El Consejo de Ministros del 19 de diciembre de 2023 ordenó a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) la compra de hasta un 10% de Telefónica, un porcentaje que convertiría al Estado en el principal accionista, por delante de históricos como BBVA o CaixaBank o la recién llegada Saudi Telecom (Stc).

Sin embargo, desde el anuncio de la operación apenas se han conocido detalles sobre cómo se ejecutará la compra y cómo se van a pagar los casi 2.200 millones de euros que, hoy por hoy, costaría hacerse con un 10% de Telefónica a precios de mercado. En concreto, las acciones de la empresa han cerrado la sesión del jueves en los 3,87 euros tras caer un 0,41%. 

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Esos alrededor de 2.200 millones de euros suponen todo un reto económico para la sociedad pública. El coste de la entrada en Telefónica supera, por ejemplo, los algo más de 170 millones de euros que destinó para hacer con otro casi 10% de Indra hace ahora algo menos de dos años.

Por ello, una de las mayores incertidumbres que existen desde que se anunció la operación, y que hoy sigue sin resolverse, es de dónde sacará la sociedad estatal el dinero necesario para llevar a cabo el mandato encomendado por el Gobierno.

Presupuestos

Según las últimas cuentas anuales publicadas por la Sepi, correspondientes al ejercicio 2022, la tesorería de la sociedad estatal asciende a 454 millones de euros. Una cantidad que es insuficiente para cubrir el importe total de la operación Telefónica, por lo que deberá dotarse de fondos adicionales para ello.

Por el momento, ni la Sepi ni el Gobierno han querido hacer público el método de financiación, pero una de las alternativas con la que se especulaba era con la posibilidad de que la entidad pública recibiera una inyección de capital del Estado a través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). 

Sede de la SEPI.

A finales de febrero, Carlos Cuerpo, ministro de Economía, Comercio y Empresa, señaló, de hecho, que el Gobierno estaba estudiando los detalles sobre cómo realizar la financiación específica de la compra de hasta el 10% de Telefónica en paralelo a las negociaciones sobre los Presupuestos para 2024.

Unas negociaciones que este miércoles volaron por los aires como consecuencia de la decisión de Pere Aragonès, presidente de la Generalitat de Cataluña, de convocar elecciones anticipadas el 12 de mayo después de que el Parlamento tumbara sus cuentas para este año. 

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Desde el Gobierno, asumen que los comicios catalanes conllevarán un retraso notable en las negociaciones de los Presupuestos y, por tanto, en su aprobación. Por ello, ha decidido renunciar a ellos y optar por retrasar unos meses el diálogo con los grupos parlamentarios para lograr ya que puedan salir adelante los de 2025.

Un retraso que podría no encajar con la hoja de ruta fijada por el Gobierno para su vuelta al capital de Telefónica. Se daba por descontado que la compra de ese 10% iba a llevar varios meses. Sin embargo, si el Ejecutivo opta por financiar la operación vía presupuestos generales del Estado, no se cerrará hasta bien avanzado el año 2025. 

Deuda

La otra opción que tendría la Sepi es financiar la compra elevando su apalancamiento, ya sea a través de la emisión de deuda o el acceso a nueva financiación bancaria. Una alternativa que, tal y como están las cosas, sería más rápida que esperar a los PGE, pero también más costosa. 

Además, incrementaría considerablemente el endeudamiento de la sociedad estatal. Según las cuentas del ejercicio 2022, la deuda de la Sepi con las entidades financieras asciende a 3.040 millones de euros, de los que 2.165 millones de euros corresponden a préstamos y 875 millones a pólizas de crédito.

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Consultados por EL ESPAÑOL-Invertia, tanto la Sepi como el Ministerio de Hacienda, del que depende la sociedad estatal, han rehusado hacer comentarios sobre la operación. Desde el principio, el Gobierno dejó claro que el proceso se llevaría a cabo de forma discreta para evitar que tuviera impacto en la cotización de Telefónica.

En medio de todo este proceso, José Luis Escrivá, ministro para la Transformación Digital y de Función Pública, anunció a finales de febrero en el MWC la creación de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT). Un nuevo organismo que, entre otros objetivos, englobará las participaciones de la Administración en los sectores de telecomunicaciones e infraestructuras y servicios digitales.

Pese a la creación de la bautizada como 'Sepi digital', el Gobierno mantiene sus planes para Telefónica. La Sepi 'tradicional' es la que tiene el mandato de comprar las acciones, pese a que Escrivá reconoció que en un futuro tendría sentido que la participación del Ejecutivo en la operadora estuviera englobada bajo el paraguas del SETT.