Opinión
Imagen: Policía de Investigaciones
Cuando un territorio está en disputa entre diversas bandas, es común que se dispare el número de homicidios. Fue el caso reciente de Arica. La disminución de homicidios no es expresión necesaria del triunfo de la ley, sino que también puede ser el reflejo de que una banda consolidó su hegemonía.
Todo Estado se conforma de territorio, también de población a la que debe proteger y, para ello, dispone de imperio, especialmente en el manejo legítimo de la violencia, vale decir, bajo el imperio de la ley que emana del soberano, que se conforma por el conjunto de los ciudadanos, en democracia.
¿Qué sucede cuando un Estado empieza a flaquear en el control de su territorio? Esto puede ocurrir por acción de fuerzas rebeldes que desconocen a la autoridad imperante, casos en los cuales estamos en presencia de insurgencias, pero el Estado también puede ser desafiado por la delincuencia, especialmente cuando esta abandona el hurto, el pillaje, el abigeato y se transforma en estructuras que no se ocultan ante la población, a la cual no solo intimidan sino que a veces la reclutan ofreciendo oportunidades informales y rentables.
¿Este es un fenómeno propio de Chile? De ninguna manera, pero desgraciadamente en los últimos años del siglo pasado y las primeras décadas del presente, el crimen organizado se ha ido instalando progresivamente en amplias zonas de nuestro continente. Empezó con el narcotráfico y sus carteles, que requerían de territorio para sembrar, controlar las rutas que llevasen las drogas al mercado norteamericano y, para ello, coimear, reclutar o neutralizar a todos los agentes estatales que estuviesen en su camino, ya fueran aduaneros, judiciales, militares o políticos.
Este proceso lo han vivido varios países de la región desde hace años, lo que indica que existe experiencia, buena o mala, a la cual acudir. ¿Qué enseñanzas nos dejan décadas de lucha contra el crimen organizado en nuestra América Latina?
En noviembre del 2014, la revista mexicana Nexos publicó un extenso y documentado análisis respecto al incremento de la delincuencia en varios países de la región (especialmente México, Colombia, El Salvador). Por título lleva “Bandidos y construcción de Estado” y su autoría corresponde al estratega salvadoreño Joaquín Villalobos.
Dicho artículo refleja una tendencia grave en ese momento: “En 1995 la inseguridad era el principal problema para el 5% de los latinoamericanos, y ahora lo es para el 28%” (Villalobos cita los datos del Latinobarómetro del 2013). Por cierto, todas esas cifras se han incrementado una década más tarde, incluyendo a Chile. ¿Qué ha pasado?
Las explicaciones son variadas y, siguiendo a Villalobos, esta columna no tiene pretensiones académicas, sino ayudar a quienes toman decisiones. El balance es simple pero demoledor: el crimen organizado ha crecido, ha mutado desde el negocio de la droga a una diversidad de delitos que explica la emergencia de verdaderos holdings de la delincuencia.
Estas organizaciones criminales buscan la ganancia, el enriquecimiento y, para ello, explotan mujeres y niños, trafican migrantes, asesinan a quienes se les oponen, extorsionan a todos los que pueden en los territorios que controlan, reclutan “soldados” en la juventud carenciada e, incluso, fomentan su propia expresión cultural y, en algunos casos, desarrollan programas de “protección social”, buscando fidelizar a sectores de la población.
Para todo ello necesitan controlar territorio o, lo que es lo mismo, disputárselo al Estado, sea porque se trata de zonas de escasa presencia institucional o porque desalojan o cooptan o intimidan. Quienes vivimos en grandes ciudades sabemos que existen zonas que “cambian de clima” en el curso del día y que, terminada la jornada laboral, es más prudente replegarse a tiempo. A quien crea que esto es una exageración, lo invito a que almuerce en Santiago Centro y más tarde regrese a cenar.
Ojo, no confundamos los síntomas con la enfermedad. Es característico que en las zonas que controlan las mafias emerjan mercados informales, los “toldos azules”, como vemos en diversos sectores de las grandes ciudades chilenas. El problema no es solo la informalidad, sino que ella es la expresión de organizaciones que se apoderan de amplios barrios, “arriendan” puestos, cobran por seguridad, usan esos comercios para distribuir contrabando, droga o, incluso, instalar puestos de vigilancia y apoyo. No basta con desalojar los toldos azules si no se desmantelan las mafias que están detrás. Volverán al poco tiempo.
Los homicidios son otro síntoma. Cuando un territorio está en disputa entre diversas bandas, es común que se dispare el número de homicidios. Fue el caso de Arica, recientemente. La disminución de homicidios no es expresión necesaria del triunfo de la ley, sino que también puede ser el reflejo de que una banda consolidó su hegemonía. Y con ello se despliega la extorsión, delito silencioso y de baja denuncia, por obvias razones.
El documento de Villalobos, en su descripción de lo que eran diez años atrás varios países de la región, semeja a ratos muchos de los síntomas de la realidad chilena de hoy. Ya sabemos lo que pasó en esos países entre 2014 y 2024. Tratemos, entre todos, de que no nos pase a nosotros.
¿Qué hacer? Lo primero es no politizar el tema, recriminándose mutuamente entre oficialismo y oposición. Este es un tema país, porque sin seguridad no hay posibilidad de ejercer otros derechos y garantías.
Se debe asumir que lo fundamental es recuperar plenamente el control de nuestro territorio y para ello el Estado, a través de sus diversas agencias, debe desplegarse a plenitud. Probablemente, con mejor legislación se podría avanzar más, pero la experiencia reciente muestra que con las leyes actuales es posible desarmar focos de delincuencia. La Ley de Control de Armas, del porte de las mismas, las atribuciones a las policías ante delitos en flagrancia, por nombrar algunas, otorgan herramientas suficientes a nuestras policías y al Ministerio Público.
Hemos reiterado en varias publicaciones anteriores que Chile tiene tres focos diferentes de inseguridad: la frontera porosa del norte, por donde penetran todo tipo de ilegales e ilegalidades; la emergencia embrionaria de insurgencia radical en La Araucanía; y el desborde delictual en las grandes urbes.
Son tres focos que tienen en común el control territorial extraestatal (campamentos, caminos y barrios), pero que poseen dinámicas diferentes, mismas que deben ser estudiadas por los profesionales estatales que están en el terreno. Por cierto, consultando a la ciudadanía afectada y a sus representantes locales (municipios, gobernadores y sociedad civil). La respuesta que hoy estudia la elite política es burocrática: la protección de la infraestructura crítica; dado que, entre otras cosas, esa infraestructura no está amenazada hoy, lo que tenemos es disputa territorial.
Chile necesita copar su territorio, estar allí antes de que ocurran los delitos, en lugar de llegar una vez ocurridos. El estar vale para las policías, pero también para las restantes agencias del Estado. Si no hay escuelas, planes sociales para la población vulnerable, justicia oportuna, sanción y presidio para la delincuencia, disuasión y coerción, cualquier esfuerzo será parcial. El objetivo a alcanzar: la construcción (o reconstrucción) de la presencia estatal.
Hace algunos años, cuando me desempeñaba como embajador, junto al personal de la embajada de Chile en Colombia, concurrimos a un cerro de la periferia bogotana donde la ONG Techo desarrollaba un programa de construcción de viviendas. Nos acompañó un escuadrón de la policía montada. Muchos pobladores, en especial niños, nos preguntaban: “¿Se van a quedar?”. Porque la intuición nos decía que quienes controlaban esos cerros (distintos grupos de paramilitares) nos observaban a la distancia. En suma, la población obedece al que teme más, y ese no solo es el que entra, sino el que permanece.
