José María Álvarez-Pallete, presidente de Telefónica
Con la operación Telefónica, España se suma a la tendencia generalizada en Europa donde los Estados participan en las principales empresas de telecomunicaciones. Es el caso de Alemania, Francia e Italia dentro de la Unión Europea, y también de Suiza y Noruega fuera del club comunitario.
En el caso español, el Gobierno ha tirado de la SEPI, su brazo armado para defender la política industrial, y asegurar de esta manera una presencia significativa dentro de Telefónica. Supondrá una inversión de unos 2.000 millones de euros, pero que el Gobierno considera que es rentable para garantizar un núcleo español dentro de la compañía estratégica, después de la entrada de Saudi Telecom que, recordemos, pilló por sorpresa a todo el mundo.
De esta manera, el Estado se convertirá en los próximos días en el principal accionista de Telefónica, una vez que la Sociedad Industrial de Participaciones Industriales (SEPI) ejecute la compra del 10% del capital de capital de la compañía según aprobó este martes el Consejo de Ministros.
Alemania, Francia e Italia mantienen participaciones en sus grandes empresas de telecomunicaciones
La decisión se produce cuatro meses después de que la compañía Saudí Telecom (STC), propiedad del fondo soberano de Arabia Saudí, comprase por sorpresa el 4,9% del capital de Telefónica y se hiciera con otro 5% en productos derivados. Las alarmas saltaron en Moncloa donde, desde el primer momento, alertaron del carácter estratégico de la compañía y de la necesidad de salvaguardar su identidad española.
La decisión esta lejos de ser una improvisación del Gobierno de Pedro Sánchez, con ella España se suma a las prácticas europeas. “Es una tendencia generalizada en el sector que se entiende por la llegada de la tecnología 5G y todas las implicaciones que su desarrollo tendrá en la seguridad”, explican fuentes del sector. “En el caso de Telefónica se entiende incluso mejor en tanto que es un actor estratégico no solo en telecomunicaciones sino en proyectos de defensa”, apuntan.
En el mercado no se espera que la decisión tenga impacto en la estrategia anunciada por Telefónica para los próximos tres años. La propia compañía envió anoche un hecho relevante a la CNMV en el que corrobora que “continua enfocada en la ejecución del Plan Estratégico 2023-2026 que comunicó al mercado el pasado 8 de noviembre".
La compra no tendrá impacto en la estrategia de Telefónica para los próximos tres años
Desde la agencia de rating Moody’s consideran que esta decisión no supone un impacto directo en la valoración de Telefónica. “Cuando la presencia el Estado en una empresa del sector supera el 20% sí puede influir en que una subida del rating de hasta un escalón, pero por debajo de ese porcentaje no consideramos que haya un apoyo implícito”, asegura Carlos Winzer, vicepresidente de la agencia de rating Moody’s y analista del sector de telecomunicaciones.
Son dos los grandes países europeos que superan ese porcentaje. Alemania tiene el 30,46% de Deustche Telecom y Francia, el 23% de Orange. En Telecom Italia, la participación pública es del 9,8%. Fuera de la Unión Europa, Suiza y Noruega tienen más del 50% de las acciones de la principal operadora de telecomunicaciones de su país, lo que supone el control total de la compañía.
Ahora, el capital del Estado español vuelve al accionariado de la primera empresa de telecomunicaciones del país, Telecom, por primera vez desde que finalizase su privatización en 1997. Lo hace, según el comunicado emitido, “con una vocación de permanencia. La participación de la SEPI permitirá proporcionar a Telefónica una mayor estabilidad accionarial para que la compañía alcance sus objetivos y, por ende, contribuirá a la salvaguarda de sus capacidades estratégicas”.
Para ello, el Estado deberá desembolsar alrededor de 2.000 millones de euros, teniendo en cuenta que, al cierre del mercado español de este martes, la compañía alcanzaba una capitalización de 20.510 millones de euros. “Una cuantía que si la operación no se ejecuta con la máxima celeridad subirá, como se ha visto en las acciones de la compañía que cotizan en la Bolsa de Nueva York, que nada más conocerse subieron un 4,3%”, advierten fuentes del mercado. Desde la SEPI hablan de “una pronta operación” para minimizar el impacto en la acción.
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De esta forma, la SEPI se situaría como el principal accionista por delante del 4,9% directo que posee STC, el 4,9% de Blackrock, el 4,8% de BBVA y el mismo porcentaje de CaixaBank, según la información declarada en la CNMV.
Desde Telefónica se abstienen de hacer comentarios, pero fuentes cercanas, que dejan notar su incomodidad ante la decisión de que SEPI entre en el consejo de administración aunque no consideran que vaya a suponer ningún gran cambio. Esas fuentes recuerdan que “la empresa es una compañía regulada, por lo que la interlocución y las políticas públicas ya le condicionaban suficientemente”. De hecho, en el pasado Día de Inversor, su presidente y consejero delegado, José María Álvarez Pallete, pidió públicamente la “desregulación total para la compañía y que la liberen de las obligaciones que tenía cuando era compañía pública”.