El Gobierno modula las críticas al cupo de Aragonès para no erosionar a ERC durante la campaña

La Moncloa sabe ser elegante cuando quiere y dura y clara en los temas que le convienen. Y ante la propuesta de Pere Aragonès para que Cataluña tenga un concierto económico como el que disfrutan el País Vasco y Navarra, el Gobierno ha decidido esquivar las críticas para no confrontar con ERC, un partido fundamental para la gobernabilidad y con quien mantiene una relación fluida.

El Ejecutivo se decanta más por parecer indiferente a la propuesta de cupo catalán que por cuestionar su viabilidad, a pesar de que en privado lo rechaza de manera más clara. La Generalitat planteó este martes un modelo de "soberanía fiscal plena" que implicaría la gestión y recaudación del IVA, el IRPF, el impuesto sobre sociedades o los impuestos especiales. Después, aportaría una parte al Gobierno para las inversiones conjuntas y otra la destinaría a un fondo de solidaridad interterritorial, para las regiones con menos recursos propios.

Una fuga en toda regla del sistema general a la que el Ejecutivo contestó con las pulsaciones muy controladas y la mención a que la reforma del modelo de financiación autonómica compete a todas las comunidades y que, por tanto, debe ser multilateral. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, aseguró que hay más propuestas de otras autonomías y ni siquiera se sintió interpelado cuando se le preguntó en rueda de prensa si el sistema podría resistir sin la contribución de Cataluña.

El marco, insisten en Moncloa, es el debate en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y además, es necesario, subrayó la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, un pacto con el PP, a quien reclamó una "posición común" porque está al frente de once comunidades.

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En privado, otras fuentes del Gobierno evitan también hacer sangre contra Aragonès, pero se muestran mucho más claras a la hora de valorar la propuesta catalana. Aunque se escudan en que no la conocen en profundidad, sí señalan a que ni encaja en la Constitución ni en el Estatuto de Autonomía. Otra cosa, destacan, es que Cataluña pueda tener una financiación adecuada que recoja su singularidad.

Y en este punto el rechazo no es rotundo. El modelo, recuerdan, ya contempla algunas singularidades como la insularidad o la dispersión de la población. El problema es que Cataluña no encaja en ninguna de ellas. Sería necesario idear condicionamientos nuevos y en el caso de la Generalitat podría ser las competencias propias, prisiones, policía y tráfico, que la mayoría de regiones no tienen transferidas. Ofrecer al Govern una "revisión" de la financiación de estas competencias, que se acerque a sus exigencias de reconocimiento de sus particularidades.

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Ya fue posible con la petición catalana de quita de deuda. El Ejecutivo nunca se cerró a condonar una parte, como también le pedía la Comunidad Valenciana. Pero parecía inclinarse por el criterio de compensar a las autonomías peor financiadas. Al final, accedió a hacerlo, pero por un concepto nuevo —los estragos de la gran crisis económica de 2008 en las cuentas autonómicas— que suponía un traje a la medida de Cataluña. Aunque la condonación es extensible al resto de regiones endeudadas a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) del Estado e incluso con créditos pendientes con el sector privado, el mecanismo se pactó con ERC para acordar la investidura de Pedro Sánchez en noviembre pasado.

Formalmente, aún no está abierto el debate sobre cómo el Gobierno puede reconocer la singularidad catalana sin quebrar el sistema, más allá de poder financiar mejor las competencias cedidas, y la propia Generalitat admite que su propósito es "interpelar al Estado" porque no hay margen real de negociación. Parece más un posicionamiento político de cara a las elecciones catalanas del próximo del 12 de mayo, que hace a ERC descender al planeta tierra frente al partido de Carles Puigdemont, anclado en la postura de que volverán a intentar la independencia.

Y la respuesta del Gobierno también es política. Lejos de contestar con alharacas ante una propuesta que, fuera de micrófono, aseguran que es inconstitucional, tratan de restarle importancia. ERC no es solo un socio estratégico, también un posible aliado para que el candidato de los socialistas catalanes, Salvador llla, llegue a ser presidente de la Generalitat. La fórmula de gobernabilidad a la que apunta la última encuesta (de noviembre) del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) del Govern.

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Pero, pese a que en Madrid todos los focos están situados sobre Puigdemont, desde ERC defienden que su verdadero contrincante es Illa. Y contra él, más que contra Junts, que en las últimas elecciones fue tercero, por detrás del PSC y de los republicanos, harán campaña. Utilizando el caso Koldo, la trama de comisiones en la compra de mascarillas en plena pandemia, cuando él era ministro de Sanidad, y el resto de armas a su alcance.

Illa, por supuesto, también irá al choque contra el independentismo con el convencimiento de que la voluntad de los catalanes es "pasar página" a una década perdida por el procés. Pero, a la espera de lo que deparen las catalanas, el Ejecutivo no quiere meterse en más líos. Si al final la legislatura tiene durabilidad, se intentará abordar la reforma de la financiación. Mientras tanto, si la Generalitat pide un concierto propio, el Gobierno hace oídos sordos y se limita a decir que el cambio en el modelo debe ser multilateral.