La Eurocámara votará que la inmersión en Cataluña incumple la Constitución y los Tratados de la UE

Según las recomendaciones del documento, el sistema incumple la Constitución Española, el Tratado de la Unión Europea (TUE), la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión, el Tratado de Funcionamiento (TFUE) y hasta las recomendaciones del Consejo de la Unión.

Por eso, el texto presentado este jueves por la ponente, la liberal estonia Yana Toom, reclama a la Comisión -guardiana de los Tratados- que "tenga en cuenta estos resultados en su próximo informe sobre el Estado de Derecho". 

Según el texto [léalo aquí completo, en PDF], si "el derecho a recibir la enseñanza en castellano está recogido en la Constitución Española en su artículo 3", la Eurocámara "considera que el sistema educativo en Cataluña debe dar el mismo tratamiento tanto al castellano como al catalán como lengua vehicular de la enseñanza".

El documento recuerda que "el respeto de la diversidad lingüística y cultural es una de las piedras angulares de la UE consagrada en el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea y que toda discriminación basada en la lengua está explícitamente prohibida en virtud del artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales". Y por ello, el Parlamento Europeo "pide a las autoridades regionales y nacionales competentes que velen por que no se discrimine a los niños".

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Exige a las autoridades educativas que "garanticen que los alumnos con necesidades especiales puedan estudiar en su lengua materna [...] si sus familias así lo desean, de acuerdo con las recomendaciones del Consejo".

Además, solicita a la Comisión tres cosas. Primero, que informe sobre sus acciones respecto a peticiones anteriores similares a éstas bajo estudio. Segundo, que "siga de cerca la forma en que se aplica en Cataluña el artículo 165 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, especialmente en relación con el respeto de la diversidad cultural y lingüística". Y tercero, como ya se ha reseñado, que "tenga en cuenta estos resultados en su próximo informe sobre el Estado de Derecho".

Derechos fundamentales

Y aquí está la clave que más puede afectar de manera concreta a España. Socialistas (PSOE), Verdes (ERC) y No Inscritos (Junts) no sólo trataron de torpedear la presentación del informe, este miércoles. También alegaron que la misma misión no tiene sentido porque "la UE no tiene competencias en Educación".

Por su parte, los otros grupos defendieron que esta misión no trataba de eso, sino de "derechos fundamentales" e incluso de "derechos del menor y de personas en situación de vulnerabilidad, como los niños con necesidades especiales", especialmente protegidos.

En ese ámbito, el de la defensa de los derechos fundamentales amparados por el Estado de derecho, el incumplimiento de sentencias como la del Tribunal Supremo exigiendo un mínimo del 25% de enseñanza en español pone a España en el punto de mira de todas las instituciones comunitarias.

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Más aún, cuando el incumplimiento del fallo del Supremo se ve ayudado por dos circunstancias denunciadas por el informe: la "falta de acción de las autoridades", que denuncia el documento; y "el Decreto Ley 6/2022 y la Ley 8/2022 aprobados por el Parlamento catalán" para impedir la aplicación de la sentencia del Alto Tribunal.

De hecho, en octubre de 2022, el comisario de Justicia, Didier Reynders, ya se lo recordó a la cara a Pere Aragonès, en una reunión en Bruselas, que el president había pedido para denunciar la supuesta persecución al independentismo por el Estado español.

Es decir que, por un lado, "hay que cumplir las sentencias de los tribunales".

Por otro, que el Estado de derecho está consagrado en el artículo 2 del TUE como uno de los "valores" en los que "se fundamenta la Unión", junto a los de "dignidad humana, libertad, democracia, igualdad y respeto de los derechos humanos".

Y finalmente, que este imperio de la ley está defendido por varios mecanismos en la Unión. Uno de ellos es la denuncia por parte de la Comisión ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), más largo. Y otro, el Mecanismo de Condicionalidad, que es más inmediato y podría suponer a España la congelación de todos o parte de los Fondos de Recuperación.

Y este último lo activa, precisamente, el mismo Parlamento Europeo que votará el informe en las próximas semanas.

El documento

El documento resume los tres días de visita a Cataluña, entre el 18 y el 20 de diciembre de 2023, y sus reuniones, encuentros y visitas. Después, se establecen unas conclusiones y, finalmente, se enumeran 15 recomendaciones a las autoridades españolas (nacionales y regionales) y a las europeas (tanto a la Comisión como al Consejo).

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Los eurodiputados se reunieron con los peticionarios, familias y asociaciones que denunciaban que "en España, hay regiones donde no se puede estudiar en la lengua materna del alumno, que es la oficial del Estado". O que, incluso, los niños sufren "acosos y discursos de odio"; sus familias "desconfianza e incomunicación de la Administración"; sus derechos "no son cumplidos al no aplicarse las sentencias", y además, ni los defensores del pueblo ni la Alta Inspección "hacen nada" por ampararles.

Todo eso lo da por constatado el informe firmado por Toom, quien dio una rueda de prensa antes de abandonar Barcelona aquel 20 de diciembre, destacando su sorpresa por que en su país "quien quiere estudiar en ruso, puede hacerlo, y aquí [en Cataluña] no pasa eso".

El proceso

Los miembros de la Comisión PETI, presidida por la popular española Dolors Montserrat, tienen ahora de plazo hasta el 1 de marzo para presentar enmiendas al demoledor documento. Tras ellas, el informe definitivo se somete a votación en la Comisión el próximo 19 de marzo y, finalmente, pasa a pleno. 

Pero hay un detalle importante que explica por qué se puede decir que la posición de la Eurocámara será la de denunciar al Reino de España por la vulneración de los derechos fundamentales de los niños y de sus familias en el ámbito de la enseñanza en Cataluña.

Por un lado, las 15 recomendaciones del documento de trabajo ya son durísimamente esclarecedoras. Y por otro, hay una mayoría conformada por los grupos del centro y las derechas que, consultados por este diario, ya anuncian enmiendas para endurecer el texto.

Así lo confirman a este diario miembros de PETI del Partido Popular Europeo (PP); de los liberales de Renew, que incluye a Ciudadanos; y de ECR, donde se sienta Vox.

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La clave está en el funcionamiento habitual de esta comisión europarlamentaria: los asuntos que trata son, casi siempre, peticiones de amparo a la UE frente a situaciones que ocurren en un Estado miembro y, por tanto, los eurodiputados suelen votar en bloque, según la posición de sus compañeros de partido en el país afectado.

Y, según esa lógica, la votación la tienen ganada los partidos que son oposición en España: PP, Cs y Vox, los tres enfrentados al independentismo catalán y los tres contrarios a los pactos del PSOE de Pedro Sánchez con Esquerra, con Junts y el resto de nacionalistas e independentistas que lo sostienen en Moncloa.

Así, populares, liberales y la derecha extrema de Vox reunirían un total de 23 votos, frente a los 10 que sumarían Socialistas, Verdes y La Izquierda. Ni agregando a los otros ocho integrantes -los No Inscritos (similar al Grupo Mixto) junto a una improbable unanimidad de los miembros de la derecha radical lepenista de Identidad y Democracia (ID)- podrían evitar la aprobación del informe.