El Gobierno tira del Presupuesto para entrar en Telefónica y repetirá esquema hasta llegar al 10%

El regreso del Estado a Telefónica más de un cuarto de siglo después encara su recta final. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ya tiene un 3% de las acciones de la operadora y el Gobierno se ha puesto como objetivo alcanzar el 10% “lo más rápido posible”. Para ello, y después de que se elucubrase con préstamos sindicados o emisiones de deuda para respaldar una operación que no bajará en su conjunto de los 2.000 millones de euros, el Ejecutivo ha decidido recurrir a los Presupuestos Generales del Estado. No importa que estén prorrogadas las cuentas de 2023: Hacienda asegura que hay margen de sobra y así se evita alargar en el tiempo una incertidumbre que pudiera impactar sobre la cotización de la empresa.

Fue la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, quien tras la reunión semanal del Consejo de Ministros confirmó ayer que el aterrizaje definitivo en Telefónica se ejecutará “en el menor tiempo posible y siempre y cuando no afecte a la cotización”. El objetivo de la operación es “proporcionar más estabilidad” a la empresa, toda vez que se considera “una compañía estratégica” y que se trata de una fórmula “utilizada por otros países”, explicó sin entrar en más detalle ni aclarar el esquema de financiación.

Los planes del Gobierno para que la SEPI tome el 10% del accionariado de Telefónica, una operación decidida a mediados de diciembre, se complicaron tras la renuncia a elaborar unas cuentas públicas para el año 2024 y la consiguiente imposibilidad de presupuestar la transferencia necesaria. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda ha decidido tirar de los fondos del Presupuesto de 2023, prorrogado durante este ejercicio, para salvar los muebles y sufragar la adquisición del 3% de la teleoperadora por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, adscrita al propio departamento que dirige María Jesús Montero. El resto de las compras, hasta completar el objetivo marcado del 10%, se estructurarán bajo la misma fórmula, según avanzan fuentes cercanas al proceso.

La información proporcionada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este lunes, cuando se hizo oficial la irrupción pública en la empresa, no incluye detalles sobre los mecanismos financieros que se han empleado para concluir la transacción. No obstante, fuentes de Hacienda confirman que se ha recurrido al Capítulo 8 de los Presupuestos Generales del Estado. Este apartado hace referencia a los activos financieros, que no afectan al déficit público y servirán para rematar la transacción que convertirá al Estado en el primer accionista de la multinacional.

La inversión necesaria para ese 3% oscila entre los 600 millones y los 700 millones de euros. El valor máximo estimado corresponde a un precio de 3,99 euros por acción, fijado al cierre del lunes y que el martes superó ligeramente los 4 euros, si bien el precio exacto de la compra y el momento preciso de la operación no se han especificado, por lo que se desconoce la cuantía final exacta que se ha costeado con el Presupuesto. Para completar la adquisición del 10% serán necesarios, por lo tanto, cerca de 1.500 millones más, si bien la fluctuación en el precio de las acciones sobre cantidades tan altas de participación puede ocasionar grandes variaciones en el coste definitivo.

El Capítulo 8 de las cuentas prorrogadas cuenta con fondos por valor de 30.347 millones de euros. De ellos, 20.608 millones corresponden a la partida de aportaciones patrimoniales; 4.967 millones, a la concesión de préstamos al sector público; y 3.687 millones, a la concesión de préstamos fuera del sector público. La cantidad restante se reparte entre la constitución de depósitos y fianzas, la adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público y la suscripción de acciones y aportaciones de fondos a organismos internacionales.

Fuentes conocedoras avanzan que la operación de entrada en Telefónica se habría costeado mediante las aportaciones patrimoniales. Según recalca el propio Presupuesto, se consideran como tal las contribuciones realizadas por el Estado, sus organismos autónomos, agencias estatales y otros organismos públicos siempre que reciban, por igual valor, activos financieros o un aumento en la participación del ente y existan expectativas de recuperación de las aportaciones. En otro caso, deberían considerarse como transferencias de capital.

El crédito utilizado, apuntan estas fuentes, está ya generado en los propios Presupuestos prorrogados, por lo que no hace falta cubrirlo con ingresos nuevos. Es decir, añaden, es de prever que el resto de la adquisición se costee a través de la misma vía.

El Gobierno, en uno de los últimos consejos de ministros del año pasado y en plena pugna con el fondo saudí STC, ordenó a la SEPI la adquisición de hasta un 10% del capital social de la operadora. Una vez que se consume el movimiento, el Estado pasará a ser el primer accionista de la firma, por delante de BBVA, CaixaBank, Saudi Telecom Company (STC) y BlackRock, todos ellos por encima del 3% mínimo que marca la CNMV para que conste públicamente. Hasta la fecha, para poder sufragar la operación se habían barajado fórmulas como la emisión de deuda por parte del Tesoro, así como la posibilidad de recurrir a un crédito sindicado, más aún tras renunciar el Gobierno a presentar unos nuevos Presupuestos para 2024.

En paralelo, sobre la mesa del gabinete presidido por Pedro Sánchez todavía está pendiente la respuesta definitiva a la entrada definitiva de la saudí STC en otro 5% tras haber adquirido un 4,9% el pasado mes de septiembre. Que el Gobierno califique de estratégica a la operadora obliga a este trámite, ya que la compra de más de un 5% de este tipo de compañías españolas por países extranjeros debe pasar por Consejo de Ministros. El visto bueno espera hace más de medio año.

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