El Tribunal Supremo (TS) ha asumido la tesis del juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, quien considera que los hechos atribuibles a Tsunami Democràtic tras la sentencia del procés podrían constituir un delito de terrorismo. Por unanimidad –y en contra del criterio de la Fiscalía– la Sala de lo Penal decidió ayer abrir una causa penal para investigar por terrorismo al expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, al considerar que tenía “un liderazgo absoluto” sobre las acciones de la plataforma que alentó las protestas en Catalunya en el otoño del 2019.
El Alto Tribunal adoptó esta decisión tras analizar la exposición razonada que elevó el magistrado de la Audiencia Nacional, en la que exponía los indicios que había recabado para acreditar la presunta participación del expresident –y el diputado del Parlament catalán Ruben Wagensberg (ERC)– en los hechos investigados. Al estar ambos aforados, el Supremo cree “necesario” y “pertinente” que sean escuchados en sede judicial en calidad de investigados “con todos los derechos y garantías”. Y esto, por su condición de aforados, no puede hacerlo la Audiencia Nacional. El resto de imputados en la causa abierta por García-Castellón seguirán en este último tribunal.
Carles Puigdemont, el pasado mes de noviembre en Bruselas (JOHN THYS / AFP)
El auto pone todo el acento en Puigdemont, señalando que hay una “pluralidad de indicios” que demostraría “el dominio funcional del hecho, liderazgo absoluto, autoría intelectual y asunción de las riendas” por parte del expresident. Para los magistrados de la sala, el máximo responsable de la Generalitat pudo haber evitado acciones de Tsunami Democràtic “retirando su apoyo carismático”. Sin embargo, lejos de ello, según la exposición del Supremo, “animó a seguir con las acciones violentas” que se desarrollaron “con su conocimiento y consentimiento”. Y hacen suya la doctrina de los hombres de atrás. “En una organización delictiva, los hombres de atrás, que ordenan delitos con mando autónomo –pudiendo evitarlo– pueden, en este caso, ser responsables como autores mediatos, aun cuando los ejecutores inmediatos sean, asimismo, castigados como autores plenamente responsables”, dejan negro sobre blanco los magistrados.
Lee tambiénPuigdemont critica al Supremo: "Ya solo falta que me salga una cuenta secreta en Panamá"
El auto sostiene que el expresident gozaba de un “liderazgo absoluto” sobre las protestas tras la sentencia del ‘procés’
Siguiendo la estela de García-Castellón, el auto subraya que “desde el inicio” Puigdemont estuvo informado de la constitución “del grupo organizado para la subversión del orden constitucional y desestabilización grave de las instituciones democráticas”. En la resolución, el Alto Tribunal menciona las reuniones de las fechas previas al lanzamiento de Tsunami en las que el expresident estuvo presente.
La sala asegura no albergar dudas de que los hechos incardinan en un delito de terrorismo y aprovechan para lanzar un recado: “La afirmación que aflora en algunos políticos y medios de comunicación que solo las acciones de ETA o de la Yihad merecen ser tratados como terrorismo es incompatible con la definición que del terrorismo se deriva del actual art. 573 del Código Penal”. Los magistrados se apoyan en una decena de sentencias de terrorismo callejero: ETA, kale borroka...
Recurren al término de “terrorismo de baja intensidad” para englobar una ristra de delitos que presuntamente se cometieron durante los disturbios en octubre del 2019: detención ilegal o coacciones durante el bloqueo de la entrada y salida del aeropuerto de El Prat, –relata el auto– falsificaciones masivas y continuadas de billetes de avión para acceder a las instalaciones, lesiones y atentados contra la autoridad causados con instrumentos peligrosos como adoquines o barras de hierro y, por último, continúa el auto, delitos graves de daños patrimoniales continuados en las calles de Barcelona.
