Desde que, a última hora de la tarde de un martes, el operador saudí STC Group notificara a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la compra del 9,9% de Telefónica ha pasado justo un mes. 30 días en que pocos detalles han transcendido más allá de los revelados por el inversor cuando emitió una notificación al supervisor del mercado en la que revelaba las cifras de la operación y mostraba su confianza en el equipo directivo actual.
La operación suponía la adquisición de casi 10% de capital, justo por debajo del escudo anti-opa, por 2.100 millones de euros y se instrumentaba a través de la compra del 4,9% de forma directa y un 5% a través de instrumentos financieros en posesión de Morgan Stanley, quien discretamente fue adquiriendo títulos para armar la compra.
Desde entonces apenas ha habido grandes acontecimientos. Una visita del presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, a Riad y un consejo ordinario en Telefónica en el que se expuso la operación a los consejeros y del que no han transcendido demasiados detalles.
La falta de avances ha sido tal que STC Group no ha ni siquiera emitido formalmente la solicitud de aprobación al Ministerio de Defensa que necesita para controlar directamente el 9,9% de Telefónica. Los lazos del operador con varios aspectos estratégicos de la defensa estatal hacen necesario este trámite, que sí que se podría evitar si el grupo renunciara a ejercer derechos políticos en la compañía española o nombrar un consejero. No obstante, se da por hecho de que STC Group, controlado por el fondo soberano del país, terminará notificando la operación, previsiblemente ya con un Gobierno formado en caso de que no se repitan elecciones.
La necesidad de que el desembarco saudí cuente con una autorización gubernamental ha provocado una enorme fricción en el Ejecutivo. El ala de Sumar y Podemos, encabezada por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, no solo se ha mostrado ferozmente en contra de la inversión del país árabe, sino que también ha intentado, en tiempo de negociaciones, reavivar el debate sobre la necesidad de la presencia del Estado en las grandes empresas estratégicas del país.
Una intención que el Gobierno socialista está lejos de compartir, ya que, con la excepción de Indra, se ha mostrado incluso más dispuesta a que haya mayor peso del capital privado en empresas públicas, con la venta de participaciones minoritarias en filiales de compañías como Redeia (la antigua Red Eléctrica) o, esta misma semana, la filial de transporte de mercancías de Renfe, que creará una sociedad conjunta con la naviera MSC para crecer en este segmento,a su vez clave para que Bruselas haya accedido a eliminar del Plan de Recuperación los peajes en las autovías.
En las últimas fechas, ha transcendido que el ala socialista del Ejecutivo podría preparar unas condiciones similares a las aceptadas por IFM para recibir 'luz verde' por su OPA en Naturgy, que incluiría la imposibilidad de votar a favor un cambio de sede fuera de España, por ejemplo.
PRÓXIMA FECHA CLAVE
La próxima fecha clave para conocer más sobre el futuro de Telefónica será el 8 de noviembre. Ese día, Telefónica presentará resultados trimestrales y celebrará un 'día del inversor' en el que presentará su nuevo plan estratégico. Un hito largamente esperado en el mercado ya antes de la operación.
Durante el evento, se espera que el equipo directivo de Álvarez Pallete desgrane la estrategia de la firma para los próximos años, que pasará por poner foco en la generación de caja, el crecimiento de los nuevos negocios digitales, como los aglutinados en Telefónica Tech o la continuación de la transformación digital.