PAÍS
Agentes de inteligencia no esperan cambios sustanciales, debido al cuerpo normativo que se tramita en el Congreso y apuntan a que, si lo que se quiere es mejor seguridad, el camino no es la ANI, sino una agencia de inteligencia criminal.
El ejemplo es gráfico y fácil de entender: “Como tratar de tomar sopa usando un tenedor con un solo diente”. Así define un agente de inteligencia el proyecto de ley del área que, desde distintos sectores políticos, se espera que sea aprobado hacia mayo en el Parlamento.
Sin embargo, cinco agentes y exagentes de inteligencia consultados al respecto por El Mostrador se muestran no solo escépticos frente a ello, sino que apuntan también a que, en general, el mundo político no entiende sobre la materia ni sabe para qué quiere inteligencia, lo que se suma a los complejos propios de cada sector político.
Como lo explicó ayer el experto en seguridad Richard Kouyoumdjian, “la ley de inteligencia del 2004 se hizo para no tener inteligencia. La izquierda no quería que fuera una DINA y la derecha que no fuera la KGB, y al final quedó lo que tenemos hoy: nada. Una ANI sin presupuesto ni capacidad operativa alguna”.
En dicho sentido, la nueva ley parte, como recordó el diputado Francisco Undurraga –presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara–, en función de una moción presentada por el Gobierno de Sebastián Piñera en 2019 y que recibió una serie de indicaciones el año pasado, por parte de la administración que Gabriel Boric, que no generaron mucho entusiasmo ni en oficialismo ni oposición.
Hoy en día, entre otras modificaciones, se propone el cambio de nombre de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) a “Agencia de Inteligencia Civil” (ANIC), así como quitarle al director de esta la calidad de jefe del Sistema de Inteligencia, para lo cual se crea una Secretaría Nacional de Inteligencia. Amén de aquello, se propone la incorporación de Gendarmería, Aduanas, el Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Unidad de Análisis Financiero (UAF) al sistema de inteligencia, en forma permanente.
Undurraga dijo a El Mostrador que en la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputadas y Diputados se ha trabajado intensamente en los últimos seis meses, con el fin de mejorar el proyecto, sobre el cual espera que se pueda reiniciar su trámite el próximo mes.
Mientras ello sucede, los agentes y exagentes coinciden en que este debería contener varios elementos clave: la definición de qué tipo de inteligencia se quiere, la necesidad de que la ANI cuente con más personal y con facultades operativas, así como un aumento de personal en general en los demás organismos de inteligencia, dependientes de la PDI, Carabineros y las Fuerzas Armadas.
José Luis López, quien llegó a ser jefe operativo de la Jefatura de Inteligencia Policial de la PDI (Jenainpol), afirma que lo óptimo sería contar con un sistema de inteligencia como el que existe en España, agregando que hoy en día “la ANI es un estamento absolutamente académico, que acumula información y a partir de esa información genera reportes”, pero no tiene –a su juicio– facultades operativas ni tampoco puede, como sí en España, impartir instrucciones “a partir de lo que le informan las estructuras de inteligencia”.
Un ejemplo de eso, explica, es lo que sucede cuando se necesita realizar una escucha telefónica, la cual debe ser necesariamente diligenciada por medio de algún organismo de inteligencia (como la Dipolcar de Carabineros o la Jenainpol de la PDI), a diferencia de España, donde la estructura central de inteligencia no depende de otros para efectuar maniobras intrusivas.
En el mismo sentido, señala que la ANI debería ser “una real estructura del Estado de Chile, no del Gobierno”, agregando que recién cuando eso suceda, cuando deje de depender del Gobierno de turno, “se puede empezar a hablar de políticas criminales, porque las políticas criminales no son a cuatro años plazo”.
Un agente en servicio activo (quien por motivos obvios pide reserva de su nombre y a quien, para los efectos de este artículo, denominaremos “Agente 1”), el mismo que ejemplificaba la inutilidad del actual proyecto de ley con el intento de tomar sopa con un tenedor de un solo diente, señala al respecto que lo primero que es necesario precisar es para qué se requiere inteligencia: si es para disminuir la incertidumbre de las autoridades en la toma de decisiones o “si se quiere inteligencia para solucionar la seguridad pública, específicamente la seguridad interior”.
