Volviendo a colmar el centro de Barcelona, como ocurriera en el 8-O originario, el que en 2017 respondió al referéndum ilegal, el constitucionalismo desmontó ayer la estrategia unitaria del socialismo y el independentismo, que habían pasado la semana demonizando la concentración contra la amnistía, que ya confesamente negocia Pedro Sánchez, para promover su fracaso.
«Es el momento de las instituciones, no de las manifestaciones y la calle», venía de declarar el primer secretario del PSC, Salvador Illa. Es una marcha «contra los catalanes», había advertido la portavoz de la Generalitat, Patrícia Plaja, para negar la catalanidad de los que, pese al aviso, osaran atender la convocatoria de Societat Civil Catalana.
Pero 50.000 personas, según la policía del Ayuntamiento que controla el PSC, y 300.000, según los organizadores, negaron la mayor y se rebelaron en el paseo de Gracia contra las intenciones compartidas de los partidos separatistas y de los socialistas catalanes. Ante quien promueve la disolución del orden constitucional y quien parece dispuesto a consentirlo para que su líder, hoy presidente en funciones, se mantenga en La Moncloa gracias a los votos de ERC y de la Junts que dirige desde su fuga Carles Puigdemont.
Seis años después de la gran manifestación que desbordó la Ciudad Condal para oponerse a la pretensión del independentismo de escindir Cataluña del resto de España aplicando el resultado del 1-O, el constitucionalismo clamó contra el propósito de amnistiar a los dirigentes que promovieron la votación secesionista y ante la sospecha de que, a cambio de volver a ser investido presidente del Gobierno, también acabará accediendo Sánchez a negociar una nueva consulta, esta vez «aplicable» y «homologable internacionalmente», como requiere el secesionismo para apoyar la investidura.
Como un eco de las entonces pronunciadas, las proclamas a favor de la unidad de España y en contra de Puigdemont -a quien los cánticos siguen deseando la «prisión»- volvieron a reverberar por el Eixample, proyectando la unánime disconformidad de los presentes ante la negociación abierta para anular la respuesta judicial que aplacó la subversión separatista y dejar el camino expedito a futuras tentativas.
Inaudible resultó el lamento para Illa, quien sí había participado en la manifestación del 8 de octubre de 2017, a la que acudió como principal representante de un PSC que evitó movilizar a su entonces líder, Miquel Iceta, por miedo a ser por ello equiparado al PP y Ciudadanos, entonces fuerza hegemónica del constitucionalismo catalán.
Ese mismo Illa se desplazó ayer a 75 kilómetros de Barcelona para atender una inaplazable convocatoria de las juventudes del PSC y acusar al PP desde un recóndito enclave anclado al norte de Manresa de «generar miedo y crispación» por apoyar junto a Vox la convocatoria de Societat Civil Catalana, que vociferaba: «No en mi nombre, ni amnistía ni autodeterminación».
«Nada se está rompiendo ni en Cataluña ni en España», defendió Illa para intentar desmentir a esa masa que ayer, pese a la incomparecencia del PSC, volvió a plantar cara desacomplejadamente a los planes secesionistas.
«Partidos nostálgicos del enfrentamiento se han manifestado en Barcelona. Aún recordamos la incompetencia total con la que gestionaron la situación en Cataluña y la herencia catastrófica que dejaron», sumó el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en las redes.
Pese a lo manifestado, la generosa afluencia de manifestantes descolocó a los socialistas catalanes, que vienen de ganar las elecciones a la Generalitat tras recaudar buena parte de los votos constitucionalistas que encumbraron a Inés Arrimadas tras la aplicación del 155.
Desde el frente de la concentración discrepaba con Illa y Bolaños el histórico alcalde socialista de Coruña, Francisco Vázquez. El ya ex militante del PSOE reprochó a los que «se les llena la boca» hablando de «igualdad, solidaridad» e «internacionalismo» que, si promueven la aprobación de la ley de amnistía, estarán cometiendo el «peor de los delitos, el perjurio ideológico».
Muy diferente fue su diagnosis a la del primer secretario de los socialistas catalanes. Para Vázquez se busca imponer a los españoles un «proyecto para que unos sigan en el Gobierno» y otros «avancen en sus objetivos independentistas» y que los «comunistas sumados» puedan conseguir «alterar» la «forma de Estado y derogar la Constitución».
En sintonía con Illa, observó el presidente de la Generalitat que «el único mensaje que tienen [los constitucionalistas] para Cataluña es de venganza, represión y odio». «El fracaso de esta manifestación nos empuja a seguir batallando, más que nunca, con más fuerza, por la amnistía y por la autodeterminación», previno Pere Aragonès, a pesar de que el Govern estimaba una afluencia mucho menor a la marcha y por ello se atrevió a menospreciar a sus potenciales asistentes.
A ellos acompañó la plana mayor del PP, encabezada por Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso.
«La amnistía no busca la convivencia, es una transacción con el independentismo. No busca la reconciliación, lo que busca exclusivamente es la presidencia del Gobierno. Es una cacicada», advirtió el líder de los populares, que fue recibido al grito de «presidente». «Nadie puede cambiar el destino de una nación por siete votos», completó la presidenta de la Comunidad de Madrid, que volvió a hacer gala del tirón que ha demostrado en cada una de sus ya nueve visitas a Cataluña.
De «agresión a la Constitución y al pueblo», tildó el jefe de filas de Vox, Santiago Abascal, los planes coincidentes de Sánchez y el independentismo, antes de que la manifestación desaguara ante la plaza de Cataluña entre gritos de «Sánchez dimisión» y «elecciones», y un último llamamiento de la presidenta de Societat Civil, Elda Mata, a la reconsideración de la hoja de ruta socialista para evitar la amnistía y «consolidar la libertad e igualdad de todos los españoles».