Pronto viene la temporada de verano y los ánimos están caldeados: los hoteleros y las inmobiliarias (que pagan impuestos y son controlados) por un lado, y los anfitriones de viviendas particulares -que forman parte de un sector informal que ha venido creciendo y haciendo mella a los primeros- por el otro. Los particulares cuentan con el auge de las plataformas por las que ofrecen sus servicios, con Airbnb como punta de lanza.

El Ministerio de Turismo calcula que, por ejemplo en el este del país, de cada 1.700 camas disponibles anuales en el sector tradicional de hotelería, hay unas 6.000 camas del sector informal. Una proporción que sorprende a cualquiera.

Las autoridades están buscando reglamentar las viviendas con uso turístico, siendo uno de los principales temas que se debate es si estas podrán alquilar todo el año (como ahora) o tendrán alguna limitación sobre la cantidad de días que podrán hacerlo.

El ministro de Turismo, Tabaré Viera, en entrevista con El País afirmó días atrás que esperan que la “reglamentación de la vivienda de uso turístico comercial” -que incluye su definición y reglamentación- y hoy está en el Parlamento, sea aprobada en las próximas semanas.

Dicho proyecto, establece la necesidad de diferenciar la “economía colaborativa” de las “actividades empresariales” en el sector, para no profundizar el informalismo.

Viera afirmó en la entrevista que “hay viviendas que el dueño alquila una vez al año para ayudarse un poco financieramente, ahí sí es una actividad colaborativa, pero otras son verdaderos negocios y hay mucha competencia desleal en el sector”.

Ante esas declaraciones, Walter Nogueira, integrante líder del Club de Anfitriones de Airbnb en Uruguay, salió al paso y afirmó a El País: “Nosotros somos los primeros en querer estar regulados. Somos conscientes que somos empresa, pero no estamos ilegales, porque no violamos ninguna ley. Lo que pasa es que existe un vacío legal en esta materia”.

Nogueira contó que en los últimos tres años fue varias veces a la Intendencia de Montevideo con el objetivo de registrar el apartamento que alquila en forma temporal y que le respondieron que no sabían cómo hacer ese registro. Tampoco recibió respuesta a un par de cartas que le envió a la Cámara de Turismo con la intención de afiliarse, ni obtuvo solución sobre el tema del Ministerio de Turismo, según afirmó.

“Eso fue hace tiempo, ahora hay más interés en estos temas, pero sigue el vacío legal”, reafirmó Nogueira.

Lo cierto es que la queja de los hoteleros ante el incremento de la informalidad sigue haciendo ruido en altas esferas, y las autoridades le quieren poner coto. Cuanto antes mejor.

Nogueira señaló que existen tres proyectos: uno presentado por el Ministerio de Turismo, otro presentado por el Club de Anfitriones de Airbnb, y un tercero que a su entender es una versión actualizada del primero del Ministro de Turismo, que están en estudio en el Parlamento.

El tema no es fácil porque gira en torno a una nueva categoría legal, que es la “vivienda turística”, con todo que ello implica.

Es claro que el Estado debe avanzar estableciendo formas de registro de nuevas modalidades de arrendamiento que han ido surgiendo, así como nuevas formas de contralor y de sanciones ante casos de incumplimiento.

Según el Ministerio de Turismo, los anfitriones abarcados por la nueva ley deberán solicitar obligatoriamente el cambio del uso de la vivienda (de “uso civil” a “uso comercial”) al gobierno departamental correspondiente y otros organismos. Se discutió sobre si el plazo máximo de arrendamiento en estas locaciones se limitaría a 90 días en el año.

Al respecto, Viera aclaró que “el proyecto contempla que un alquiler de hasta tres meses no se considera vivienda turística comercial, pero por más tiempo ya es un verdadero hotel y debería registrase como tal”.

La propuesta del Club de Anfitriones de Airbnb, en cambio, plantea la existencia de un registro único a nivel nacional para la vivienda turística, lo que evitaría los vaivenes de los gobiernos departamentales de turno, y plantean que se mantenga la libertad de alquilar todo el año. “Queremos pagar impuestos, pero también un registro único para todo el país, y poder alquilar todo el año”, dijo Nogueira.

Consultado sobre qué tan dispuestos están realmente los anfitriones a pasar a la formalidad, Nogueira explicó: “En el Club de Airbnb estamos dispuestos porque igual el reglamento va a venir. Esto es como el Cabify, esto es evolución pura. Quien no se adapte, la ola se lo lleva por delante”. Y agregó, “pero queremos que tengan en cuenta nuestra propuesta”.

El Club de Anfitriones de Airbnb en Uruguay está integrado por 466 miembros en Montevideo y 70 miembros en Punta del Este. A través de la plataforma Airbnb existen unos 1.000 apartamentos para alquilar en Montevideo, y más de 2.500 en Punta del Este.

Los miembros del club mantienen comunicación con el gerente general de Airbnb para América Latina, ubicado en Colombia, dijo Nogueira.

Viera puntualizó que la nueva regulación alcanzará el uso de las viviendas, no a las plataformas. Airbnb paga sus impuestos en Uruguay.