La mejora del grado inversor de Uruguay en los últimos dos años y medio es muy buena noticia, pero según analistas consultados por el País, existen riesgos que amenazan esta calificación si se revierte la reforma jubilatoria -ya que ésto implicaría más gastos para el Estado- o si continúan las presiones fiscales crecientes.

Lo cierto es que en 2023 por primera vez en la historia hay tres calificadoras de riesgo (de cinco) que ubican a Uruguay dos escalones por encima del mínimo del grado inversor. Las otras dos lo ubican un escalón por encima del mínimo. Esto da cierta tranquilidad dado que se está más lejos del mínimo y, en el caso de retroceder, hay más margen.

A mediados de marzo, Moody’s volvió a elevar la calificación de Uruguay, de Baa2 a Baa1, con perspectiva estable. El informe señala que ésto se debe a la solidez institucional de un país que cumple con un manejo responsable de las finanzas públicas. Los reportes de las otras calificadoras coinciden con esa fundamentación.

La nueva calificación crediticia hace a Uruguay más atractivo como destino de inversiones y lo posiciona mejor en el mapa como posible destino de empresas extranjeras, las que, al instalarse o ampliar sus operaciones en el país, generan más puestos de trabajo local.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) señala, en ese sentido, que en 2023 se crearon unos 76.100 puestos de trabajo más que en 2019, gran parte de ellos por empresas extranjeras que se instalaron en el país.

Asimismo, una mejor nota crediticia representa un menor costo de financiamiento para Uruguay.

En esa línea, Ignacio Umpiérrez, economista del Centro de Estudios para el Desarrollo (CED), señaló que “la baja del riesgo país en 100 puntos básicos desde 2021 ha amortiguado a la mitad la suba de las tasas internacionales y, por ende, los costos de financiamiento del gobierno y las empresas”.

Hoy la tasa a 10 años está en 4,6% y el spread en 70 puntos básicos. “Eso libera recursos para que el Estado los coloque en gasto público social o inversión interna”, dijo a El País. La inversión extranjera directa (IED) ha alcanzado máximos en 10 años, en el entorno al 6% del Producto Interno Bruto (PIB), con una importante reinversión local, que el analista atribuye a la seguridad jurídica e institucional, y al buen manejo de las cuentas públicas.

A su entender, la IED resulta favorecida con el establecimiento de la regla fiscal y su institucionalidad, tras cuatro años de su cumplimiento. Entre los logros, está la reducción del déficit estructural a casi 3 puntos del PIB, la política fiscal que se volvió menos procíclica, el haberse alcanzado cierta estabilización en el ratio de deuda, el mejoramiento de la sostenibilidad de las finanzas públicas a través de la disminución del riesgo país, además de mantenerse la inflación dentro del rango meta (entre 3% y 6%) durante 10 meses consecutivos, entre otros factores que se valoran desde el exterior a la hora de invertir.

“Con la reforma jubilatoria —que reúne un consenso importante sobre su necesidad y urgencia, pero venía siendo postergada y esta administración la llevó al Parlamento— se da ahora sostenibilidad a las finanzas públicas en ese rubro y así se beneficiará todo el país a largo plazo”, agregó Umpiérrez.

La reforma jubilatoria es uno de los puntos evaluados por las calificadoras de riesgo que incidió en la decisión de elevar la nota de Uruguay.

Sofía Harguindeguy, gerente de Consultoría Económica de Grant Thornton Uruguay, dijo que el país tiene un camino para recorrer para seguir mejorando su calificación de riesgo.

Coincidió en que una reversión de la reforma jubilatoria representaría un retroceso en las finanzas públicas, lo que actuaría en contra del grado inversor. Pero también destacó que existen otros frentes a considerar. “Standard and Poor’s (S&P) dijo que nuestra calificación es estable, pero este año no la ha elevado porque ve como un desafío para Uruguay la meta de consolidación fiscal”, afirmó.

“S&P ve con cierto riesgo la estabilidad de la deuda en relación al PIB, que se ha mantenido en el orden del 65% y 68% entre 2022 y 2023, y no ha evolucionado en una baja mayor, comparable a los niveles de 2018 y 2019”, señaló.

Es decir, esta agencia calificadora entiende que Uruguay ha mejorado la credibilidad en sus políticas económicas, al facilitar un mayor escrutinio y rendición de cuentas en torno al desempeño fiscal (por la instalación de la regla fiscal), pero que aún su consolidación es moderada y el déficit solo disminuyó a 3,3% del PIB en 2023, desde el 3,9% del PIB en 2019.

“Esa reducción les parece poca como para volver a elevar la nota a Uruguay”, resumió Harguindeguy.

Otro aspecto que atendieron las calificadoras de riesgo es la baja de la inflación y las expectativas de los empresarios y del mercado general, que están más cercanas a las del Banco Central (BCU) en ese indicador, pero consideran que todavía existen resistencias para confluir.

“Por ello, no se sabe si este año, por ejemplo S&P, va a elevar la nota de Uruguay o no”, agregó la economista.

Ese problema también ha sido planteado en diversas ocasiones por el presidente del BCU, Diego Labat, quien observa que las expectativas sobre la inflación de los empresarios, analistas y mercado general son “resistentes a la baja” (culturalmente han estado estancadas), pero que se está dando una tendencia en ese sentido, lo que sería, a su entender, un logro de esta administración, considerando la historia de Uruguay.

Consultado por El País, Rodrigo Ribeiro, socio de KPMG, destacó la importancia de continuar con la reforma jubilatoria. “Si el sistema se vuelve inviable, va a requerir más dinero del Estado para pagar la seguridad social, por lo tanto, sería mayor gasto y las finanzas se deteriorarían. Entonces, hay un punto de riesgo allí para el grado inversor. Por ahora, como la reforma está aprobada la ley, el riesgo no se ve, pero hay un plebiscito que puede avanzar”, advirtió.

