La Asamblea Nacional francesa, la cámara que dio el visto bueno definitivo a la ley de inmigración
El Parlamento francés aprobó a última hora del martes la nueva ley de inmigración, al término de una jornada muy tensa y caótica que puso en serios apuros al presidente Emmanuel Macron y a su Gobierno. El voto favorable de la extrema derecha fue embarazoso para las filas gubernamentales, un auténtico "beso de la muerte". El jefe de Estado había pedido que hubiera una mayoría sin necesidad de los votos ultras, pues él los repudiaba.
La nueva norma para regular el flujo y la presencia de extranjeros obtuvo 214 votos a favor y 114 en contra en el Senado. En la Asamblea Nacional, los síes sumaron 349 frente a 186 noes. Esas mayorías aparentemente muy holgadas esconden un pulso muy duro entre los partidos y un debate que duraba ya más de un año. A pesar de lo que sostiene el Gobierno, la ley no se hubiera aprobado de haber votado en contra la extrema derecha. Una cuarta parte de los diputados del bando gubernamental se opusieron a la norma, prueba clara de la fractura.
Hasta siete ministros del ala izquierda del macronismo amenazaron con dimitir en protesta por las concesiones a la derecha. Este miércoles persiste la duda sobre la renuncia del titular de Sanidad, Aurélien Rousseau, muy próximo a la primera ministra, Élisabeth Borne. Algunos medios aseguraron que había dimitido. De hecho no acudió al Consejo de Ministros.
Macron tiene previsto dirigirse al país a las siete de la tarde de este miércoles en un marco diferente del habitual. No será una alocución sino una intervención en una tertulia política en el canal de televisión France 5. El presidente debe volar el jueves a Jordania para una celebración previa de la Navidad en una base francesa del dispositivo multinacional para combatir al Estado Islámico en Siria e Irak.
Manifestantes contra la nueva ley de inmigración, este martes, en la explanada de los Inválidos, en París
"Es una gran victoria ideológica", presume Marine Le Pen
Los Republicanos (LR, derecha tradicional) se atribuyeron un triunfo importante con la ley de inmigración, pues fueron ellos los que finalmente negociaron con el partido de Macron, Renacimiento, un texto de consenso. El presidente de LR, Éric Ciotti, fue claro. "Hoy Los Republicanos, gracias a su trabajo, a sus ideas, imponen este texto". Pero también quiso sacar rédito Marine Le Pen, tres veces candidata al Elíseo por el Reagrupamiento Nacional (RN, extrema derecha). Según la líder ultraderechista, el resultado del pulso sobre la inmigración "es una gran victoria ideológica del RN" porque se han asumido sus postulados.
Desde la izquierda, por el contrario, acusaron al Gobierno de haberse plegado a la derecha y a Macron de haber traicionado sus principios. El diputado André Chassaigne habló de "texto de la vergüenza". El socialista Boris Vallaud consideró lo ocurrido "un gran momento de deshonor para el Gobierno".
La nueva norma endurece el trato a los irregulares, pero también amplía vías para la regularización
La nueva ley prevé un endurecimiento en el trato a los extranjeros en situación irregular, pero también abre la posibilidad a la regularización de quienes trabajen en sectores con déficit de mano de obra, como la construcción, la gastronomía o el ramo agropecuario.
La derecha y la extrema derecha han conseguido hacer más rígidas las normas de reagrupación familiar y limitar las ayudas sociales y establecer periodos de carencia para los inmigrantes extranjeros legales, en el caso del subsidio para la vivienda y otros. Los extranjeros que no trabajen tendrán aún más difícil recibir esas ayudas. Ese modo de proceder se denomina "preferencia nacional" (a favor de los franceses, en este caso) y es problemática, por discriminatoria, hasta el punto de que el Consejo Constitucional podría derogarla. La propia primera ministra, Élisabeth Borne, ha reconocido este miércoles en una entrevista que algunos aspectos de la ley son inconstitucionales. Eso pone en evidencia la chapucera gestión del asunto y las flagrantes contradicciones del Ejecutivo
Otras concesiones a los conservadores afectan al derecho de suelo -ya no será automática la concesión de nacionalidad a los hijos de extranjeros nacidos en Francia- y se podrá despojar de la ciudadanía francesa a los condenados por haber matado a un agente de autoridad como un policía o un bombero. Para evitar que el estatus de estudiante sea un coladero para la inmigración indeseada, se exigirá a los extracomunitarios que vengan a estudiar que paguen una fianza. Ese dinero solo se les devolverá si abandonan el país cuando culminen su formación. También se establece el delito de residencia irregular.
El centroizquierda del macronismo ha tenido que contentarse con la medida de regularización -aunque muy restrictiva y siempre decidida discrecionalmente, caso por caso, por los prefectos- y con otro punto importante, la prohibición de la retención administrativa para inmigrantes irregulares que sean menores de edad.