En dicho sentido, argumenta que si es ese el objetivo, lo más lógico sería crear una agencia de inteligencia interior, al estilo del MI5 británico, pues explica que “la función de la ANI es apoyar en la toma de decisiones. No tiene nada que ver con persecución penal y la verdad es que no tiene cómo hacerlo, pues no hay medios para ello”.
En efecto, la ANI posee una planta de funcionarios –entre personal de planta y prestadores de servicios– que no supera las 150 personas. De estas, buena parte cumplen labores administrativas, y es además un órgano extremadamente centralista. En la mayoría de las regiones hay un solo agente y, en algunos casos, son dos. En contraste –relata– la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) de Argentina posee cerca de cinco mil agentes.
Otro funcionario en servicio activo (“Agente 2″) indica, por su parte, que la escasez de personal no solo afecta a la ANI, sino que recuerda que antes de la “Operación Huracán” (el montaje contra líderes radicales mapuche, orquestado por Carabineros en 2017), la Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros (Dipolcar) poseía mil 400 oficiales y suboficiales.
Hoy, después de “Huracán”, indica, son cerca de 300, lo que afecta la cantidad y calidad de información que se recoge y que es posteriormente enviada a la ANI. Detalla que, a su juicio, la ANI necesita a lo menos 400 funcionarios más, no solo en Santiago y regiones, sino también en los países limítrofes, en los del Mercosur, en Estados Unidos, Europa y Asia.
Volvamos al “Agente 1”. Este agrega, además, que el debate sobre la necesidad de contar con más y mejor inteligencia, debido a casos como el secuestro del exteniente venezolano Ronald Ojeda, o la presencia de carteles mexicanos en Chile, es un malentendido, puesto que –precisa– “la inteligencia no investiga. Quienes investigan criminalmente son los organismos de persecución penal”.
En dicho sentido, añade que además existe un “gap” tecnológico importante. Otro agente (“Agente 3”) dice a El Mostrador que, en el caso de la ANI, “si hay escuchas de idiomas difíciles se debe subcontratar el servicio”, pues no existen traductores de idiomas clave en el tablero de la inteligencia chilena y mundial, como hebreo, árabe, francés, creole, chino, ruso o persa, entre otros. Pero el problema –agrega– es incluso más crítico, pues debido a ello “tampoco se puede leer diarios en idiomas difíciles o escuchar televisión o radio. Y ni siquiera hay un presupuesto fijo para idiomas”.
Pablo Zeballos, quien fue oficial de inteligencia en Carabineros y hoy es consultor en crimen organizado a nivel latinoamericano, señala al respecto que la nueva de ley de inteligencia debe, en primer lugar, “definir muy claramente cuáles son sus atribuciones, cuál es su objetivo y cuál es su institucionalidad”, preguntándose si la idea de crear una Secretaría de Inteligencia “sea de utilidad para lo que el país necesita hoy día”, sobre todo porque puede terminar duplicando funciones con la ANI.
En tal sentido, coincide con el “Agente 1”, en orden a que es necesario saber si la nueva estructura de inteligencia “la queremos para que analice fenómenos criminales que ocurren o si queremos una inteligencia que sea capaz de tener actividad prospectiva y de alerta en una multiplicidad de campos”.
Precisa que, más allá de eso, es impensable hoy que una agencia como la ANI siga sin tener capacidad operativa, y por ello señala que, como la formación en inteligencia es cara y costosa, en una primera etapa esa operatividad podría lograrse integrando a agentes de inteligencia de las policías o las Fuerzas Armadas, en modalidad de comisión de servicio, independientemente de los oficiales de enlace que cada agencia tiene en forma permanente en la ANI.
El punto complejo –detalla– está en que, si se hiciera algo así, “esa gente tiene que ser exclusivamente dependiente de la agencia y no de sus instituciones de origen”. En dicho sentido, apunta a que lo ideal sería “que existiera una agencia de inteligencia, como la ANI, que se dedicara a todo lo que tiene que ver con las amenazas exteriores, terrorismo, etc., y que también existiera una agencia de inteligencia enfocada en las amenazas del crimen organizado, que parece ser lo que más puede afectar hoy en día a una democracia”, sostiene.