Ribeiro recalcó la necesidad de cuidar y mejorar el grado inversor. “Dadas las pocas posibilidades que tenemos de vivir solo con la inversión local, Uruguay necesita inversores del exterior y para eso hay que tener una buena calificación crediticia”, afirmó, recordando que la calidad crediticia del Estado está asociada a la de los negocios.

“El grado inversor es un indicador que favorece no solo a las empresas, sino a los trabajadores, ya que, por ejemplo, que venga UPM, Montes del Plata o empresas para producir hidrógeno verde, significa que se crearán puestos de trabajo. Si no miramos esa variable, nos estamos perdiendo una parte importante de la película. Basta cruzar a Argentina para ver que el dinero del exterior no alcanza y que hay que estimularlo”, agregó.

Ante la pregunta sobre qué habría que hacer para mejorar el grado inversor, Ribeiro opinó que Uruguay está bien orientado con sus políticas económicas actuales y que existen espacios para la mejora de la regla fiscal.

“Hay que seguir trabajando en la regla fiscal, como en cualquier casa que pone sus límites al gasto para evitar problemas”, señaló, al entender que ésta podría ser más estricta, “aunque siempre permitiendo que el Estado se acomode ante situaciones excepcionales”.

Exceptuando por los riesgos para el grado inversor que significaría revertir la reforma de la seguridad social, los analistas consultados no ven mayores problemas a futuro, incluso si llega a haber cambio de gobierno.

“Pienso que todos los actores han aprendido que el grado inversor es un indicador importante; todos los gobiernos lo han buscado o recuperado”, señaló Ribeiro sin entrar en temas políticos.

A su juicio, los inversores internacionales ven en una regla fiscal (más allá de que ésta sea discutible en lo interno) una señal de que el país maneja sus finanzas de una manera ordenada, no arbitraria, lo que despierta confianza y credibilidad.

Según Umpiérrez, no hay que esperar grandes cambios en el grado de inversión este año ni el próximo.

“No es esperable que estemos en el radar de llegar a más por ahora, dado que la calificación que Uruguay alcanzó en los últimos tiempos, implica que las exigencias van a ser mayores. Además, para llegar a A- deberíamos trazarnos pasos para un mayor crecimiento”, afirmó.

En esa línea, entiende que Uruguay se debe un conjunto de reformas estructurales para alcanzar mayor crecimiento, en especial una agenda de apertura unilateral de la economía, con sectores en los que se deberían terminar regulaciones o protecciones que no son necesarias, además de una agenda que disminuya costos y simplifique burocracias para ser más competitivos.

Ante un eventual cambio de gobierno, Umpiérrez dijo ser “optimista viendo la historia de Uruguay de que, cuando se logran avances concretos en una administración, las políticas se mantienen. Creo que va a ser ese el caso, desde el punto de vista de la política fiscal y monetaria”.

Harguindeguy observó que “ningún candidato está diciendo que la regla fiscal dejaría de existir, con lo cual pensamos que habrá cierta moderación en el gasto, el que deberá ajustarse a esta regla”.

Insistió en que es difícil que las calificadoras reduzcan su calificación, siempre que se continúe con la reforma de la seguridad social, y que, para mejorar la calificación, se necesita básicamente una mejora del ratio deuda-PIB y de la perspectiva de futuro del gasto público.

La situación más reciente de riesgo de perder el grado inversor fue durante la pandemia del covid-19, que generó que las finanzas públicas (no solo de Uruguay, sino de todo el mundo) estuvieran comprometidas, porque hubo que gastar más al mismo tiempo que caía la recaudación, con la incertidumbre sobre cuánto iba a impactar en el PIB.

Otro período complicado fue con la crisis de 2002 cuando (en febrero de aquel año) Uruguay perdió el grado inversor que recuperó 10 años después (en abril de 2012).

“La regla fiscal en la época del gobierno del Frente Amplio (FA) era (Danilo) Astori. El FA, en el período de Tabaré Vázquez y de José Mujica, no tenía formalmente una regla fiscal, pero tenía a Astori que sabía hasta dónde podía llegar o no con cada cosa”, dijo a El País una fuente del gobierno y piensa que quienes vienen del ala astorista valoran el concepto de regla fiscal.

De ahora en más, según Umpiérrez, Uruguay debería mejorar otras verticales, que, directa o indirectamente, inciden en la mirada de las calificadoras de riesgo, como ser, potenciar la independencia de las atribuciones de los consejos externos del Ministerio de Economía (MEF), para seguir apuntando la institucionalidad fiscal y el fortalecimiento de la regla fiscal, de mejor forma.

“Y la ley de Presupuesto 2025 debería recoger un objetivo de superávit primario estructural”, agregó.

Actualmente hay déficit primario (antes del pago de deua) de 0,5% del PIB y, a su entender, debería converger al superávit para asegurar una trayectoria de la deuda a la baja de los niveles de hoy.

“Más allá de ir a superávits fiscales, algo que queda pendiente de la reglamentación de la ley de Urgente Consideración (LUC) en este período de gobierno, es la del fondo de estabilización creado en 2021. A medida que Uruguay acumule superávit fiscales, debería reglamentarse su diseño y alcances”, dijo.

El economista del CED destacó que Uruguay debería plantearse un objetivo de inflación más alineado al estándar internacional (entorno al 3%), lo que permitiría apuntalar más el desarrollo de los mercados financieros en moneda local, y también ayudaría a atraer más inversiones.