Sánchez escucha la intervención de Felipe VI en la reunión del patronato del Instituto Cervantes
“Hoy es un día triste para la democracia española”, certificó ayer en Bruselas el ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el máximo órgano de gobierno de los jueces, cumplió cinco años con su mandato caducado. Ya con las facultades mermadas y descabezado –su presidente, Carlos Lesmes, dimitió hace un año, y actualmente, tras la jubilación de Rafel Mozo, ocupa el cargo de forma interina Vicente Guilarte–, tampoco se atisba esperanza para su renovación ante la falta de acuerdo entre el PSOE y el Partido Popular, las dos fuerzas imprescindibles para sumar la mayoría reforzada necesaria en el Congreso y desbloquear esta anomalía constitucional.
El aciago aniversario, y la celebración mañana del día de la Constitución, llevaron ayer al Gobierno, por enésima vez y de nuevo sin éxito, a tratar de redoblar la presión sobre el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. El propio Pedro Sánchez reconoció así la existencia de lawfare en España, al menos en su acepción de una utilización de la justicia con fines partidistas, que atribuyó al PP.
Pese a que el reconocimiento del lawfare como persecución judicial del adversario político, recogido en el pacto de investidura entre el PSOE y Junts en referencia al acoso al independentismo catalán, incendió a todas las asociaciones judiciales y agentes jurídicos, el presidente del Gobierno aseguró que el “caso más paradigmático” de esta “politización de la justicia” en España es el “secuestro” que denunció que sufre el CGPJ a manos del PP, al bloquear su renovación.
“En España no hay un problema de separación de poderes, en España hay un problema de que el principal partido de la oposición tiene rehén, preso, capturado al Poder Judicial”, advirtió Sánchez en la Ser. “Llevamos cinco años de bloqueo y cinco años de gobierno progresista, no hay que hacer un croquis para que la gente entienda cuáles son las motivaciones de lo que está detrás de este bloqueo del PP”, dijo. “Y las consecuencias son terribles”, alertó. No solo para los jueces, sino para una ciudadanía “que ve cómo la justicia se deteriora aún más como consecuencia de un interés que no es en absoluto constitucional”, lamentó.
“Hay una acepción de lawfare que es la politización de la justicia. Y no hay caso más paradigmático de lawfare y de politización de la justicia en España que este secuestro en el que tiene sumido el PP al Poder Judicial”, recalcó.
El presidente del Gobierno volvió a dejar la puerta abierta a una próxima convocatoria de Feijóo a la Moncloa, en el arranque de esta nueva legislatura, para tratar de desenredar este enquistado conflicto. Sin concreción, por ahora.
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Bolaños advierte en Bruselas que la falta de renovación judicial “sí es una preocupación de la Comisión Europea”
Y sin otra alternativa, además, porque Sánchez ya renunció a cambiar las mayorías parlamentarias que exige la Constitución para renovar el CGPJ, después de que la Comisión Europea se pusiera en alerta cuando así lo intentó en la anterior legislatura.
En la misma línea, el ministro Bolaños denunció que se consuman así cinco años “de incumplimiento de la ley y de la Constitución por parte del PP”. “Es un comportamiento muy grave, que no solo está desprestigiando al CGPJ, que ya de por sí sería grave, sino que está empezando a dañar a la propia justicia y también a los ciudadanos que quieren tutela judicial efectiva”, criticó Bolaños, a las puertas de la reunión de los ministros de Justicia de la UE en la sede de la Comisión en Bruselas.
Bolaños apeló a que el PP comprenda que “no puede mantenerse ni un día más esta situación de incumplimiento abierto de la ley y de la Constitución”. Con un funesto pronóstico, si Feijóo no se aviene al acuerdo durante la legislatura que ahora arranca: “Cuatro años más en esta situación sería el colapso total de la justicia”.
El ministro demandó que el PP cumpla una ley que pactó con el PSOE en el 2001, bajo el mandato de José María Aznar, y que defendió como “un modelo equilibrado, que ha funcionado bien durante décadas y ha dado estabilidad a la justicia”. Se lo reclamó, así, “por el bien de España”. “Porque esto sí que es una preocupación de la Comisión Europea”, advirtió.
Ayer, el comisario de Justicia, Didier Reynders, reiteró que Europa considera una “prioridad” renovarlo y después reformar el sistema de nombramiento si hay pacto entre los partidos
Sánchez también aludió ayer a Aznar, para tratar a su vez de aplacar la ofensiva de las derechas contra la amnistía y contra la reunión que el PSOE y Junts celebraron el sábado, con un verificador internacional –el diplomático salvadoreño Francisco Galindo Vélez–, al objeto de “contribuir a alcanzar la solución política y negociada al conflicto” con Catalunya.
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El presidente justifica la cita del PSOE y Junts en Ginebra y recuerda que Aznar negoció con ETA también en Suiza
El jefe del Ejecutivo defendió el “objetivo noble” y de las que vendrán –también con ERC, a su vez con un verificador diferente–, para “restaurar la convivencia” en Catalunya. Y criticó que el PP “haya puesto el grito en el cielo”, dándose “golpes en el pecho”. “En circunstancias más difíciles, en negociaciones muchísimo más complejas, porque afectaban a la violencia y el fin del terrorismo, recuerdo al gobierno de Aznar reunirse en Suiza con ETA”, resaltó. Y no lo hizo el PP, advirtió, sino el gobierno del PP.
Una comparación que, alegó, “pone ante el espejo a una derecha política que siempre busca cualquier excusa para tratar de obstaculizar propósitos nobles”.
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