Publicado: 01/03/2024 04:45
Actualizado: 01/03/2024 08:12
El Gobierno no encontró explicaciones en 2020 sobre los motivos por los que se adjudicaron 263 millones de euros por adelantado a FSC Select Products, el proveedor de confianza de Salvador Illa incluido en la denuncia de Anticorrupción. El grupo parlamentario Vox registró una pregunta escrita en la que hacía hincapié en las razones que llevaron al Ministerio de Sanidad a confiar a una compañía especializada en la fabricación de artículos de marketing para el sector de las bebidas alcohólicas la recepción de más de 500 millones de mascarillas en el peor momento de la pandemia.
En la respuesta escrita, a la que ha tenido acceso Vozpópuli, el Ejecutivo evita dar cualquier explicación. Sus explicaciones se limitan a apuntar que ha sido todo legal y los procedimientos de control de calidad que se seguían en aquellos momentos con proveedores chinos. Explican, por ejemplo, que las "adquisiciones de los productos" se realizaron por tramitación de urgencia, tal y como se prevé en el Real Decreto-Ley 7/2020, de 12 de marzo y en la Ley de Contratos del Sector Público para "hacer frente al covid-19".
El Gobierno aseguraba que se adoptaron "medidas para asegurar la calidad de los suministros realizados por el Ministerio, tanto en origen como en destino", pese a acudir a proveedores con nula experiencia en el sector sanitario y hasta oscuros antecedentes judiciales.
La cantidad adjudicada a la empresa de confianza de Illa multiplica por 7 la que se pagó a Soluciones de gestión y apoyo a empresas, por la que se investiga el cobro de presuntas mordidas por parte de Koldo García, mano derecha de José Luis Ábalos. Además, los más de 260 millones de euros se pagaron por adelantado y sin incluir el transporte, que corrió gratuitamente de la mano de Amancio Ortega (Inditex). El precio unitario por mascarilla en esta compra fue de 0,51 euros, un 20% por encima del mercado en aquellos momentos.
Una de las administradoras de FCS Select Products, Mayra Dagá, había sido condenada en 2016 por un delito de estafa agravada en una trama dedicada a vaciar los activos de empresas en dificultades. La empresaria llegó a aceptar diez meses de cárcel y el pago de la responsabilidad civil.
Lejos de centrarse en argumentos para defender la decisión del Ministerio de Salvador Illa, el Gobierno aporta una retahíla de explicaciones genéricas que nada tienen que ver con esta compañía en particular. Las preguntas formuladas por el exdiputado de Vox, Juan Luis Steegman, eran claras:
- ¿Por qué ha acudido el Gobierno a una empresa autorizada para la intermediación del comercio de productos diversos en lugar de a un laboratorio especializado en productos sanitarios y/o medicamentos?
- ¿Ha comprobado si para esta adjudicación está al día y al corriente de pago de todas sus obligaciones fiscales con la Hacienda pública, así como al corriente de pago de sus obligaciones y abono de cuotas de la Seguridad Social de sus empleados?
- ¿Qué criterio siguió el Ministerio de Sanidad para la adquisición de material sanitario por importe de 263 millones de euros, con precio unitario por mascarilla de 0,51 euros, precio superior al 20% del mercado actual?
- ¿Se ha fijado el margen de comisión que recibe la empresa adjudicataria del contrato antedicho por intermediación en la operación de compra y suministro del material sanitario?
El Gobierno no respondió a ninguna de estas cuestiones. En su lugar, se limita a explicar, en términos generales que para los productos procedentes de China se solicitaba "información de los lotes que se incluyen en cada envío y de los documentos de liberación del lote, así como de los resultados obtenidos en los controles de calidad realizados antes del envío con los suministros con destino España que se exigen al proveedor". También presume de haber suscrito "un contrato con AENOR en China para realizar un muestreo de los lotes que se envían y remitirlos a laboratorios chinos, a fin de verificar el cumplimiento de las normas".
Una apariencia de fiscalización que no se corresponde con la atención que recibió el proveedor de confianza de Salvador Illa. En la demanda interpuesta por el PP madrileño se subraya que "no consta que hubiese una comprobación, tal y como determina el Consejo de Estado o el Tribunal de Cuentas, de la correlación del objeto social de la empresa con el de los contratos, o su solvencia económica, a la hora de comprobar la idoneidad de la empresa para ser adjudicatario".
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Las mascarillas más carillas han hecho ricos a los que tienen más carilla.
¿Alguien duda de los 100 años de honradez socialista?
Lo de Illa ya se sabía en el 2020, no sé como le han votado los catalanes.
TRADUCIDO, el proveedor es de ILLA, y no dimite, y no va a la cárcel. desde el 1er. momento se sabe que ILLA, es el responsable de la pasta, y del "mariachi" SIMON, de la muerte de muchos españoles, si es que no se le puede catalogar de "genocida"
Supongo que nos darán alguna medalla, sin pensión, ojo, a los que llevamos meses, años incluso, soportando toda clase de calificativos como facha, carca, franquista, etc., por denunciar las andanzas de Illa, Simón, Petit Marlasque..., en definitiva todo el desgobierno de Fráudez... ¿verdad?
Pues no hijo, no. Seguirás PROSCRITO.
Le comento, el otro día estaba en un BAR, en el que ewl dueño (autonomo), dijo en voz alta. LOS SOCIALISTAS, desaparecieron, no se escucha a ninguno, decir que es SOCIALISTA. AZORRONAN
¿Cómo se va a comparar eso con el bolso de Todo a 100 de Rita Barberá?
Los nacionales tienen que aprender mucho de los rojos.
No se puede entender que con lo que se está sabiendo, el gobierno no haya dimitido, en cualquier país, medianamente democrático,esta ya habría pasado, es terrible todo lo que estamos viendo y, oiga, no pasa nada, estos sinvergüenzas se atrincheran en sus sillones, y acusan a los demás, no quiero ni pensar si esto pasara con un gobierno del PP, arderían las calles, las mafias sindicales estarían convocando una huelga general indefinida pero estan calladitos, es la desintegración del gobierno, todos los ministros del PSOE, en mayor o menor medida están implicados con el psicópata a la cabeza, pero siguen defendiéndolo, todo por el "líder", a ver si con un poco de suerte los vemos a todos en la cárcel de una santa vez....
Ojo, este iba de hombre serio. 263 millones de euros, suficiente para reconstruir esta España vaciada que tanto "les preocupa". No se puede ser más sinvergüenza. Todos a prisión, por favor.
La evidencia de las deslealtades del sanchismo, con la democracia y con España, rayan todos los límites. No podemos hablar de situaciones extremas para justificar en parte, que con las mascarillas estos malnacidos del sanchismo se forraran. Después, salían en las teles hablando de entregas y sacrificios, mientras, entre ellos, los sanchistas del progresismo, se burlaban presumiendo que estaban superando en ladronicios a los de los ERE de Andalucía, sus compañeros. Estamos hablando de mafias incrustadas en la política vendiéndonos progresismo, su progresismo con las alforjas bien llenas.
Lo analicemos desde el punto que queramos iniciarlo, la actual situación del sanchismo, es difícil encontrar en esta gentuza algo positivo. Ahora sabemos que la otra, la compañera de Pedro Sánchez, había aparcado los gimnasios gay del padre y la modosita en apariencia Begoña Gómez, también sacaba tajada.
Hoy de Koldo y su padrino Ábalos no toca hablar, dejémoslos aparcados para saber más cosas, ya más cosas hay y ninguna decente, claro está.
La empresa suministradora de Illa fue aconsejada por su equipo de expertos.