El Govern metió comisarios políticos en las reuniones de docentes con europarlamentarios

La delegación de la Comisión de Peticiones (PETI) del Parlamento Europeo, que estuvo desde el lunes hasta este miércoles analizando la educación en Cataluña, se va decepcionada y con la sensación de que el Govern esconde algo: incluso envió inspectores de la Generalitat que tomaban la palabra cuando los eurodiputados preguntaban directamente sobre el sistema a los directivos de los centros que visitaban.

La guerra abierta desatada por el independentismo contra los eurodiputados ha puesto en la picota a los miembros de la comisión desplazados a Barcelona y ha proyectado una imagen de oscurantismo, imposición y ruindad. El boicot efectivo del propio Govern ha añadido una pátina de incomprensión.

“Hemos preguntado cuántos alumnos, en general, reciben en Cataluña el 25% de educación en castellano. Y sin respuesta, lo cual es rarísimo, si saben que viene una delegación del Parlamento Europeo”, se quejó la presidenta de la delegación, la estonia Yana Toom. La comisión estaba formada, además, por el alemán Peter Jahr, el polaco Kosma Zlotowski y la italiana Maria Angela Danzi. Como miembros acompañantes, Dolors Montserrat, Rosa Estaràs, Maite Pagazaurtundúa, Diana Riba y Jorge Buxadé.

Los miembros de la comisión se reunieron con padres que habían acudido a los tribunales para que se respete el derecho a que sus hijos puedan recibir el 25% de las clases en castellano. Pero también se vieron con sindicatos de la enseñanza, con la consejera de Educación, Anna Simó, con el Consell Escolar (controlado por el independentismo), con el Consell d’Avaluació (otro tanto de lo mismo), con la Fundació Bofill, con Somescola (la organización que reclama la enseñanza solo en catalán)… En resumen, consultaron a todas las partes.

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“El independentismo no puede tener queja. Los miembros de la comisión se han reunido con seis partes críticas con la inmersión y con 11 que están a favor del actual sistema educativo. Por tanto, no pueden tener queja alguna. Si dicen algo, es que no tienen vergüenza”, dice a El Confidencial una fuente de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), la entidad que reclama tradicionalmente los derechos de los padres que quieren escolarización bilingüe para sus hijos.

Aun así, Iolanda Segura, portavoz del sindicato Ustec-STEs, afirmó que la habían “apretado” porque le preguntaron por la inmersión lingüística y si esta tenía efectos en los resultados educativos. “Venían con una posición muy clara en contra de la inmersión lingüística. La solución no es imponer el 25% de castellano a todo el resto del mundo”, dijo Segura, que calificó la visita de “un circo y una parafernalia, porque no sirve para nada”.

El boicot del Govern

Pero fue el propio Govern el que hurtó más información que nadie. La consejera de Educación, de ERC, dio la callada por respuesta. No informó. No clarificó nada. No aportó ninguna información. No contestó a las preguntas que le hicieron. La sospecha es que la Generalitat no quiere que se sepa que la Administración autonómica se niega a dar clases en castellano, contraviniendo las leyes y desobedeciendo las sentencias judiciales. Toom aseguró, sin embargo, que aún no hay conclusiones y que esperan recibir de la Generalitat la información demandada por escrito, con el fin de elaborar un documento de conclusiones dentro de tres meses. El Govern tiene tiempo aún para pacificar su conciencia.

El Govern no solo boicoteó la misión de eurodiputados hurtándoles información básica, sino que intentó imponer los centros que debían visitar (que habían sido elegidos entre la secretaría del Parlamento Europeo y las autoridades locales catalanas) y, para mayor escarnio, envió por sorpresa al inspector de zona de la conselleria cuando la delegación estaba entrevistando a los directivos de uno de los centros. Con el comisario político presente, las reacciones de los docentes estaban condicionadas.

“Esto no es un libre intercambio de pareceres entre colegios y no ayuda para nada”, se quejaron los eurodiputados ante la presencia del comisario de la Generalitat, que no solo condicionaba las respuestas de los responsables de los centros, sino que intervenía en las conversaciones, cuando debería haberse quedado al margen. En concreto, las reuniones eran fiscalizadas por un director general de Centros de la Conselleria de Educación de la Generalitat, por el inspector de zona y por dos representantes más del Ayuntamiento de El Prat de Llobregat.

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Las reproches no son solo hacia los independentistas y hacia la Administración catalana: “El PSC [que no formó parte de la delegación] quería que saliese un instituto público de Les Corts, la zona alta de Barcelona, donde los alumnos son en su mayoría catalanohablantes. Pues no. La inmersión afecta sobre todo a la clase obrera tradicional, no a la clase alta burguesa. En este tema, es todo pura hipocresía y cinismo”, dice una de las fuentes consultadas por El Confidencial.

