Cartel de la sede de Meta en Menlo Park (California)
Desde el 2018, el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea establece la prohibición de que los usuarios de servicios de internet sean rastreados en su actividad digital con fines publicitarios sin su consentimiento, pero hay una compañía a la que se le atasca desde entonces esta regulación: Meta. La empresa fundada por Mark Zuckerberg fue demandada el pasado viernes por los 83 medios de comunicación españoles que integran la Asociación de Medios de Información (AMI), por competencia desleal y le reclama una indemnización de 550 millones de euros por su “continuado sistemático y masivo incumplimiento de la normativa europea de protección de datos” entre mayo del 2018 y julio del 2023.
Los medios españoles estiman, basándose en diferentes resoluciones de las autoridades europeas de protección de datos, que “ Meta ha incumplido de forma reiterada la legislación comunitaria de protección de datos, ignorando el requerimiento normativo de que los ciudadanos deben consentir la utilización de sus datos para el perfilado de publicidad”. Esas decisiones de los reguladores han sido una constante desde la aplicación del RGPD que Meta ha intentado sortear hasta ahora con escaso éxito.
La denuncia indica que la plataforma tendría “ventaja competitiva ilegítimamente obtenida”
A principios de noviembre pasado, la Junta Europea de Protección de Datos (JEPD) ordenó al regulador de protección de datos de Irlanda –donde M eta tiene su sede europea– que prohibiera en sus plataformas “todo tratamiento de datos personales con fines de publicidad basada en el comportamiento”. Esta era una orden general para todos los países del Espacio Económico Europeo que generalizaba una prohibición establecida hace meses por el regulador de protección de datos de Noruega.
Los editores exponen en su demanda que “el comportamiento de Meta determina que el cien por cien de los ingresos del gigante tecnológico derivados de la venta de publicidad segmentada han sido obtenidos de una forma ilegítima”.
Por ello, denuncian que la compañía californiana hace una “utilización sistemática y masiva de datos personales de los usuarios” en sus plataformas, de forma que son “rastreados sin su consentimiento en toda su navegación digital”. Esas prácticas, según los demandantes, “habrían permitido a la compañía americana ofrecer en el mercado la venta de espacios publicitarios a partir de una ventaja competitiva ilegítimamente obtenida”.
Threads puede llegar a Europa en diciembre
Meta planea lanzar Threads en Europa en diciembre, según anunció el jueves The Wall Street Journal. Este lanzamiento, de producirse, sería la mayor expansión de mercado de la red de Meta, que pretende competir con X (Twitter) desde que se lanzó en julio pasado.
En ese momento, estuvo disponible en la mayoría de los mercados del mundo, pero Meta no intentó lanzarlo en la Unión Europea por falta de garantías de que pudiera pasar el filtro del Reglamento General de Protección de Datos. Para tratar de cumplir esa normativa, Meta se plantea ofrecer a los usuarios europeos la posibilidad de utilizar Threads únicamente para el consumo, sin poder publicar nada. En el momento del lanzamiento, esta nueva red estaba ligada de forma directa a Instagram, algo que contraviene la norma europea. El movimiento de Meta con Threads se produce en un momento en el que X está en serios apuros por la retirada masiva de grandes anunciantes.
El presidente de AMI, José Joly Martínez de Salazar, destacó después de la demanda –a cargo del despacho de abogados que dirige el catedrático de Derecho Procesal Nicolás González-Cuéllar– que Meta ha construido su posición de dominio en el mercado publicitario despreciando la normativa concebida para proteger el derecho fundamental a la intimidad de los ciudadanos europeos.
El hecho de que Meta rastree sin permiso de los usuarios su actividad digital supone un perjuicio para los medios de información españoles hasta el punto “de poner en riesgo su sostenibilidad”, según una nota informativa de la AMI. Joly Martínez de Salazar recordó que los medios de información resultan fundamentales para la calidad democrática de un país.
El presidente de la AMI observó que datos publicados recientemente por el Ministerio de Economía evidencian que los medios de información son el segundo sector más digitalizado de la economía española, solo son superados por las propias compañías tecnológicas.
Esta posición de liderazgo en el ámbito digital, que requiere innovación constante y esfuerzo inversor, se ha logrado, según hizo notar Joly Martínez de Salazar, a pesar de que las grandes plataformas tecnológicas impiden a los medios la obtención de una monetización justa.
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La AMI hizo también un llamamiento a los anunciantes, tanto del sector público como del privado, para que confíen sus campañas publicitarias a medios de información “seguros, fiables y responsables, respetuosos con los derechos de los ciudadanos y que apuesten por fomentar la calidad democrática de España”.
La orden del regulador europeo de protección de datos para que Meta deje de rastrear la actividad de los ciudadanos europeos en internet es vinculante y fue notificada a Meta el 30 de octubre. En una estrategia para intentar sortear la prohibición, ese mismo día la compañía de Mark Zuckerberg anunció que en noviembre pasado establecería paquetes de suscripción de pago a partir de 9,99 euros mensuales para sus usuarios europeos que no deseen que se rastreen sus datos.
Tal y como anunció, lo puso en marcha. Si no se le da el consentimiento para el rastreo de datos con fines publicitarios, ofrece el pago de la cuota, un planteamiento que, si se mantiene, supone que la garantía de un derecho establecido por ley solo existe si se paga un canon. La JEPD anunció que tomaba nota de la propuesta de Meta de un enfoque “basado en el consentimiento como base jurídica”, y que lo estudiaría. En cualquier caso, la presidenta del organismo regulador, la finlandesa Anu Talus, afirmó en un comunicado que “el contrato no es una base jurídica adecuada para el tratamiento de datos personales efectuado por Meta para la publicidad basada en el comportamiento”. “Ya es hora de que Meta (...) ponga fin al tratamiento ilegal”, añadió.
Facebook e Instagram reúnen alrededor de 250 millones de usuarios en el espacio regulado europeo –que incluye, además de los 27 países de la UE, a Islandia, Liechtenstein y Noruega– .
En julio, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea determinó que los usuarios de las redes sociales son “libres de negarse individualmente (...) a dar su consentimiento a determinadas operaciones de tratamiento de datos”. En mayo, Meta fue multada con 1.200 millones de euros por trasvasar datos de usuarios europeos a EE.UU, lo que incumple el RGPD.
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