Gobierno ve menos deuda pública, pero prevé un mayor déficit fiscal al 2027

La discusión del Presupuesto 2024 comenzó. En doble jornada, el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos expusieron ante la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. Por la mañana quien abrió la sesión fue el jefe de la billetera fiscal, Mario Marcel, quien presentó el Estado de la Hacienda Pública. En esa instancia reveló los supuestos macroeconómicos y las proyecciones que considera el Ejecutivo para el cierre de este año y el próximo año.

En lo inmediato, subió la proyección de gasto público para el erario fiscal de 2023 pasando de 0,7% a 2,2%, mientras que el déficit fiscal efectivo será de 2,3% y el estructural de 2,6%. La deuda pública llegará al 38,2% del PIB. En materia de crecimiento de la actividad, la proyección que tiene el gobierno es de 0% de expansión.

El secretario de Estado resaltó que las proyecciones que ha entregado Hacienda han sido más certeras que el mercado: “Es importante contrastar las proyecciones con la realidad. El gobierno nunca validó este tipo de expectativas, nos tildaron de optimista. Hoy día todas las estimaciones rondan el 0%, un par de décimas hacia arriba, otras hacia abajo, quienes estuvo más cerca de la realidad fue el Ministerio de Hacienda”.

Para el próximo año, en tanto, el crecimiento de la economía que espera el Ejecutivo es de 2,5%, mientras que el gasto público crecerá 3,5%. “Es un gasto austero comparado con el promedio de los últimos 15 años, que es de 6,3%”, dijo el ministro ante los parlamentarios. Además, informó que espera que la inflación pase de 7,6% promedio en 2023 a 3,5% promedio en 2024.

En cuanto a la deuda pública, subirá a 41,1% del PIB, pero los déficit fiscales tanto efectivos como estructural serán menores a los previstos para 2023, de -1,9% en ambos casos.

“Este déficit estructural como porcentaje del PIB es la nueva meta de balance estructural para el año 2024, establecida en Decreto de Política Fiscal en actual tramitación, la cual permite continuar con el proceso de reducción del déficit estructural comprometido desde el inicio de la administración, comenzado en el Decreto de Política Fiscal anterior”, puntualizó la directora de Presupuestos, Javiera Martínez.

En el detalle del Informe de Finanzas Públicas, se estima que los ingresos fiscales alcanzarán $71.339.988 millones, lo que implica una variación real de 5,7% con respecto a la proyección de ingresos efectivos para el 2023.

Asimismo, los ingresos tributarios netos proyectados para 2024 aumentan 9,3% respecto de la recaudación proyectada para el año 2023, resultado que se descompone en un aumento real anual de ingresos tributarios del resto de contribuyentes en 9,5% y de la recaudación asociada a la gran minería privada (GMP10) en 6,1% en términos reales.

Según se explica, el incremento de la tributación del resto de contribuyentes se debe a una mayor proyección por Impuesto a la Renta en 19,7%, principalmente, por el aumento estimado del pago de impuestos en la Declaración Anual por el término del régimen de depreciación instantánea, introducida como medida ante la pandemia del Covid y, en menor medida, se debe a menores devoluciones proyectadas respecto a 2023.

Por otra parte, la mayor recaudación de los contribuyentes mineros (GMP10), con un aumento proyectado en 6,1%, se explica por la incorporación de la ley de royalty minero que comienza a regir en 2024. En específico, el informe menciona que “el crecimiento se debe principalmente a la Declaración Anual con un crecimiento del Impuesto Anual de 24,2% (incidido principalmente por el nuevo royalty minero) seguido del crecimiento en Declaración y Pago Mensual (29,4% variación anual; 3,1% incidencia variación anual) debido a una menor recaudación del Impuesto Adicional estimada para 2023, de acorde a lo observado en los datos efectivos”.

En cuanto a la recaudación de IVA, se proyecta un crecimiento real de 3,1%, en línea con el aumento de la demanda interna esperado. En detalle, esto se explica principalmente por las menores Devoluciones de IVA originadas por un efecto base en las devoluciones de este año. Adicionalmente contribuye el IVA Declarado por una menor base de comparación.

Como contrapartida, se estima que los Impuestos a los Productos Específicos disminuyan 10,8% real, principalmente incididos por la menor recaudación proyectada del Impuesto a los Combustibles, lo cual es resultado de una caída en las tasas de tributación estimadas, tanto para el caso de las gasolinas, como también del diésel.

En lo que se refiere a ingresos por concepto de Cobre Bruto (traspasos de Codelco), el informe detalla que se espera una disminución real anual de 6,6%, principalmente por la caída estimada en los Impuestos a la Renta (IEAM), producto del ajuste a la tasa que estima Codelco para hacer el cálculo de PPM en 2024, tal como se hace todos los años, considerando la diferencia entre el PPM y el resultado efectivo del año anterior.

