Las Administraciones públicas eluden pagar cerca de 24 millones al año por el uso de contenidos editoriales protegidos

Alerta contra el fraude en la reutilización de los derechos de autor editoriales. Un reciente estudio dirigido por el profesor de la Universidad Carlos III (Madrid) Julio Cerviño y encargado por Cedro (la asociación de autores y editores de libros, revistas, periódicos y partituras), avisa sobre los incumplimientos de remuneración en el uso de contenidos editoriales y pone el foco sobre el sector público. El informe cifra en 100 millones de euros el impacto económico de este fraude en España. Y remarca que instituciones y organismos públicos eluden el pago de 23,8 millones anuales por la reutilización de los derechos de autor, lo que resulta “especialmente grave” puesto que, en algunos casos, las tarifas emanan de la propia Administración. “Las empresas que obtienen rentabilidad y valor de unos contenidos no entienden que también tienen que remunerar a los creadores”, explica Jorge Corrales, director general de Cedro.

El sector se queja de la existencia de un fraude extendido por el que se facilitan unos contenidos para un fin determinado, pero se reutilizan para otras actividades, algo que perjudica a las empresas del sector. El caso más paradigmático es el de los resúmenes de prensa: los editores ceden unos derechos a unas agencias o empresas de seguimiento de medios para que puedan elaborar dosieres o resúmenes de prensa. El fraude surge cuando algunas de estas compañías suministran a otras empresas finales el clipping, como se conoce popularmente este servicio, para que sea distribuido o puesto en la intranet corporativa de forma masiva entre un número de usuarios, en muchos casos indeterminado, sin autorización de los titulares del derecho. Es decir, la empresa de seguimiento de medios paga una cantidad mínima por elaborar la revista de prensa. Después, distribuye ese contenido entre miles de empleados, colaboradores o clientes, lo que impacta directamente en un ahorro de miles de suscripciones a medios de comunicación, puesto que usa de forma fraudulenta el resumen de prensa.

Se trata de una práctica habitual en grandes corporaciones, despachos de abogados o consultoras, pero la situación también está generalizada en la Administración Pública —salvo el caso de la Conferencia de Rectores de las Universidades (CRUE) y otras pocas instituciones—. Pese a que España tiene un sistema tarifario alejado de la media europea, este detalle resulta casi “irrelevante porque los usuarios de los derechos no cumplen en absoluto con dichas tarifas”, sostiene el informe encargado por Cedro. “Se está penalizando a un colectivo y no se sabe bien en favor de quién. Detrás de esta actividad existe una falta de valoración del contenido editorial”, remarca Corrales.

El informe evidencia que “el efecto de liderazgo” por parte de las Administraciones públicas también arrastra a muchas compañías privadas a eludir el pago cuando se reparten masivamente entre sus empleados resúmenes de prensa o se reproducen libros o partes de ellos (para formación, por ejemplo). “No ocurre en ningún otro país de la UE que los organismos públicos no estén pagando los derechos por el uso de los resúmenes de prensa. Supone una clara desventaja competitiva del sector editorial español respecto al resto de Europa”, añade el director general de Cedro.

El análisis comparado de la situación en España y en Europa, donde hay distintas maneras de compensar por estos derechos, muestra que la tarifa española es más barata. El problema viene, sobre todo, del lado del incumplimiento, ya que en la realidad se recauda solo una tercera parte del promedio de los 22 países analizados (los de la UE que tienen algún sistema de derechos establecido, más Suiza y Noruega). Mientras la retribución media es de 1,52 euros por habitante al año, en España la cifra queda recortada a 0,48 euros.

Es decir, pese a la existencia de tarifas más baratas y de sistemas que facilitan la remuneración de los derechos de autor (tales como tarifas planas por empleado), ni organizaciones públicas ni privadas pagan por la licencia para reproducir contenidos editoriales. En el caso de la prensa, además, se suma un segundo perjuicio procedente de las Administraciones y es que en los concursos que sacan para hacer seguimiento de las informaciones publicadas en medios han reducido drásticamente los precios en los últimos años. Esto, a su vez, obliga a las empresas de seguimiento a hacer “equilibrios” en sus presupuestos destinados al pago de derechos a las editoriales de prensa.

El resultado es que el sector español de prensa percibe menos de un cuarto de millón por licencias de uso de prensa en el sector público, cuando el mercado potencial se calcula en varios millones de euros. La cifra en derechos de autor que se paga a la prensa en España está muy lejos de los 17 millones de Francia, los 16,6 millones de Alemania o los más de 44 millones del Reino Unido. Eso, señala el estudio, genera una “desventaja competitiva” para el sector español y sus empresas respecto a sus homólogas europeas.

Fuentes de Cedro explican que, si las Administraciones públicas pagaran por la reutilización de los derechos de autor, podrían recuperar el 80% del coste. El informe elaborado por el profesor de la Universidad Carlos III concluye que, si los organismos públicos eluden 24 millones por este concepto, podrían recuperar casi 20 millones por los efectos directos sobre el empleo, la actividad y la recaudación fiscal.

“Las empresas de seguimiento de medios, conocidas como clippineras, que se dedican a elaborar resúmenes de prensa para Administraciones públicas, empresas y otras organizaciones, deben valorar su materia prima, que son las noticias. En los últimos años, lamentablemente, el mercado de seguimiento de noticias ha impuesto una devaluación del producto al reducir el presupuesto para esta actividad”, admite Corrales.

Desde Cedro plantean que sería bueno para todo el sector editorial que se siguiera la estela de otros países europeos en los que el gobierno suscribe una única licencia para todos los niveles de la administración, ya sea nacional, autonómica o local; luego, se liquida internamente con cada una. En el caso del tejido asociativo también existe una solución vía convenios de colaboración que garantizan el cumplimiento de la ley por parte de las empresas. Cada asociado puede adherirse a estos, quedando regularizado así el uso de material protegido. “No va a desestabilizar al presupuesto de ningún departamento de comunicación o cumplimiento normativo de una empresa ni, por supuesto, el presupuesto de una Administración pública”, apunta Corrales.

Piratería digital

A todo ello se une, además, la piratería digital. Mientras el fenómeno parece que pierde fuerza en la música o en los contenidos audiovisuales, va al alza en medios digitales y libros. Estos últimos son ya el contenido que más frecuentemente se consume de manera ilegal en Europa tras las grabaciones de televisión. Un 35% de los internautas confiesa haber accedido a libros electrónicos sin el correspondiente pago de derechos a lo largo de 2022, según el último Observatorio de piratería y hábitos de consumo de contenidos digitales. En segundo lugar, está la música, cuyo consumo ilegal retrocedió de un 38% en 2021 a un 32% el año pasado. Y el tercer lugar lo ocuparon los periódicos digitales, que presentan además el mayor incremento y el patrón de consumo más desequilibrado. Mientras los que confiesan haberlo hecho mediante piratería pasaron de un 23% a un 26%, los que dijeron hacerlo de manera legal bajaron del 6% al 4%.

Los editores de periódicos y revistas hubieran ingresado 495 millones de euros más al año de no ser por el consumo de contenidos piratas. Sumando el resto de los contenidos que contempla el estudio, elaborado por la Coalición de Creadores de Contenidos Digitales (una agrupación de asociaciones empresariales que representan a los sectores afectados), el daño conjunto para el sector privado se estima en 1.995 millones de euros para 2022. Como consecuencia de ese lucro cesante, España pierde hasta 14.226 empleos directos. Partiendo de la consideración de que cada empleo directo crea unos seis indirectos, la merma laboral se estima en más de 85.000 puestos.

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