Toom lamentó la campaña soberanista tachando a los eurodiputados de la comisión de fascistas y racistas y admitió que el sistema educativo catalán “no funciona muy bien, pero lo curioso es que nadie busca otro modelo en Cataluña”. La Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) y la entidad Docentes Libres, por su parte, que habían pedido la misión de la PETI, emitieron un comunicado en el que lamentan “el clima de hostilidad hacia los eurodiputados. Las trabas y descalificaciones, incluso personales, que han sufrido por parte de las administraciones educativas catalanas y españolas en el desarrollo de su misión ponen de manifiesto el grado de sectarismo y soberbia de nuestras autoridades”.

Exclusión social

Los eurodiputados terminaron su viaje con la sensación de que el catalán “no está en peligro”, alabando el “éxito del bilingüismo” y sospechando que la tesis del modelo de inmersión catalán provoca exclusión social. La delegación cree que no es necesario que el catalán, en estas circunstancias, tenga que ser defendido provocando exclusiones y lamentaron las campañas contra las sentencias judiciales que obligan a dar el 25% de las clases en castellano. “Es un problema que las familias que quieren el 25% de castellano tengan que acudir a los tribunales”, subrayaron. Además, dejaron constancia de que el poder político o el legislativo no puede entrar en el terreno judicial, como pretenden los independentistas, dinamitando el sistema: “Estamos hablando de separación pura y dura de poderes y me gustaría ver si en este sentido hay conflicto”.

Ana Losada, presidenta de la AEB, señala a El Confidencial que “esta visita era necesaria. Por algún lado teníamos que romper esta situación y solo nos quedaba Europa, porque los gobiernos españoles, con el PP o con el PSOE, siempre miraban hacia otro lado, y el Gobierno catalán hace lo que le da la gana. Necesitábamos abrir una puerta grande. Nos hubiera gustado que los eurodiputados hubiesen estado más tiempo, pero por lo menos vieron el día a día. Se reunieron con todas las partes, entrevistaron a más partes independentistas que no independentistas, pero han podido ver horarios de los centros, programas educativos y lingüísticos, comunicaciones con los padres… Lo vieron en primera persona, así como vieron la presión política que hay sobre los centros y la realidad de las escuelas”.

La carta de Riba

Para rizar más el rizo, la eurodiputada independentista Diana Riba (ERC), componente de la misión, envió una carta a Roberta Metsola, presidenta de la Eurocámara, para denunciar malversación de dinero con la visita porque lo que hagan las escuelas “queda fuera del ámbito de competencia de la UE”, por lo que insta “a tomar acciones inmediatas y contundentes para evaluar la posible malversación de fondos públicos”.

Las familias que llevaron el asunto a la PETI, en cambio, consideran que cuando no se cumplen las sentencias judiciales que obligan a escolarizar da sus hijos con el 25% de las clases en castellano se están conculcando sus derechos más fundamentales y se dinamita el Estado de derecho. El soberanismo, no obstante, es sordo a estos lamentos y mantiene su intención de no respetar las sentencias ni la normativa legal. “¿Por qué el independentismo reclama que se respeten sus derechos y se niega a respetar los derechos de los no independentistas?”, preguntan desde la AEB.

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Apenas un puñado de manifestantes, con Dolors Feliu, presidenta de la ANC, a la cabeza, protestaban con carteles repartidos por la organización en catalán e inglés. "El catalán, nuestra lengua" y "Nosotros defendemos nuestra lengua. Nosotros defendemos nuestros derechos", rezaban los carteles. ¿Y quién defiende los derechos de los que quieren recibir clases en castellano, como prevé la ley? Cierto es que un derecho no puede pisar otro derecho, aunque el independentismo considera que su derecho es el único válido que debe tenerse en cuenta. La AEB condena en su comunicado “las concentraciones de carácter intimidatorio llevadas a efectos por grupos de naturaleza hispanófoba delante de la representación del Parlamento Europeo en Cataluña”, en referencia a la concentración de la ANC.

Las repercusiones de esta visita son más importantes de lo que parece a primera vista. El blindaje del independentismo ya tiene un punto ciego. La inspección en las escuelas se podrá repetir en un futuro en otros ámbitos en que el soberanismo campa a sus anchas y actúa con mano de hierro, como el de la separación de poderes. La ley aprobada en el Parlamento catalán el 6 de septiembre de 2017 (y que debía regir en la nueva república catalana), luego anulada por el Constitucional, dinamitaba la separación de poderes, básica en una democracia. Ese tema entronca con el de la continua desobediencia de las sentencias judiciales, lo que elimina, en cierto modo, la democracia y empobrece el Estado de derecho.

Además, la iniciativa de la escuela deja la puerta abierta a futuras quejas por delitos de odio hispanófobos, alimentados por determinadas entidades e instituciones, e incluso por algunos dirigentes de la Administración autonómica. El mundo no independentista ha descubierto Europa y las peticiones de ayuda a las instituciones comunitarias solo acaban de comenzar. Al final, quienes de verdad internacionalizarán el conflicto catalán serán los no secesionistas.