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EEUU

El Congreso de Estados Unidos pide evaluar compromiso de Petro con el Estado de Derecho

Congreso de Estados Unidos

Congreso de Estados Unidos

Foto:Chip Somodevilla. AFP - Archivo EL TIEMPO

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En su partida presupuestal, el Legislativo también pidió un reporte sobre la situación en el Darién.

Sergio Gómez Maseri
El Senado y la Cámara de Representantes de Estados Unidos llegaron a un acuerdo este miércoles en la noche sobre el presupuesto para las operaciones en el extranjero. En este se incluye una nueva partida para Colombia para este año fiscal (2024) que, si bien preserva el grueso de los recursos, constituye una reducción de unos US $ 40 millones de dólares o casi 10 por ciento menos en relación con la aprobado para el año anterior.

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(Lea aquí: Estados Unidos redujo en U$50 millones el presupuesto para Colombia en 2024)
Adicionalmente, el proyecto de ley, por primera vez, incluye un nuevo lenguaje que pide monitorear los esfuerzos del gobierno para controlar el crimen en el tapón del Darién y solicita un reporte en el que se establezca si las políticas del actual gobierno de Gustavo Petro se alinean con los intereses nacionales de los Estados Unidos, y en particular en su “compromiso con el Estado de derecho y la lucha contra los narcóticos”.
(Vea también: 'La paz total de Petro solo es posible con una negociación con el Clan de Golfo')
Aunque las cifras no son del todo exactas (aún faltan los valores en un par de cuentas), el monto conocido por este diario suma unos 410 millones de dólares comparado con los 456 millones autorizados para el año 2023.
Eso luego de negociaciones de última hora entre ambos órganos del Legislativo para evitar un cierre del gobierno federal que ocurriría si no llegaban a un consenso antes de este fin de semana.
Los recursos, al igual que los incluidos en otros cinco presupuestos de gasto, deben aún ser aprobado por la plenaria de ambas cámaras. Pero dado de que se trata de un acuerdo alcanzado por negociadores de los dos órganos todo indica que terminará recibiendo el visto bueno.
La iniciativa de "paz total" de Petro fue buque insignia de la campaña electoral que le llevó a la presidencia en 2022.

Gustavo Petro, presidente de Colombia.

Foto:Getty Images

Aunque el recorte para Colombia es significativo, obedece a una condición impuesta por los republicanos que exigieron una disminución de al menos el 6 por ciento del presupuesto para las operaciones en el exterior. No es claro, a estas alturas, por qué la ayuda para Colombia terminó siendo un poco más reducida que lo pautado.
En todo caso, y de alguna manera, los recursos aprobados ponen fin a varios meses de incertidumbre por el futuro de los recursos para el país. Como se recuerda, la Cámara de Representantes -controlada por los republicanos- se había abstenido de incluir recursos para el país.
Mario Diaz-Balart, presidente de la Comisión de Apropiaciones para las Operaciones en el Extranjero, y encargado del proyecto en la Cámara Baja, eliminó toda financiación para Colombia alegando que el futuro del país y la cooperación con Estados Unidos era incierta bajo la administración Petro.

Este nuevo lenguaje refleja las suspicacias que tiene el liderazgo republicano frente a Petro y que han dejado claras a lo largo de los meses.

En el presupuesto aprobado se incluyen unos US $ 134 millones para la lucha contra el narcotráfico (US $ 15 millones menos que para 2023) y US $ 206 millones para financiar los programas de desarrollo, derechos humanos fortalecimiento de la justicia (otros US $ 24 millones de reducción en relación al año anterior).
Así mismo, otros US $ 37 millones irían para las fuerzas armadas, la misma cifra de años anteriores. Hay dos cuentas adicionales donde se incluyen fondos para el desminado y programas de salud que no están especificadas pero sumarían otros US $ 36 millones de dólares aproximadamente.

¿Cómo reaccionó el Gobierno de Colombia?

La embajada de Colombia en Washington, tras conocerse los nuevos montos para el país, publicó un comunicado en que destaca “el firme respaldo de Estados Unidos a la agenda de cooperación bilateral”.
Según la embajada, “la ratificación de estos fondos en el Congreso refleja nuestra estrecha colaboración y fortalece la ejecución de iniciativas bilaterales y hemisféricas en áreas estratégicas como la lucha contra las amenazas ambientales, la construcción de resiliencia frente al cambio climático, el fortalecimiento de los esfuerzos de construcción de paz, la protección de los derechos humanos, la conservación de la biodiversidad y el apoyo a la integración efectiva de migrantes en las comunidades de acogida”.
Imagen del tapón del Darién. Estados Unidos pide un reporte sobre los avances que tiene Colombia para controlar esta ruta migratoria.

Imagen del tapón del Darién. Estados Unidos pide un reporte sobre los avances que tiene Colombia para controlar esta ruta migratoria.

