Pedro Sánchez y Pere Aragonès se inclinan ante la señera, antes de su reunión en el Palau de la Generalitat.

Pedro Sánchez y Pere Aragonès se inclinan ante la señera, antes de su reunión en el Palau de la Generalitat. Europa Press

Política independentismo

Una ley obligará a aceptar escritos en catalán en toda España y sacará el español de las aulas de Cataluña

Cualquiera podrá dirigirse en cualquier lugar a la Administración del Estado en catalán, euskera o gallego. Sánchez da un nuevo paso para que sean oficiales en la UE.

22 diciembre, 2023 02:45

La ley orgánica de garantía del plurilingüismo que Pedro Sánchez se ha comprometido a aprobar en las Cortes antes del próximo mes de junio no sólo permitirá que cualquier ciudadano pueda ser atendido en catalán, gallego o euskera (al menos de forma escrita) en toda la Administración General del Estado.

Al mismo tiempo, blindará el actual sistema de inmersión lingüística en las escuelas catalanas, según ha revelado el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, tras su reunión con Pedro Sánchez. 

Es decir, los padres seguirán sin poder elegir la lengua en la que se educan sus hijos en Cataluña y quedará sin efecto la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que garantizaba al menos el 25% de las clases en castellano.

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Tras la reunión "bilateral" de algo más de una hora celebrada este jueves en el Palau de la Generalitat, el presidente Pere Aragonès anunció en rueda de prensa que Sánchez se ha comprometido a aprobar en el próximo período de sesiones de las Cortes (que concluye el próximo mes de junio) la Ley Orgánica que garantizará ser atendido en cualquiera de las lenguas cooficiales (catalán, gallego o euskera) en toda la Administración del Estado. 

Esta norma, recalcó Aragonès, preservará además el actual "sistema educativo y el modelo lingüístico propio de Cataluña" en las aulas. 

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La Sección Quinta de la sala contencioso-administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ordenó en mayo de 2022 a la Generalitat "el cumplimiento inmediato" de la sentencia que obliga a impartir al menos un 25% de horario lectivo en castellano en todos los centros educativos de Cataluña.

Sin embargo, el Govern de Aragonés impulsó —con el apoyo del PSC, Junts y Comú Podem y PSC una ley sobre el uso y el aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria, para burlar esta sentencia.

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Con la nueva norma catalana, el castellano ha dejado de ser lengua "vehicular" en Cataluña (es decir, en la que se puede impartir cualquier asignatura) para ser sólo lengua "curricular" (correspondiente a la enseñanza de la asignatura de Lengua y Literatura Española).

Pedro Sánchez ha aceptado mantener ahora esta situación a través de una Ley Orgánica (las que desarrollan los derechos fundamentales de los ciudadanos), según ha explicado Pere Aragonès tras el encuentro.

La norma tendrá además una segunda consecuencia: facilitará que la Unión Europea adopte el catalán como lengua oficial en sus instituciones, algo que Pedro Sánchez no ha logrado durante el semestre de la Presidencia española de turno, debido a la oposición de varios Estados miembros.

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El reglamento de la UE sólo permite adoptar como lengua oficial de las instituciones, las que tengan esta consideración en los Estados. No ocurre así con el catalán, el euskera y el gallego, que según el artículo 3.2 de la Constitución sólo son lenguas "cooficiales" en sus correspondientes Comunidades autónomas (también lo es el valenciano en la Comunidad Valenciana y el catalán en Baleares).

La ley orgánica que Pedro Sánchez ha prometido a Aragonès institucionalizará la oficialidad de estas lenguas en toda España, sin modificar la Constitución, lo que puede ser un paso decisivo para que la UE decida finalmente adoptarlas. 

"Tenemos derecho a vivir plenamente en catalán", resumió el presidente de la Generalitat en su rueda de prensa, "eso pasa por que el Gobierno español deje de considerar el catalán como una cuestión ajena".

Pere Aragonès explicó que la nueva ley orgánica de garantía del plurilingüismo también debe garantizar el uso del catalán "en el ámbito de la Justicia especialmente, donde ha habido importantes dificultades para poder utilizarlo".

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A la espera de que la proposición de ley se registre en el Congreso, Aragonès no ha aclarado si esto supondrá que los juicios deban celebrarse con pinganillo en Cataluña, en caso de que alguna de las partes desee utilizar el catalán. O si todo el personal de Justicia en la región deberá acreditar un nivel determinado de conocimientos de catalán para poder desarrollar su labor, como en la sanidad.

Por otro lado, ha adelantado el president de la Generalitat, la nueva norma también servirá para "fortalecer la presencia del catalán en el ámbito audiovisual y en RTVE". El establecimiento de cuotas de catalán en los medios audiovisuales es una vieja aspiración de ERC.

Aragonés también ha advertido que todas estas medidas deben ir acompañadas de las correspondientes partidas económicas en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2024, que el Ministerio de Hacienda se dispone a negociar ahora con los socios parlamentarios del Gobierno.

Esta ley orgánica es uno de los tres compromisos que el PSOE adquirió en agosto con los independentistas de Junts y ERC para que apoyaran el nombramiento de Francina Armengol como presidenta del Congreso, junto al uso de catalán (así como del gallego y el euskera) en la Cámara Baja y en las instituciones de la UE.

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La misión de seis eurodiputados que esta semana han visitado Cataluña, en nombre de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, ha constatado que no se cumple la sentencia del TSJC (ratificada por el Supremo) que garantizaba el 25% de las clases en castellano.

"Lejos de ver una persecución del catalán, la impresión que sacamos es que aquí no hay bilingüismo, lo que hay es una operación para eliminar el castellano", señaló la jefa de la delegación, Yana Toom (del grupo liberal Renew), en declaraciones a EL ESPAÑOL.

El Grupo Socialista renunció a participar en la delegación europea, la Generalitat ha intentado boicotear sus labores y el partido de Carles Puigdemont ha exigido al Parlamento europeo saber cuál ha sido su coste, porque considera que se trata de "una misión ilegítima de eurodiputados conservadores cuyo único objetivo es desprestigiar a la escuela y la sociedad catalana".