esta legislatura.

Los juristas consultados discrepan de esta idea. El artículo 76.2 de la Constitución recoge el deber constitucional de comparecer y colaborar con las comisiones de investigación, pero, en el caso de jueces y magistrados en activo, la normativa establece que los asuntos abordados "no podrán versar sobre datos o declaraciones que se refieran a su cargo o función jurisdiccional".

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Si a De Lucas se le cita por investigaciones concretas como la del caso Koldo, consideran que el PSOE estará brindando un peligroso precedente al independentismo y que ya nada les impedirá exigir que vuelva a comparecer por el "lawfare a todo trapo" del caso Miñanco. “Cuando empiezan con esto no se puede saber donde acaba, porque el argumento populista es predecible: nadie está por encima del Congreso, no lo están los fiscales… y no lo están los jueces”, se queja, por ejemplo, un vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En el caso concreto de los fiscales, otra fuente recuerda las previsiones de su Estatuto y el hecho de que se puedan incluso enfrentar a infracciones disciplinarias y hasta a la comisión de un delito de revelación de secretos por proporcionar datos de investigaciones activas. Esto, advierten, puede causar “un daño innecesario a la Fiscalía, y trasladar una imagen muy confusa a la ciudadanía cuando los fiscales se nieguen a proporcionar o revelar hecho alguno conocido en curso de sus investigaciones”.