Foto:Jaiver Nieto / CEET

La noticia de la aprobación de fondos se presenta una semana después de que el presidente Joe Biden presentó su presupuesto de gasto para el 2025 en el que también hubo una reducción de los recursos para el país. De los 444 millones de dólares que había pedido el año pasado a los 413 millones de dólares que solicitó para el año entrante (reducción del 6 por ciento).
Ambas cifras -la aprobada este miércoles para el Congreso para 2024 y la pedida por Biden para el 2025- son de las más bajas en por lo menos cinco años e indicarían ya una tendencia hacia el recorte de recursos para el país.
En gran parte algo que tendría que ver con las dificultades fiscales por las que atraviesa Estados Unidos y que la embajada, en su comunicado de este jueves, subraya: “En medio de reajustes de gasto doméstico y recortes generales al presupuesto de cooperación internacional de los Estados Unidos, tanto la solicitud presupuestal del presidente Biden como la financiación publicada por el Congreso reconocen la importancia estratégica de nuestra relación bilateral y el papel central de nuestro trabajo conjunto en la promoción de la paz y del desarrollo económico y social inclusivo, la seguridad multidimensional en el hemisferio y la gestión de la migración segura y humana”.
Pero también es un indicio de que quizá Estados Unidos está poniendo más atención a otras prioridades en la región. Entre ellas el combate contra el tráfico de fentanilo y la inmigración ilegal.
Como en años anteriores, los fondos están acompañados por una lista de condicionamientos y reportes que deben ser entregados a lo largo del año. En está ocasión, no obstante, se incluye un nuevo reporte de “pre-obligación”. Es decir que debe ser entregado antes de que puedan ser desembolsados los recursos para el país y cuya intención parece ser observar el comportamiento del gobierno Petro.
Gustavo Petro y Joe Biden durante su reunión en Washington.

Gustavo Petro y Joe Biden durante su reunión en Washington.

Foto:Presidencia

“De conformidad con el inciso (c) (1), el Secretario de Estado, en consulta con el Administrador de USAID, presentará… un informe a los comités apropiados del Congreso sobre el estado de las relaciones bilaterales de los Estados Unidos con el Gobierno de Colombia, incluido el análisis de cómo las políticas actuales de dicho Gobierno se alinean con los intereses nacionales de los Estados Unidos, como el compromiso con el estado de derecho y la lucha contra los narcóticos”, dice el lenguaje que acompaña la ley.
De acuerdo con Adam Isacson, analista de la ONG WOLA, “este nuevo lenguaje refleja las suspicacias que tiene el liderazgo republicano frente a Petro y que han dejado claras a lo largo de los meses. Es probable que buscarán un condicionamiento aún más fuerte que un reporte de pre obligación pero eso fue lo que pudieron negociar en la conciliación con el Senado”.

Las condiciones que pone la partida presupuestal.

El proyecto también pide otro reporte de “pre-obligación” en el que reclama una evaluación de los planes específicos del gobierno Petro para reducir los cultivos ilícitos en el país, seguridad rural y desarrollo alternativo.
Este informe es muy similar a otro pedido en la ley presupuestal del año 2023 y requiere, entre otras cosas, un resumen de la estrategia, incluyendo la erradicación, interdicción, seguridad rural y otros objetivos de aplicación de la ley; una explicación de cómo la asistencia estadounidense apoyará la implementación de dicha estrategia; una descripción de cómo dicha asistencia se alinea con los intereses nacionales de los Estados Unidos; una descripción de las formas en que la estrategia antinarcóticos del Gobierno de Colombia no se alinea con los intereses y prioridades de los Estados Unidos, y los pasos que se pretenden tomar para garantizar que dicha asistencia promueva los intereses nacionales; una evaluación de la probabilidad de que dicha estrategia reduzca de manera sostenible el cultivo, la producción y el tráfico de drogas ilícitas; y una evaluación de las salvaguardas ambientales, de derechos humanos y de salud pública incluidas en dicha estrategia.
Adicionalmente, pide otros dos reportes. El primero de estos, que debe ser presentado a los 180 días de las expedición de la ley, pide evaluar los resultados concretos en los esfuerzos del gobierno para reducir los cultivos de coca, documentar la cantidad de narcóticos y precursores químicos incautados, la cooperación en materia de extradición y los esfuerzos del Gobierno para contrarrestar las actividades criminales cerca del tapón del Darién.
Este último punto sobre el tapón del Darién no figuraba en leyes anteriores y refleja la preocupación que existe en Estados Unidos por las condiciones de seguridad en esta zona del país y el creciente flujo migratorio.
El otro informe, con plazo de 90 días, pide valorar los avances por llevar ante la justicia al personal policial que ordenó, dirigió y utilizó fuerza excesiva y participó en otros actos ilegales contra manifestantes en 2020 y 2021.
Así mismo, como en versiones previas de esta ley hay dos reportes de certificación necesarios para poder desembolsar la totalidad de los fondos. Un 20 por ciento de los recursos están supeditado un informe donde se constate que Colombia ha reducido los cultivos y la producción de coca a lo largo de un período de 12 meses y sigue cooperando con Estados Unidos.
Otro 20 por ciento de la ayuda depende de una certificación en derechos humanos que constate que se está procesando judicialmente y enviando a la cárcel a los responsables de serias violaciones a los derechos humanos y que se han tomado pasado para proteger a defensores, activistas y miembros de la sociedad civil, entre otras cosas.
De acuerdo con Gimena Sánchez, también de Wola, lo aprobado por Cámara y Senado también demuestra que “los republicanos que querían cortar la ayuda a cero para Colombia porque no les gustaba Petro no lograron su objetivo. Además, los esfuerzos de cabildeo de la sociedad civil en Estados Unidos y grupos étnicos de Colombia lograron preservar fondos para los derechos humanos, desarrollo económico y afrocolombianos e indígenas”.
SERGIO GÓMEZ MASERI
CORRESPONSAL DE EL TIEMPO
WASHINGTON
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