Lee tambiénJunts sigue negociando con el PSOE la amnistía pese a la causa del Supremo por terrorismo
Gamarra del PP : “El Estado de derecho en nuestro país no lo puede comprar Pedro Sánchez”
La sala que preside el juez Manuel Marchena no termina el auto sin dejar plasmada su absoluta discrepancia con la teniente fiscal del Tribunal Supremo que rechazó la acusación de terrorismo contra Puigdemont, al considerar que García-Castellón se basaba en “meras conjeturas o sospechas”. Los magistrados cogen el guante de la junta de fiscales de sala que sí acordó –por 12 votos a tres– investigar Tsunami como terrorismo. Para la sala, la teniente fiscal realizó en su escrito “una subjetiva interpretación” de los indicios, de manera aislada. “La fuerza probatoria de la prueba indiciaria procede precisamente de la interrelación y combinación de los mismos, que concurren y se refuerzan respectivamente, cuando todos ellos señalan racionalmente en una misma dirección”: investigar por terrorismo a Carles Puigdemont.
La noticia cayó como una bomba en el Congreso, donde, una vez finalizado el pleno, los corrillos entre diputados y periodistas ya habían virado hacia la tramitación de la ley de Amnistía que regresará al hemiciclo la próxima semana con no pocas dosis de optimismo entre las partes implicadas al constatar los avances que, lejos del ruido que acompañó la intentona fallida de enero, se están produciendo en los últimos días para tratar de cristalizar antes de la fecha tope fijada para el 7 de marzo.
La decisión del Supremo, no obstante, desbarató las conversaciones informales en el patio de la Cámara Baja a la misma velocidad con la que los diputados socialistas aún presentes empezaron a enfilar la puerta de salida para desaparecer de la escena.
Lee tambiénEl PSOE guarda silencio sobre la decisión del Supremo aunque no esconde su malestar
El Alto Tribunal asumirá también la investigación al diputado de ERC Ruben Wagensberg
Ferraz había dado la orden de guardar silencio, y los socialistas la cumplieron a rajatabla como demuestra el hecho de que no hubo en toda la tarde noche de ayer una sola valoración pública, por lo que el sentir del partido tuvo que pulsarse en privado. Y ahí es donde los escasísimos mensajes dejaron entrever un importante malestar con la decisión y, sobre todo, con los tiempos manejados con el Supremo.
“Esto ya no es casualidad, es otra cosa”, apuntó tímidamente un dirigente socialista al abandonar la carrera de San Jerónimo. Una primera reacción captada por La Vanguardia a la que siguieron otras aún más elocuentes recogidas por la Cadena Ser entre algunos miembros de la ejecutiva federal del PSOE: “¿Cómo se llama esto que hacen?” o “el Supremo podría montar un partido o sentarse directamente en la bancada de la derecha”.
Quien sí compareció públicamente fue Cuca Gamarra. La secretaria general del PP señaló que el acuerdo del Tribunal Supremo para investigar a Puigdemont demuestra que “el Estado de derecho en nuestro país no lo puede comprar Pedro Sánchez y es mucho más fuerte que el Gobierno”.
Lee tambiénRuben Wagensberg se marcha a Suiza por la presión judicial por el caso Tsunami: "Siento pánico"
Muestran su absoluta discrepancia con la teniente fiscal que rechazó la acusación de terrorismo
Tras esta decisión, Gamarra volvió a reprochar al presidente del Gobierno que pretenda amnistiar a aquellos que “son corruptos y están imputados por terrorismo a cambio de mantenerse en el poder”.
“La ley de Amnistía es un absoluto ejercicio de corrupción política”, añadió la dirigente riojana para advertir a sus impulsores de que “el Estado de derecho funciona y no lo podrán frenar, porque es más fuerte que Pedro Sánchez”.
La protesta de El Prat no puso en peligro la seguridad
Una de cal y una de arena. La Agencia de Seguridad Aérea ha remitido un nuevo informe al juez García Castellón en el que asegura que no tiene constancia de que la manifestación de Tsunami en el aeropuerto de El Prat pusiera en riesgo las operaciones. Por el contrario la Guardia Civil señala que la atención al turista francés que falleció de un infarto aquel día se retrasó una hora por la manifestación. Esa protesta es una de las bases de la acusación de terrorismo.