El Ministerio de Hacienda va a publicar de «manera inmediata» los datos para que las regiones y expertos puedan calcular las balanzas fiscales. Y las cifras, por lo tanto, con las que Cataluña pretende demostrar el supuesto déficit fiscal de 22.000 millones de euros que, según las estimaciones de la Generalitat, sufre la región.
Fuentes del Ministerio de Hacienda así lo aseguran, al tiempo que subrayan que en ningún caso ofrecerán las cifras de las propias balanzas. Que no las calcularán, como sí hacía en el pasado, por lo que en las próximas semanas se sucederán los diferentes cálculos de las distintas regiones. El de Cataluña es fácil de adelantar porque es el que defiende el Ejecutivo catalán, y dado que no existe un único modelo para realizar las balanzas y que las cifras se pueden orientar hacia el resultado deseado, el independentismo catalán tendrá próximamente su déficit fiscal a la carta partiendo, eso sí, de datos oficiales.
Eso mismo es lo que subrayó ayer mismo el director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), Ángel de la Fuente, que es además uno de los mayores expertos en financiación autonómica. «Si el Gobierno cuelga los datos, habrá varias balanzas fiscales. Y ya sabemos lo que dirán las catalanas», explicó durante un encuentro informativo organizado junto a la Asociación de Periodistas Económicos (APIE). En cambio, «si lo hace el propio Gobierno, el resultado tendrá más calidad, ya que tendrá la posibilidad de acceder a más datos y, además, no estará renunciando a su obligación de hacer pedagogía», insistió.
Pero esto, ya se ha dicho, está descartado en Hacienda. «Haremos un ejercicio de transparencia publicando los datos», sostienen en el departamento de María Jesús Montero, al tiempo que exponen que no quieren entrar en lo que, sin duda, va a ser una guerra de cifras. El resultado final de las balanzas depende de muchas variables y de cómo se interpreten numerosas variables. Y la publicación de los datos para hacer estos cálculos es uno de los acuerdos que Junts arrancó al Gobierno a cambio de votar a favor de los decretos anticrisis, fruto de una insistencia que no hace más que evidenciar cuál es el resultado hacia el que se orientarán los cálculos catalanes.
«El discurso de Cataluña es como si los ciudadanos de renta alta dicen que, como pagan más impuestos, quieren mejores servicios públicos», incidió De la Fuente. La región catalana, al igual que la Comunidad de Madrid o Islas Baleares, aportan más porque tienen más. Eso es la solidaridad interregional, y eso es lo que quieren romper Junts y ERC. Si se inicia «una deriva hacia un sistema de financiación autonómica a la carta», añadió el responsable de Fedea, se «privará al Estado de los recursos necesarios para ejercer con efectividad sus funciones esenciales, incluyendo la de garantizar la cohesión social y territorial».
Y ese mejor trato a Cataluña se uniría al que ya presentan País Vasco y Navarra, algo a lo que De la Fuente también hizo alusión. Por una parte, propuso la «participación efectiva de las comunidades forales en los mecanismos de nivelación o solidaridad interterritorial». Esto es, que aporten más.
Por otro, «terminar con la opacidad del sistema» del cupo. «Debería publicarse un cálculo detallado y razonado de la valoración de las cargas no asumidas utilizada para la fijación del cupo y la aportación, así como de los ajustes a consumo de los impuestos indirectos, y abrir una amplia discusión pública sobre el tema», incidió. En otras palabras: que existe la sospecha de que el cupo es «fruto de un acuerdo político» entre el Estado, País Vasco y Navarra, y no de un cálculo real de cuál es el coste de los servicios que sigue desarrollando el Gobierno central. Pero la realidad es que se antoja muy poco probable que alguna de las dos peticiones de Fedea se lleven a la práctica.
De la Fuente, que ha publicado la serie especial Food for thought: aportaciones al debate sobre políticas públicas, también abordó los problemas y necesidades del modelo de financiación autonómico, que lleva 10 años caducado y que el Gobierno quiere reformar próximamente. Uno de los primeros pasos de ese proceso, propuso el responsable de Fedea, debería ser la creación «de un fondo transitorio de nivelación para complementar la financiación de las CCAA que están por debajo de la media».
Estaría financiado «con recursos estatales que luego se integrarán en el sistema», tendría un coste de 3.000 millones y beneficiaría íntegramente a las regiones más infrafinanciadas: 1.409 millones para Andalucía, 1.148 millones para la Comunidad Valenciana, otros 405 millones para la Región de Murcia y finalmente 315 millones más para Castilla-La Mancha.
«Este fondo complementaría los ingresos de aquellas comunidades de régimen común que están por debajo de la media de ese grupo en términos de financiación. Se mantendría operativo hasta que se completase la reforma del modelo de financiación autonómica», expone el documento de Fedea.