Uruguay fue innovador en 2022 al emitir al mercado global un bono indexado a indicadores de cambio climático -que tiene una reducción de la tasa de interés que paga si el país sobrecumple esas metas- conocido como “bono verde”. Ahora, expertos financieros internacionales hacen una propuesta similar, pero en relación a indicadores democráticos.

Los analistas afirman que Uruguay tiene la oportunidad de ser pionero en la emisión de “bonos de Estado de derecho o democracia”, lo que sería beneficioso para su economía y para el sistema político, además que llevaría a que otros países sigan sus pasos.

Chile y Costa Rica -que junto con Uruguay son los únicos tres países de región con democracia plena, según diversos rankings- estarían también en condiciones de hacerlo, según estiman.

La propuesta fue manejada en el foro “Influencia de Wall Street en las democracias de América Latina”, organizado por Diálogo Internacional en Washington D.C, la capital de Estados Unidos.

“Hace unos 20 años los bonos verdes o vinculados al comportamiento ESG (factores ambientales, sociales y de gobernanza) no existían, ni siquiera se mencionaban. Lo mismo está pasando ahora con la creación de bonos que recompensen cumplimientos democráticos. Se ve difícil, pero son posibles”, afirmó el economista Marcos Buscaglia, fundador de Alberdi Partners de Argentina, experto en mercados financieros.

“Los bonos ESG no aparecieron porque Wall Street se volviera amable con el medio ambiente, sino por las presiones hacia ese rumbo de inversores y grupos activistas, a las que tuvieron que responder”, señaló. Y agregó que en relación a los “bonos democráticos”, el mundo financiero se encuentra hoy donde estaba el movimiento verde hace 20 años, pero se podría acelerar.

Nicolás Saldías, analista senior de The Economist Intelligence Unit (EIU), planteó la creación de un instrumento con estas características, como incentivo para mayores inversiones en reformas que mejoren el estado de derecho y la gobernanza en esta región, que actualmente están en riesgo en varios países. “La mejor manera de promover el reforzamiento democrático es que los países emitan bonos, créditos o préstamos vinculados a esos objetivos”, afirmó.

Saldías planteó asimismo que Uruguay, Chile y Costa Rica deberían recibir algún beneficio de los mercados globales y de los principales países del mundo (entre ellos, EE.UU., Canadá y algunos europeos) por sus índices de democracia. “También deberían tener acceso preferencial a sus mercados”, acotó.

Siguiendo la analogía con los “bonos verdes”, hay que recordar que la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, solicitó en repetidas oportunidades que los organismos internacionales tuvieran en cuenta el cumplimiento ambiental de los países en sus cálculos de deuda (donde Uruguay destaca).

No obstante, para que los “bonos democráticos” sean una realidad se requieren indicadores medibles. Acá entra la dificultad sobre qué es lo que se considera “democracia”, pero los panelistas coincidieron en que sí es posible la medición (más allá de que la dimensión de la democracia puede ser discutible). En esa línea, Buscaglia trajo a colación los Exchange Traded Funds (ETF). “Hoy, con un click se puede elegir ETF expuestos a acciones de mercados emergentes que excluyen el conteo de países no democráticos. Solo con un click”, reafirmó.

Otra propuesta de Saldías fue que los grandes inversores mundiales (ya mencionados) deberían revisar sus acuerdos de libre comercio y explicitar en estos que los firmantes cumplan con determinados requisitos democráticos.

A su entender, la revisión debería pasar no solo por los TLC, sino por otros acuerdos de inversión. Y Wall Street (“que generalmente no mira dónde va el dinero, si va a países democráticos o no”, afirmó), también debe hacerlo. Es decir, hay que ir más allá de las regulaciones, coincidieron.

Los panelistas piensan que este es un buen momento para adoptar esta iniciativa, ya que muchos inversionistas perdieron el dinero que habían colocado en Rusia (una economía comprometida por la guerra con Ucrania) y en China (con restricciones por el covid y un crecimiento más enlentecido últimamente), por lo que quieren ser más cuidadosos e informarse más sobre adónde va su dinero.

Los expertos apuntaron que, históricamente, Wall Street -o las inversiones en general- no han mirado si los países son democráticos o no, sino que buscan retornos financieros, desde un ángulo pragmático. Pero, la rapidez del colapso de economías mundiales lleva a que ese indicador sea más tenido en cuenta al invertir, dado que el riesgo es más palpable.

“Los mercados no siempre discriminan entre gobiernos democráticos y autócratas, o si se violan o no derechos humanos, pero la narrativa está cambiando. Hay que ayudar a que el discurso cambie, como ocurrió con el ESG”, dijo Tamara Taraciuk, directora del Programa de Estado de Derecho de Diálogo Interamericano, y moderadora del evento.

Philippe Bolopion, director gerente de la compañía de gestión de activos Tobam, comentó que sus clientes consideran más el factor ambiental en relación a las empresas en las que eligen invertir, aunque no tanto los factores de democracia y derechos humanos. Es por ello que su firma ha desarrollado una “nueva estrategia de inversiones”, en la que se consigna a las autocracias como factor de riesgo explícito, en el entendido de que hay que “educar” más a los clientes en materia financiera (ver aparte).

Romina Bandura, senior fellow del Centro de Estrategia y Estudios Internacionales en Washington, dio un paso al frente al reconocer que Wall Street tiene un rol importante en financiar sobre todo bonos soberanos y compañías, pero “no es el único” player.

“Los mercados han cambiado drásticamente y una de las tendencias es la gran inversión de China en América Latina. Ese país no solo invierte en socios de esta región como antes, sino cada vez más en sectores estratégicos, como petróleo y minería”, afirmó, no sin advertir que el régimen de China dista mucho de ser democrático.

“Mucha gente invirtió masivamente en China hace unos años y están arrepentidos hoy. Invirtieron porque vieron el crecimiento potencial de ese mercado, pero si uno mira los balances, casi no tuvieron retorno. La riqueza que se generó en China casi no volvió a los inversores en el mercado de valores. Lo mismo pasó en Rusia en los últimos años”, afirmó Bolopion, según la experiencia con sus clientes.

Generalmente se habla de riesgo financiero, pero el riesgo geopolítico está tomando una mayor dimensión, y analistas estiman que así seguirá el mundo: con conflictos más intensos y de mayor duración, que afectarán los capitales.

“Hace dos décadas no había activos administrados bajo mandatos ESG. Ahora US$ 1 de cada US$ 2 en manos de inversores profesionales en Europa se administra a través de algún mandato de ESG; en EE.UU. es US$ 1 de cada US$ 3”, afirmó Buscaglia. Y entusiasmó a que se intente lograr algo similar con los “bonos indexados a la democracia”.

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