PAÍS
No queda otra alternativa que enfrentar los porfiados hechos: hemos sido incapaces de construir una propuesta mayoritaria y, además, han surgido emergencias que requieren de la más enérgica respuesta estatal. La fatiga amenaza con volverse crónica y eso nos daña a todos, porque genera incertidumbre.
En agosto del año pasado, durante una visita a Lima, fui cordialmente invitado a una sesión del comité editorial del diario La República. Se vivía una tensa relación del Congreso con el entonces Gobierno de Pedro Castillo. Estaban presentes destacados analistas como Mirko Lauer y Augusto Álvarez Rodrich, entre otros. Una de las inquietudes mayoritarias de mis anfitriones era la suerte que iba a correr el proceso constituyente. Ya en esos tiempos fui franco al señalarles que los chilenos padecíamos de “fatiga constitucional”.
Todos sabemos lo que pasó, pero parece que no todos han extraído lecciones aprendidas de lo sucedido desde esos tiempos hasta ahora. Reconozcamos que no hemos sido capaces de construir un acuerdo, una visión mayoritariamente consensuada del pacto social que nos debe regir. Hoy en día arrecian los cálculos electorales respecto al plebiscito del 17D. Pero una Constitución aprobada por pocos no ayuda, no integra socialmente y, probablemente, profundice la grieta que hoy divide políticamente a nuestra sociedad.
Todas las mediciones conocidas hablan de un desánimo importante respecto al nuevo texto que se nos propone. Mucho se puede decir sobre una elite que no reacciona ante esta evidencia. Pero, como toda sociedad, la chilena tiene dinamismo y, desgraciadamente, no todo cambio es para mejor. Hoy en día, la mayoría de las familias, especialmente en las grandes ciudades, teme ser asaltada. La delincuencia ha crecido y padecemos delitos hasta hace poco desconocidos, como el sicariato y la extorsión.
A los problemas de la seguridad interior debemos agregar todas las consecuencias del frenazo económico. Las causas en algunos casos escapan a nuestras decisiones, pero sí obligan a colocar a la reactivación como una urgente prioridad.
Por cierto, existen recetas rituales: crear nuevos ministerios, presentar nuevos proyectos de ley. Dato: hoy tenemos 23 ministerios, más que Brasil, más que en la disuelta Unión Soviética, donde todo era estatal. Ojo, en lo inmediato ya se prepara el papeleo para crear nuevos ministerios: el de Seguridad Interior, y está en barbecho el de Asuntos Indígenas. Amén de crear nuevas dependencias, como el zar de Inteligencia.
Siempre es bueno asumir la realidad. Colocar las necesidades de la población en primera prioridad. Al respecto ya lo señalábamos: buena parte de la población quiere seguridad en las calles y que las lucas alcancen para llegar a fin de mes.
¿Y qué hacer con el proceso constituyente? Pues no queda otra alternativa que enfrentar los porfiados hechos: hemos sido incapaces de construir una propuesta mayoritaria y, además, han surgido emergencias que requieren de la más enérgica respuesta estatal. La fatiga amenaza con volverse crónica y eso nos daña a todos, porque genera incertidumbre. Lo más lógico sería congelar el tema por un tiempo prudente –por ejemplo, un par de periodos presidenciales–, para concentrar los esfuerzos de la Nación en las urgencias ya señaladas.
Con legítima razón muchos se pueden preguntar cómo garantizar la construcción de una agenda nacional que coloque a la seguridad y la reactivación económica como pilares del futuro inmediato. Tienen toda la razón, especialmente si las elites políticas (Gobierno, Congreso, partidos) han mostrado poca capacidad para la construcción de consensos y su prioridad se enfila hacia las próximas elecciones (municipales y presidenciales). Se puede argumentar que son preocupaciones legítimas, pero limitan la construcción de visiones comunes.
Un camino posible es incorporar más actores y voluntades a la construcción de esas necesarias políticas públicas. En el caso de la reactivación económica, sería altamente beneficioso incluir en su diseño la participación de los gremios empresariales y el sindicalismo. En el caso de la seguridad, tratar el tema con las peculiaridades de nuestras diversas regiones, porque no es lo mismo la problemática de seguridad en La Araucanía que en la Región Metropolitana o en el Norte Grande. En este ámbito, sería del todo conveniente incorporar en el diseño de las estrategias a las autoridades municipales, a los gobernadores y, por supuesto, contando siempre con la opinión profesional de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.
Estas propuestas no requieren necesariamente de la aprobación de nuevas leyes, ni menos de crear más burocracia. Requieren de algo intangible pero indispensable: voluntad política. Pero no basta, también requiere conocimiento de nuestro aparato institucional para poder sacarle trote a plenitud. Si para reactivar la economía, además de la opinión de los partidos, escuchamos a los empresarios y a los trabajadores; si para combatir a la delincuencia, además de fotos y salidas comunicacionales, agregamos la experiencia de las autoridades locales y el profesional conocimiento de las policías; si la diplomacia la dejamos en manos de la Cancillería; en definitiva, si confiamos y potenciamos nuestra institucionalidad con una mirada nacional, entonces es probable que podamos superar la grieta y responder a lo que las familias chilenas demandan del Estado.
