El fiasco del impuesto a los ricos: de la escasa recaudación a la batalla política

El impuesto a grandes fortunas acaba de cumplir un año en vigor rodeado de la polémica y ha obtenido una recaudación muy por debajo de los objetivos previstos. Hacienda preveía no prorrogar el impuesto a grandes fortunas pero no porque considerara que ha fracasado sino al revés, porque cree que ha sido un éxito. Es lo que trasladaban fuentes próximas a la ministra hace dos semanas preguntadas por el futuro de un impuesto que está en vigor hasta el 31 de diciembre.

Un planteamiento sorprendente si se tiene en cuenta que María Jesús Montero anunció el 20 de septiembre en Bruselas que el impuesto seguiría y en los planes de Hacienda estaba incluso endurecerlo. "Ya ha cumplido su cometido, las comunidades han reactivado Patrimonio" es el argumento del Fisco.

Finalmente, este miércoles Moncloa, que primero había señalado que el impuesto no se prorrogaba, ha confirmado que sigue mientras no se reforme la financiación autonómica.

No prorrogar el impuesto planteaba un escenario complejo para las comunidades contra las que se dirige: Madrid y Andalucía, que van recuperan en 2024 el Impuesto de Patrimonio para que esta recaudación no la ingrese el Estado, el objetivo que movía al Gobierno.

Y es que el impuesto a grandes fortunas calca el Impuesto de Patrimonio pero sólo se activa si una comunidad lo tiene bajo o completamente bonificado. Su recaudación se la lleva el Estado, precisamente para incentivar que las autonomías tengan un Impuesto de Patrimonio potente.

Por eso la Comunidad de Madrid anunció el pasado 7 de noviembre que reactivaba el Impuesto de Patrimonio, que suprimió Esperanza Aguirre en 2008, una vez que el Tribunal Constitucional (TC) ha avalado el impuesto a grandes fortunas. Lo hace para que el Estado no lo ingrese.

La explicación de Hacienda sobre por qué no preveía prorrogar el impuesto dejaba poco margen de maniobra a las comunidades. Si el próximo enero o a lo largo de 2024 suprimían la reactivación de Patrimonio que acaban de aprobar porque el Gobierno central no ha prorrogado el impuesto de grandes fortunas, su victoria podía ser pírrica y no tendrían certezas. Cabe recordar que el TC ha avalado el impuesto a grandes fortunas que se aprobó el 21 de diciembre de 2022 con efectos desde enero de 2022.

Es decir, el Gobierno puede reactivar el impuesto cuando quiera. Si lo hace el 31 de diciembre de 2024 con efectos desde enero de 2024, será constitucional.

Estos eran los planes de Hacienda el 12 de diciembre, a la espera de ver qué margen de maniobra tendría si Sumar, ERC o Bildu torpedeaban esta iniciativa porque no aceptan el titular de no mantener el impuesto a los ricos.

El 18 de diciembre fuentes próximas a Yolanda Díaz mostraban su rechazo a que el impuesto a grandes fortunas no se prorrogara y este miércoles el Ministerio de Trabajo se ha atribuido que se mantenga.

Antes de la investidura y del TC

El 20 de septiembre, antes de que Pedro Sánchez fuera investido y de que el TC avalara el impuesto a grandes fortunas, Montero declaró en Bruselas que el impuesto a grandes fortunas sería permanente. Que mientras se buscaban posibles figuras en el debate sobre la financiación autonómica se mantendría. En este marco, este impuesto temporal para 2022 y 2023 seguiría por lo menos un par de años más, ante la dificultad de negociar, tramitar y completar una reforma de la financiación autonómica, aunque hubiera voluntad de hacerlo. Un escenario en el que el impuesto podría quedar ya instalado en el sistema como ocurrió con el Impuesto sobre el Patrimonio, que nació en 1977 como "excepcional y transitorio".

El 7 de noviembre el TC rechazó el recurso de la Comunidad de Madrid contra el impuesto. Le ha seguido el de Andalucía, y en cola se encuentran los de Galicia, Murcia y la Asamblea de Madrid.

Hacienda ya había advertido de que valoraría hacerlo permanente, lo que se incluyó formalmente en el texto. La enmienda de los Grupos Socialista y de Podemos que introdujo el impuesto a grandes fortunas en la proposición de ley que creaba los impuestos a banca y energéticas en noviembre de 2022 estableció que se analizaría. El impuesto está en vigor en 2022 y en 2023 y el próximo 31 de diciembre morirá si no se prorroga. El ejercicio 2023 se pagará en julio de 2024. En 2022 sólo ha recaudado 623,6 millones de 1.500 previstos en gran parte por un error de Hacienda en su redacción.

Cambios de opinión con banca y energéticas

Los impuestos a banca y energéticas también han sufrido varios cambios de opinión del Gobierno. De asegurar a principios de noviembre que las energéticas seguían con beneficios disparados a anunciar en la primera semana de diciembre que se va a "rediseñar" el impuesto porque el escenario ha cambiado y ya no hay tales beneficios, ante las amenazas de Repsol, Iberdrola y Endesa de llevarse inversiones fuera de España.

El problema es que el PSOE ha pactado con Sumar en la investidura hacer permanentes los impuestos a banca y energéticas y Montero declaró en octubre que incluso se planteaba endurecerlos. Esto quiere solventarlo haciendo permanente el impuesto a energéticas pero con incentivos a la inversión, en la línea que proponían enmiendas del PNV y PDeCAT que no se incorporaron.

Aunque Hacienda ha asegurado que el impuesto a la banca no se va a tocar, lo que fundamenta en que este sector no maneja inversiones similares que peligren, la todavía vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, ha abierto la puerta a rediseñarlo también. Y lo ha hecho en la antesala de mantener su última reunión con las entidades financieras y de incorporarse ella misma a la Presidencia del Banco Europeo de Inversiones (BEI).

Finalmente, el Gobierno prevé que los impuestos sigan sin cambios según está previsto pero planea introducir incentivos a la inversión en el de energéticas en los Presupuestos de 2024.