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Tercera parte de contratos petroleros, suspendidos o en cierre; regiones más afectadas

BBC Mundo: Petroleo

Foto:Getty Images

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Actualmente hay 39 contratos petroleros suspendidos y 57 en proceso de terminación.

Lina Quiroga Rubio
Desde el inicio del gobierno del presidente Gustavo Petro se ha asegurado una y otra vez que no se volverán a entregar nuevos contratos para la exploración y producción de hidrocarburos, por lo que la tarea de garantizar la autosuficiencia de Colombia recae sobre los 302 contratos que se han entregado en años anteriores y que cubren una superficie de más de 15 millones de hectáreas.

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"Los términos y duración de esos contratos les permiten a las compañías seguir buscando los hidrocarburos. Obviamente se honrarán esos términos contractuales como ha sido una férrea tradición del país", aseguró el presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Orlando Velandia.
Sin embargo, datos de la misma ANH al 31 de enero de este año indican que no todos estos contratos están disponibles para la producción de hidrocarburos, pues 39 de estos contratos están suspendidos y 57 en proceso de terminación. Adicional a los 302 contratos, hay otros 95 que se encuentran en proceso de cierre o liquidación.
Vale la pena especificar que del total de los 39 contratos, 33 están suspendidos en el periodo de exploración, mientras que los 6 restantes pese a que están produciendo hidrocarburos, no han podido adelantar nuevas exploraciones porque la suspensión solo aplica para este tipo de actividades.

Las empresas del sector hidrocarburos en el país y sus trabajadores en algunas regiones se ven afectados

Los principales motivos que argumentan las compañías para tomar la decisión de suspender sus contratos son conflictividad social (16), orden público (10), trámites ambientales (6), ordenamiento territorial (4) y consultas previas (3). 
Llama la atención que la mayoría (7) de los reportes por conflictividad social están en Putumayo y la mitad (5) de los casos por orden público se registran en Arauca.
"En materia de conflictividad y seguridad, las empresas del sector hidrocarburos en el país y sus trabajadores en algunas regiones se ven afectados sistemáticamente con hechos que vulneran sus derechos humanos (integridad física y salud) y derechos fundamentales (trabajo y libre movilidad)”, aseguró la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP).
Y es que en los primeros seis meses de 2023 se registraron 577 bloqueos a las operaciones petroleras en el país, una cifra que representa un incremento del 25 por ciento frente a lo reportado en el mismo periodo del 2022, pero si se compara con los registros del 2021 el incremento de casos es del 36 por ciento.
Estos bloqueos pusieron en riesgo, por producción diferida, la generación de regalías por alrededor de 90.000 millones de pesos para el país y 22.000 millones de pesos de regalías directas para las regiones.
Ecopetrol

Foto:Ecopetrol

De acuerdo con la ACP, los departamentos con mayor incidencia fueron Santander, Meta, Casanare, Putumayo y Arauca. Precisamente, es en estos departamentos en donde actualmente se registran la mayor cantidad de contratos petroleros suspendidos.

Durante el 2023 se registró la toma a las instalaciones de un campo en Caquetá

Por ejemplo, de los 39 contratos que actualmente se encuentran suspendidos, 13 están ubicados en Putumayo, 6 más en Casanare y 5 en Arauca. Solo en estos tres departamentos se concentra el 61,5 por ciento de estos contratos.
En cuanto a empresas, las que tienen la mayor cantidad de contratos suspendidos son Ecopetrol (7), Gran Tierra Energy (7), Geopark (6) y Emerald Energy (3).
Además, la información de la ANH indica que cuatro de este total de contratos se suspendieron en el 2023, uno más que en el 2022 cuando solo fueron tres. Los motivos que llevaron a estas decisiones fueron trámites ambientales, orden público y conflictividad social.
“Durante el 2023 se registró la toma a las instalaciones de un campo en Caquetá; el secuestro de un contratista de una empresa prestadora de bienes y servicios del sector en Puerto Gaitán; la circulación de panfletos y extorsiones en Arauca, Meta y Casanare por parte de grupos armados ilegales, entre otras acciones que no solo afectan a la industria, sino también a las comunidades cuya vida e integridad se pone en riesgo y se les vulneran otros derechos", señaló la ACP.
El precio del petróleo subió un 3% este miércoles luego del anuncio de Donald Trump de abandonar el acuerdo nuclear con Irán.

