Dos empresas públicas, Enisa (Empresa Nacional de Innovacion) e Idae (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía), serán los instrumentos clave en la ejecución del tramo final de los fondos europeos. Entre ambas gestionarán el reparto de 6.833 millones y, como gran novedad introducida en la reciente negociación de la Adenda del Plan de Recuperación, servirán para salvar uno de los problemas con los que se estaban encontrando las grandes compañías y las pymes a la hora de planificar y poner en marcha proyectos: Bruselas fijaba que las iniciativas empresariales tenían que estar finalizadas como máximo el 31 de diciembre del 2026, un tiempo demasiado rígido para, por ejemplo, poner en marcha una fábrica de baterías eléctricas o una planta de producción de hidrógeno.
Los negociadores de la Comisión Europea fueron quienes propusieron que dos sociedades estatales, y no los ministerios directamente, fueran quienes gestionaran la parte final de los fondos europeos, explican fuentes implicadas en las conversaciones. El objetivo de Bruselas es que los gestores políticos desaparezcan de la ejecución directa de las ayudas comunitarias a partir del 2027. Es decir, tanto Enisa como Idea entrarán desde este momento a formar parte de los llamados “socios ejecutantes” de las ayudas europeas y pondrán el broche final al Plan de Recuperación. En concreto, entre ambos equipos ejecutarán hasta cuatro Perte: el de descarbonización industrial, el del hidrógeno, el del vehículo eléctrico y el agroalimentario.
Para activar esta nueva función de ejecución aún falta algún trámite adicional en Enisa. En primer lugar, la compañía dependiente del Ministerio de Industria se constituirá jurídicamente como una empresa pública (aún no lo es). A continuación, necesitará escalar y reconvertirse, ya que tendrá que interlocutor con gigantes de la energía, el automóvil o la industria en general. En este momento se dedica a la financiación de proyectos innovadores de pymes españolas.
Bruselas pidió que las inversiones no fueran gestionadas por el Gobierno directamente a partir del 2027
Enisa pasará a gestionar 3.330 millones de los fondos europeos en los próximos años. 1.480 millones correspondientes al Perte de descarbonización, divididos en 430 millones en subvenciones y 1.050 millones en préstamos; 1.250 millones del Perte del vehículo eléctrico, repartidos en 250 millones en transferencias y 1.000 millones en créditos; y 300 millones en préstamos del Perte agroalimentario. Estas cantidades, sumadas a 300 millones para impulsar pymes innovadoras completan el nuevo chorro inversor que gestionará la futura empresa pública. Idae, por su parte, gestionará otros 3.500 millones del Perte del hidrógeno renovable.
El equipo del Ministerio de Industria, con Héctor Gómez a la cabeza, ha sido parte activa en esta negociación con Bruselas para ampliar el plazo de ejecución de los fondos europeos. La condición que exigió la Comisión es que una parte de las ayudas esté ya ejecutada en el 2026. En el Perte de descarbonización, por ejemplo, 585 millones tendrán que estar ya comprometidos en esa fecha,. El resto, casi 900 millones, se podrán gestionar más adelante.
El ministro de Industria, Héctor Gómez, afirma a La Vanguardia que su cartera “debe contar con la mayor fortaleza y músculo posible para ayudar a transformar la industria y para ser más competitivos económicamente”. “Hemos dado muchos pasos en esa dirección y este es uno más para mejorar las condiciones”, añade. Gómez concluye que “España está inmersa en una nueva revolución industrial” y que “para llevarla a cabo sólo hay una manera: en unidad; unidad entre administraciones y con todo el sector productivo, desde las grandes empresas hasta las pymes”.
El ministro Héctor Gómez: “España está inmersa en una nueva revolución industrial y hace falta unidad”
José Bayón, consejero delegado de Enisa desde hace cinco años, es, por su parte, consciente del desafío que asumirá su equipo. “Hemos demostrado una gran capacidad a la hora de impulsar y reforzar el emprendimiento innovador español; ahora nos toca crecer y convertirnos además en un instrumento de gestión de las políticas industriales”. “Sin duda es un gran reto, pero si se lo pedimos a las empresas [transformarse], también nos toca hacerlo a la administración pública”, concluye.
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