Y en cuanto a las rentas de la propiedad, se prevé una caída real de 18,7% anual, debido a la alta base de comparación por la recaudación por los contratos de explotación del litio suscritos con SQM y Albemarle de Corfo en 2023, dado el alto precio del mineral que alcanzó su peak a finales de 2022 –considerando que parte de su efecto se reflejó en el primer trimestre de 2023, debido a que los pagos son rezagados–, junto con el menor nivel en su precio proyectado para el año 2024.

En la presentación de los informes, las autoridades señalaron que la trayectoria de la deuda pública será menor a la esperada en el Informe de Finanzas Públicas del segundo trimestre. Si en junio tenía previsto un techo de 42,3% que se alcanzaría en 2025 para luego bajar a niveles de 42% del PIB al 2027, ahora peak será de 41,4% en 2025 para luego descender y estabilizarse en 41,3% del PIB en 2026.

De acuerdo al informe, “las metas de Balance Estructural establecidas hasta 2028 permiten estabilizar la deuda bruta como porcentaje del PIB en un nivel de 41,3%, inferior al considerado como prudente establecido en el Decreto de Política Fiscal”.

En ese mismo contexto, explican que “en esta actualización se está asumiendo una actualización en la proyección de gastos comprometidos para el período, lo que conlleva una significativa moderación de las holguras del período con respecto a la metodología utilizada hasta el IFP anterior. Esto último, releva la urgencia de la generación de nuevas fuentes de financiamiento permanente para responder a las necesidades y compromisos que se han establecido con la ciudadanía”.

Por otro lado, en la proyección de mediano plazo, se ve un mayor déficit fiscal tanto efectivo como estructural. Si en el informe pasado se proyectaba un déficit estructural de -0,3% para 2027 ahora aumentó levemente a -0,5%, mientras que el efectivo pasó de 0% a -0,2%.

Desde la Dipres afirmaron que “la meta referencial de déficit estructural 2027 -que no es materia de decisión de la actual administración- se cambia desde -0,3% a -0,5% del PIB, como consecuencia de lo que implica tener una regla dual. En este sentido, será la estabilización de un nivel deuda por debajo del nivel prudente establecido en 45%, lo que determinará las metas fiscales y así lo hemos hecho, con una proyección de estabilización de deuda en niveles cercanos a 41% del PIB”.

En otro tema del Presupuesto, la directora detalló que para elevar los estándares en el uso de los recursos públicos el proyecto de ley de Presupuestos considera más de 1.000 cambios, tanto en el articulado, como en las glosas y en la reclasificación del gasto. Varias modificaciones recogen las recomendaciones de la Comisión Asesora Ministerial para la regulación de la relación entre las instituciones privadas sin fines de lucro y el Estado.

“La concursabilidad será la norma general, la eliminación de la asignación directa, la disminución de la discrecionalidad sin retroceder en descentralización y fortalecer la capacidad ejecutora propia y de transferencias a instituciones públicas”, destacó la directora.

En la exposición se mencionó que la concursabilidad y convenios obligatorios para transferencias corrientes y de capital a privados. La excepción a la norma general será si no hay más oferentes o si solo hay una personalidad jurídica (por ejemplo, Bomberos).

Uno de los temas que fue consultado el ministro en la discusión con los parlamentarios fue la autorización de endeudamiento por hasta US$21.000 millones. Esta cifra se descompone de U$19.500 millones por concepto de endeudamiento que se incluyen en los ingresos generales. Y otros US$1.500 millones para contraer obligaciones en el país o el exterior con organismos multilaterales.

Ante las consultas, el ministro explicó que “una cosa es la autorización de endeudamiento que está contenida en el articulado de la Ley de Presupuestos, y otra es lo que se requiere para financiar el balance fiscal. La autorización de endeudamiento cubre no solamente el financiamiento del déficit del año, sino que cubre el refinanciamiento de la deuda que vence en el año. También se contempla dentro de esa autorización la posibilidad de emitir deuda para pagar o mejorar el perfil de la deuda en el transcurso del año. Los US$21 mil millones que se citan, en realidad, suman dos materias que están en incisos separados”.

Asimismo, el secretario de Estado detalló que la cifra que corresponde a endeudamiento propiamente, es decir, a emisión de bonos, asciende a US$19.500 millones, de los cuales cerca de US$7.200 millones corresponden a amortizaciones de deuda. El resto corresponde a la necesidad de financiamiento propio del año, siendo una parte para déficit fiscal y otra para operaciones bajo la línea como los préstamos entregados por Tesorería o Indap. “Esa es la composición de la autorización de endeudamiento. Pero eso no quiere decir que la deuda neta esté aumentando en US$19.500 millones. Está aumentando en el equivalente a esta diferencia entre 38,2 y 41,2% del Producto”, indicó Marcel, quien también aclaró que no se tenía previsto utilizar recursos de fondos soberanos.