Concentración

Una concentración convocada tras los episodios de vandalismo divide a Manresa

Siete de cada 10 jóvenes que delinquen en Catalunya no reinciden

Anatomía del vandalismo multitudinario: "La violencia se ha normalizado entre los jóvenes"

Pelea multitudinaria al Passeig de Manresa

Laura Serrat

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Los episodios de vandalismo ocurridos en Manresa el fin de semana del 23 y 24 de septiembre, en el que se vivió una batalla campal en pleno centro y en el que diversos autobuses fueron apedreados por grupos de jóvenes, han alterado los ánimos de tal manera que un grupo de vecinos, bajo la recién creada plataforma Manresa diu prou, han convocado para este jueves a las 19.00 horas una concentración "contra la inseguridad" que ha creado polémica en el minicipio. De hecho, este miércoles otra convocatoria que ha reunido a unas 200 personas se ha concentrado por la tarde contra el racismo y para denunciar que la policía vulneró "los derechos más básicos" de los arrestados la semana pasada, la mayoría menores de edad.

Una cincuentena de entidades critican el sesgo racista de la protesta, convocada por una plataforma para reclamar más seguridad en las calles

La protesta se centrará en reclamar medidas contra la inseguridad. Según avanza Regió 7, diario del grupo Prensa Ibérica, el manifiesto que se leerá en este acto señalará que los recientes episodios vandálicos "son una expresión más, y no una anécdota aislada, de hasta qué punto se está viendo afectada la convivencia". Y reclamará medidas como aumentar la presencia y la visibilidad de las fuerzas de seguridad en las calles, ampliar la red de cámaras de videovigilancia, mejores programas e iniciativas de inclusión social y más transparencia sobre la crisis de inseguridad.

La protesta ha tensionado al municipio, dividido entre quienes la apoyan, como la Federació d'Associacions de Veïns de Manresa, la Unió de Botiguers y Vox y Front Nacional, y quienes ven en esta convocatoria, que atribuyen a "entornos próximos a la extrema derecha", un riesgo de avivar el racismo, de que se señale a determinados colectivos y de que se dé alas a posturas de ultraderecha. Junts, que no participará en la marcha, ha defendido la legitimidad de la protesta.

Entre los contrarios están el Gobierno municipal -una coalición formada por ERC, PSC y un grupo independiente local- y una cincuentena de entidades y oenegés, entre las que hay asociaciones de familias de centros educativos, Càritas, sindicatos o entidades de ocio educativo.

La intensidad de la división se ha visto reflejada en la Federació d'Associación de Veïns: como entidad apoya la protesta pero algunos de sus miembros se han desmarcado de la misma.

 El Ayuntamiento de Manresa, que no asistirá a la concentración, ha señalado que "es conocedor de la preocupación de buena parte de la ciudadanía en relación con la seguridad y el civismo de la ciudad" y ha apuntado que el gobierno comparte "todas las preocupaciones" pero entiende que su tarea "es gobernar, tomar decisiones y actuar". El próximo 17 de octubre, se se ha convocado una reunión de la Mesa por la Seguridad, Civismo y Convivencia, a la que asistirá el 'conseller' de Interior, Joan Ignasi Elena.

Los organizadores han urgido a no politizar una protesta que surge de una preocupación compartida de distintos sectores sin pertenencia a ningún partido" que consideran que la ciudad tiene un problema de seguridad que se ha visto agravado a raíz de la pelea que tuvo lugar en el Paseo de Manresa. Como firmantes del permiso de la Generalitat para celebrar la manifestación figuran, a título personal, Enric Pintado y Bernat Ferré.

En un comunicado, se han desmarcado de las críticas y de cualquier tinte ideológico y aseguran que rechazan el racismo y la xenofobia. "Se condenará a cualquier persona que durante el acto defienda o proclame cánticos racistas o en contra de algún colectivo social", han asegurado. Reiteran que no pertenecen a "ningún partido político". "Somos vecinos, comerciantes, restauradores, profesionales de diferentes sectores, jubilados, todos contrarios a movimientos racistas y xenófobos", han insistido.

El presidente de la Federació d'Associacions de Veïns, Toni Erro, ha opinado que existe un interés en politizar una protesta que "en origen no tiene ninguna connotación racista en sus reivindicaciones". En la misma línea, el presidente de la Unió de Botiguers, Antoni Daura, defiende que "Manresa necesita un golpe de timón en la lucha contra el incivismo" y lamenta que el sesgo político "haya envenenado una reivindicación que quiere ser transversal".

Por su parte, las 50 entidades contrarias a la manifestación han criticado que se utilice el debate de la inseguridad para señalar a colectivos concretos con motivos racistas. "Vivimos esta situación con el miedo, la impotencia y la rabia de ver cómo se pretende utilizar a ciertos grupos sociales como chivos expiatorios de todo el malestar que sentimos, estigmatizándolos y deshumanizándolos hasta el punto de que ya no somos capaces de atender el problema de fondo", han explicado en un comunicado.

Sí que reclaman "soluciones" para incidentes como la pelea del día 23 que acabó sin heridos, pero critican que se use ese episodio para arremeter contra un colectivo concreto. "Se está hinchando e instrumentalizando la preocupación legítima por la inseguridad para señalar a uno de los sectores más precarizados de la población manresana como culpables de todos los males", afirman. Aluden al origen migrante de los participantes en la batalla campal en la que volaron sillas y mesas, muchos de ellos menores escolarizados en el municipio.

Fiscalía de menores

En esta línea, cerca de 200 personas se han concentrado este miércoles en Manresa para apoyar a los jóvenes detenidos por participar en la pelea multitudinaria. Lo han hecho en un acto en la plaza Sant Domènec, donde también se ha criticado la manifestación que se ha convocado este jueves con el lema 'Manresa dice Prou'. Han hecho público un manifiesto, que ha recibido el apoyo de más de 500 personas a título individual y un centenar de entidades, en las que condenan el uso de la seguridad "para promover el racismo". Clemente Ramírez, presidente de Bages para Todos, ha denunciado que durante las detenciones de los jóvenes -muchos menores- se "vulneraron los derechos más básicos" y no descartan llevarlo a la fiscalía de menores.