Foto:REUTERS

Uno de los casos más sonados el año pasado fue el de Emerald Energy, que le pidió a la ANH suspender el contrato Ombú luego de que un grupo de campesinos invadiera e incendiara el campo petrolero en Caquetá, además de secuestrar a 79 policías que intentaron controlar la situación.
Otra de las empresas que hizo esta misma petición fue Ecopetrol, quien pidió suspender los tiempos contractuales de Llanos-121, ubicado en Casanare, mientras obtiene una respuesta y los permisos ambientales respecto a la solicitud de medidas de manejo ambiental que hizo ante Corporinoquia.
Entre tanto, Gran Tierra Energy suspendió el contrato PUT-31 (Putumayo) por conflictividad social y Parex Resources, VSM 13-2 (Huila), por temas de orden público.
Sin embargo, también vale la pena destacar que en 2023 la ANH logró reactivar 4 contratos que se encontraban suspendidos por temas ambientales y de orden público: Arauca, Capachos, PUT-8 y VMM-39.
La idea es que la empresa conserve sus participaciones en los bloques que están en fase de exploración, para desarrollarlos como lo hizo con los tres bloques cuya participación sacó a la venta.

Foto:Jaime Moreno / Archivo EL TIEMPO

Arauca y Capachos son de Parex Resources, que en varias oportunidades ha tenido que suspender operaciones en estos dos bloques, no solo por protestas sociales sino por amenazas del frente de guerra oriental del Eln, como ocurrió hace un año durante casi un mes.
A los problemas para operar los campos petroleros también se suman los atentados a la infraestructura de transporte. De acuerdo con cifras del Ministerio de Defensa, en el 2023 se registraron 37 voladuras de oleoductos, una cifra superior a las 20 que se registraron en 2022 y las 31 de 2021.
Todo esto, según la ACP, termina afectando considerablemente a las regiones y al país porque disminuyen los ingresos fiscales por cuenta de una inversión del sector y las regalías que pagan las empresas.
El balance que entrega la ANH también revela que actualmente se encuentran en proceso de terminación 57 contratos de hidrocarburos, de los cuales, 3 se sumaron en el 2023.
El acuerdo de los productores, bajo el cual el bombeo se reduce en cerca de 1,8 millones de barriles por día, expira en marzo.

Foto:EFE

La mayoría de estos contratos están ubicados en Putumayo (12), Tolima (10), Cundinamarca (9), Caquetá (8) y Casanare (8), siendo Gran Tierra Energy, Hocol y Frontera Energy las compañías que más contratos tienen en este proceso.
Adicionalmente, el año pasado 7 empresas tomaron la decisión de renunciar a igual número contratos, una cifra menor a las 11 renuncias que se reportaron en el 2022, aunque la ANH aún se encuentra evaluando estas solicitudes.
Una de estas llegó por parte de Parex Resources, que prefirió no continuar con el bloque Llanos-134 por temas de prospectividad luego de desarrollar varias actividades.
Otra compañía que tomó esta decisión fue Frontera Energy al renunciar a La Creciente, uno de los descubrimientos más grandes de gas natural que tuvo Colombia; sin embargo, el declive natural de este campo hizo inviable continuar con su operación, pese a que la empresa realizó varios estudios del subsuelo buscando ampliar su vida productiva.

Temas regulatorios de carácter ambiental imposibilitaron la ejecución del proyecto

A esto se suma que Frontera Energy anunció recientemente que recibió la aprobación de la ANH para rescindir de mutuo acuerdo los contratos CR-1 y COR-24, lo que redujo sus compromisos exploratorios en el país en 11,1 millones de dólares.
Según explicó la compañía, CR-1 (entregado en 2008) está en liquidación porque "temas regulatorios de carácter ambiental imposibilitaron la ejecución del proyecto". 
Por ello, en junio de 2018 solicitó la terminación del mismo por mutuo acuerdo y la ANH concluyó que "las condiciones ambientales imposibilitan la ejecución de las actividades de exploración y producción de hidrocarburos en el área de interés aceptando la terminación del contrato".
En cuanto a COR-24, luego de ser adjudicado en 2011 se presentaron medidas de manejo ambiental, impuestas por Corpoboyacá, que impidieron el desarrollo de las actividades, por lo que en 2020 se le solicitó a la ANH la terminación por mutuo acuerdo del contrato.
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Lina Quiroga Rubio
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