Antonio Garamendi, presidente de la CEOE
El acuerdo entre PSOE y Sumar para reducir la jornada laboral ha provocado el rechazo rotundo de la patronal, que lo considera “un atropello”, y el apoyo de los sindicatos, que plantean negociar el cómo a través de la negociación colectiva y con el objetivo de llegar, más adelante, a las 35 horas semanales.
La premisa principal que enarbola la patronal contra el acuerdo es que se salta el diálogo social, impone por ley un límite más reducido y deja al margen a los agentes sociales. Es lo que la CEOE califica de afán intervencionista del Gobierno que lleva a “un atropello al papel constitucional de los agentes sociales”. Haciéndolo de esta manera, considera que hay riesgo de perjudicar la productividad de las empresas, y aumentar sus costes.
La patronal dice aceptar explorar nuevas fórmulas de reparto entre el tiempo de trabajo y el de descanso, pero “no como consecuencia de una imposición legal, sino mediante la negociación colectiva”. Añaden, además, que la regulación de la jornada debe tratarse sector por sector y empresa a empresa, examinando en cada caso si hay margen de productividad suficiente.
En la misma línea, Foment del Treball también se opone a una reducción “generalizada y por ley” de la jornada laboral. El principio que mantienen es que “no están en contra de la reducción de la jornada laboral por principio, sino de la reducción generalizada por ley y uniforme para todos los sectores”, según un comunicado de la patronal catalana
En cambio, el secretario general de CC.OO., Unai Sordo, manifestó que reciben “con agrado” este pacto para reducir la jornada laboral y plantea utilizar la negociación colectiva como la vía para aplicarlo en los diferentes ámbitos y sectores. “Es bueno que la ley reduzca la jornada laboral anual; luego la negociación colectiva es quien tiene que concretar cómo se realiza”, afirmó Sordo. También avisó contra los que a partir de ahora “van a lanzar otra campaña sobre la llegada de otras siete plagas de Egipto”, como hicieron con la reforma laboral o la subida del salario mínimo interprofesional (SMI).
Por su parte, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, valoró de manera positiva la medida pero afirmó que el objetivo sindical es que “esta legislatura debe ser la de las 35 horas semanales” y añadió que considera imprescindible iniciar un proceso para reducir el tiempo máximo de trabajo, que hace “40 años que no se toca”.
El acuerdo prevé reducir el tiempo de trabajo a 38,5 horas semanales en el 2024 y a 37,5 en el 2025
Son reacciones al acuerdo entre PSOE y Podemos que establece reducir “la jornada laboral máxima legal sin reducción salarial para establecerla en 37 horas y media semanales”.
Un proceso gradual, con una primera rebaja de las 40 horas actuales hasta las 38,5 en el 2024, y que llegaría a las 37,5 horas en el 2025. A partir de ese momento, se constituirá una mesa con los agentes sociales para “evaluar los resultados de la reducción y seguir avanzando en la disminución de la jornada”.
Si el acuerdo acaba implementándose, afectará aproximadamente a 12 millones de trabajadores, según estimaciones del Ministerio de Trabajo. Se trata de los que no tienen convenio o en el caso de que lo tengan, que no establezca una reducción de la jornada por debajo las 37,5 horas semanales que se quieren establecer. El límite legal ahora en vigor es de 40 horas, pero puede reducirse en función de la negociación colectiva, con lo cual, actualmente la jornada media negociada se sitúa en 38,2 horas semanales.
Distinto es el caso de los funcionarios, que suman aproximadamente 1,5 millones de trabajadores y que tienen ya actualmente una jornada de 37,5 horas semanales.
Si entramos en los convenios colectivos registrados y con efectos en el año 2023, afectan a 9,5 millones de asalariados y la gran mayoría con jornada superior a las 37,5 horas, según los datos que maneja el sindicato UGT. En concreto, más de ocho millones podrían beneficiarse de la reducción de la jornada laboral, mientras que solo 1,1 millones trabajan ya actualmente menos de 37,5 horas.
Los sindicatos celebran el acuerdo y plantean desarrollarlo a través de la negociación colectiva
“Vistas las experiencias en otros países, la reducción de la jornada laboral permite mejorar la calidad de vida de las personas sin que descarrile la economía, pero lo que no permite es crear más empleo”, señaló Raymond Torres, de Funcas, que recomienda negociar sector por sector para absorber la reducción de la jornada laboral. Por su parte, Manuel Hidalgo, de la Universidad Pablo de Olavide, advirtió que “al trabajar menos horas habrá que aumentar la productividad, que ya es más baja en España que en Europa, o supondrá un aumento de costes de las empresas”.
Más crítico fue Marcel Jansen, de Fedea, que dijo no ver “demanda social para esta medida ni tampoco que sea una prioridad, es una imprudencia difícil de defender”. También remarcó la sorpresa ante el anuncio del pacto cuando el día anterior, la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, planteó que la prioridad para la próxima legislatura debía ser “acabar con el desempleo” y remitía el debate sobre la reducción de la jornada laboral al ámbito de la negociación colectiva.
Pocos países bajan de las 40 horas
De prosperar esta reducción de jornada laboral, España se convertiría en uno de los pocos países de la OCDE en bajar de las 40 horas semanales, al menos sobre el papel. En la mayoría la semana ordinaria es de 40 horas. En Australia y Bélgica la cifra es inferior, de 38 horas, y Francia se lleva la palma, con 35 horas. En el otro extremo se encuentran dos países, México y Colombia, con 48 horas, y otros dos donde se aplican las 45 horas, que son Chile y Turquía. De aplicarse la medida del acuerdo entre PSOE y Podemos, España sería el segundo país de la OCDE con menos horas trabajadas.
De todos modos, estas comparaciones tienen una dificultad: no es lo mismo el límite fijado por la legislación que lo pactado en los convenios, que suelen incluir reducciones. En España, la semana negociada está de media en 38,2 horas, en niveles parecidos a otros países de la OCDE. Salvo Israel y Turquía, con 42 horas, el resto de países baja de las 40 horas.
La OCDE calcula que el límite legal de horas trabajadas se ha mantenido sin apenas cambios entre 1995 y 2019.
