Los fiscales se rebelan y acusan a García Ortiz de "maniobrar para salvar al Gobierno"

Muchas cosas de este año 2024 recuerdan sin remedio a los momentos más tensos del procés. Como si la amnistía hubiera servido para convocar viejos fantasmas, los sucesos de entonces se hicieron carne de nuevo este martes en la sede de la Fiscalía General del Estado. En una de las juntas más crispadas que se recuerdan, 15 fiscales del Tribunal Supremo se reunieron para analizar los disturbios impulsados por la plataforma Tsunami Democràtic. La inmensa mayoría de ellos -también los progresistas- coincidió en apoyar que el alto tribunal abra causa contra Carles Puigdemont y lo haga por terrorismo. Pese a todo, es muy improbable que sea ese el criterio que acabe presentando la Fiscalía General del Estado, que lidera Álvaro García Ortiz. La sensación es muy parecida a la de un equipo que golea al contrario, pero después ve cómo al final del encuentro le roban el partido.

Con ese sabor agridulce en la boca, aquellos que lograron dar la vuelta al informe original que salvaba a Puigdemont se revuelven ahora contra el fiscal general. "Se trata de una maniobra para salvar al Gobierno", resume uno de ellos el desenlace final. La amargura viene provocada por la decisión adoptada tras la junta. Los dos fiscales jefe discreparon sobre el caso y, gracias a un artículo del estatuto fiscal que, según muchos, no se ha empleado apenas desde su redacción, el criterio sobre el asunto que más preocupa al expresident de Cataluña queda ahora en manos de la valoración que efectúe la número dos del Ministerio Público, designada en su día por Dolores Delgado y de la máxima confianza de García Ortiz. "No será, sin duda alguna, el mayoritario", apunta otra de las fuentes consultadas.

Curiosamente, esa misma lectura efectuó el Gobierno solo unos minutos después de que trascendiera el resultado de la deliberación. Con la atención de Junts concentrada en cada movimiento, el Ejecutivo se apresuró a aclarar que la última palabra "la tiene quien la tiene", porque la Fiscalía es un órgano "jerárquico". Fuentes de la Fiscalía General recuerdan que García Ortiz tenía la opción inicial de encargar el dictamen a quien considerase y, así, teledirigirlo. También de someterlo a la valoración previa de los fiscales de Sala, donde el respaldo hubiera sido más sencillo. No lo hizo —aseguran— con la intención de permitir una libertad de criterio que ha acabado volviéndose en su contra. Destacan, además, que la decisión de dejar la resolución definitiva a la teniente María Ángeles Sánchez Conde se dejó al criterio de los cuatro fiscales jefe de lo penal. Las acusaciones de "maniobra" son injustas, añaden.

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Y es que, pese a que la victoria del grupo de fiscales que inclinó la balanza no ha sido completa, la situación del fiscal general es delicada. Se encuentra atrapado entre dos fuerzas opuestas de presión. Por una parte, los números de la votación llevada a cabo en la junta, que fueron demoledores. Solo una persona, uno de los dos fiscales jefe, Joaquín Sánchez Covisa, apoyó sin fisuras la tesis original en la que se defendía que no existen ni pruebas suficientes contra Puigdemont ni de que los actos de Tsunami encajen con el delito de terrorismo. Por otra, el foco de la Moncloa, que se encuentra con que el órgano que espera controlar resulta bastante incontrolable y que espera una solución que deje menos en evidencia a Pedro Sánchez, que lleva días proclamando que "el independentismo catalán no es terrorismo".

La tercera vía, sin terrorismo

Con estos dos factores, lo más probable es que la decisión final trate de ser (o aparente ser) salomónica. Una tercera vía, una solución intermedia, que no sea la que intentó defender sin suerte ninguna el fiscal Álvaro Redondo, pero tampoco la que apoyaron sin fisuras más de una decena de fiscales. La conclusión más evidente es que la teniente puede optar por pedir abrir causa, pero no por terrorismo, y solicitar además que se exculpe a Puigdemont. Lo que está claro es que su escrito responderá a un criterio propio y diferente a ninguno de los defendidos hasta el momento.

Otra lectura es la de que el cambio de ponencia permite ganar tiempo en un momento en que la ley de amnistía ha quedado encallada, mientras que las investigaciones judiciales continúan avanzando. En el nuevo informe, se parte de cero, y la Sala Segunda no se pronunciará hasta que se presente. El tope para un nuevo texto de la norma que cuente con el aval del PSOE y Junts es el próximo 21 de febrero.

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El actual estado del texto, enmiendas incluidas, no protege a Puigdemont frente a una causa por terrorismo. Como ha ido publicando este periódico, la modificación incluida en la Comisión de Justicia por la que se amnistiaría el terrorismo salvo el cometido "de forma manifiesta y con intención directa" causando "violaciones graves de derechos humanos" deja a la interpretación de los tribunales la decisión y no le garantiza la gracia.

Tampoco lo hace la nueva propuesta que exploran los socialistas, que proponen limitar de nuevo —como ya hizo el PP— los plazos de instrucción para acortar instrucciones en marcha como la de Tsunami. Que la investigación sea más corta o más larga no determina su resultado. La amnistía se alarga y se embrolla y, de camino, queda cada vez más claro que no hay fórmula posible que garantice al expresident un perdón completo e inmediato.